Martes 3 de Octubre de 2023

La responsabilidad constitucional del Tribunal Constitucional

En la sentencia del Tribunal Constitucional, de la que ayer opinábamos, lo más lacerante para el Estado de Derecho, siéndolo, no es tanto la degradación funcional del propio Consejo, como que consiente y deja al descubierto una situación impensable en un Estado democrático y de Derecho:  pone al Poder Judicial en manos de cualquier formación política que sea necesaria para conformar los 3/5 partes del Congreso, necesaria para la renovación de éste, cercenando así su independencia.

 Hay que recordar que el Consejo no se renueva (por lo que está en funciones), no porque el propio Consejo no lo quiera, como por el hecho de que los partidos políticos que conforman esa mayoría del Congreso, que es necesaria para su renovación, no se ponen de acuerdo en llevarla a cabo. La consecuencia es que cualquier partido político, que sea necesario para conformar ese acuerdo, puede decidir indirectamente que el Consejo deje de funcionar en uno de sus aspectos funcionales esenciales (los nombramientos).

La cuestión es, no sólo absurda, sino, como he dicho anteriormente, lacerante para el Estado de Derecho e inadmisible en un Estado democrático. La solución no era declarar la constitucionalidad de tal barbaridad, sino anular la ley que propicia ese desaguisado constitucional. Esa es la responsabilidad que ha asumido el Tribunal Constitucional.

Valentín Cortés