Miércoles 10 de Junio de 2020

Posiblemente un RDL tardío

Fuera de la situación contemplada y regulada dentro del estado alarma, que se termina de forma definitiva para todo el territorio nacional el próximo día 21 de Junio (RD 555/2020), no caben constitucionalmente restricciones o limitaciones en el ejercicio de los derechos del ciudadano, pues la terminación del estado de alarma significa precisamente que no existe causa que imponga y justifique esas restricciones. Cabe recordar que estas limitaciones y restricciones las hemos soportado en razón a la existencia de la crisis sanitaria.

En ese contexto es difícil comprender el RDL que hoy viene publicado en el BOE (21/2020 de 9 de Junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) que entrará en vigor (art. 2.3) en todos los territorios que no alcancen ahora la fase III de las llamada “desescalada” el citado día 21 de Junio. Es decir, que no existiendo oficialmente para esa fecha crisis sanitaria (pues no habrá estado de alarma) se imponen medidas, que se suponen suficientes, para prevenir, contener y coordinar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (¡).

De donde es fácil colegir una de estas dos cosas: o el estado de alarma no fue necesario pues hubieran bastado estas medidas que ahora se toman, o este RDL es un canto a la ineficacia más absoluta y nos amenaza un rebrote importante de la enfermedad. Es sintomático que, por poner un ejemplo paradigmático, ahora sea esencial el uso de la mascarilla y la distancia entre personas y durante mucho tiempo del estado de alarma no lo fueran. Por eso auguro un gran rebrote, al menos, de la conflictividad jurídica tras la entrada en vigor de este RDL, quizá por ser tardío.

Valentín Cortés