Viernes 26 de Enero de 2018

De nuevo sobre la decisión del Gobierno de impugnar la decisión del Presidente al Parlamento catalán proponiendo para la investidura de Presidente de la Generalidad al Sr. Puigdemont.

A algunos catedráticos, todos de Derecho Constitucional, les parece que el recurso del Gobierno que, de ser admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, suspendería la eficacia de la propuesta, es un fraude a la Constitución. Para que haya fraude de Ley (Prof. Federico de Castro) es necesario que aplicando una norma (la de cobertura, que sería el art. 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en relación con el art. 161.2 de la Constitución) se viole otra, que sería precisamente la aplicable. En la noticia no he leído, ni se resalta, cual pueda ser esa norma aplicable de la Constitución. Ninguno de esos catedráticos (que, leyendo la noticia, al fin, son dos) se ha referido a ella.

La realidad es otra. El Gobierno ha utilizado un poder que le da la Constitución para suspender (siempre con un acto confirmatorio del Tribunal Constitucional y por el tiempo que éste decida), la eficacia del acto impugnado. Eso puede parecerle políticamente bien o mal a los catedráticos críticos, pero es una de las patas del juego entre Poderes constitucionales establecido por la Constitución, por lo que tiene poca crítica jurídica, para poder configurarla como fraude de Constitución, pues es precisamente la aplicación de una norma que salvaguarda ese juego de poderes en la dimensión querida por el constituyente: en definitiva, un Poder autonómico sometido a los privilegios del Poder estatal, sometido a su vez al Poder del Tribunal Constitucional. Esto es Derecho y no Política.

Valentín Cortés