Lunes 16 de Octubre de 2017 

El inicio del trámite del art. 155 de la Constitución

Tras producirse la contestación de la Generalidad a la primera parte del requerimiento del Gobierno de la Nación, con la previsible carta repleta de “astucia” catalana y subsiguiente vacuidad, se inicia, como no podía ser menos, así lo ha declarado la Sra. Vicepresidenta, el segundo plazo para que la Generalidad vuelva a la legalidad y deje sin ningún efecto esa declaración de independencia, a los efectos de evitar que el Senado tome en los próximos días medidas limitativas o eliminatorias de la autonomía catalana.

Aunque el ritmo impuesto por el Gobierno pueda parecer desesperantemente lento, yo no lo creo así. Piénsese que las soluciones políticas que implican la adopción de medidas jurídicas (como la aplicación del art. 155) se deben tomar en el momento adecuado y no sólo porque deban ser eficaces y eficientes, sino porque una misma situación no puede recibir soluciones sucesivas de distinto signo jurídico, pues ello, además de la ineficacia e ineficiencia, comporta incerteza e inseguridad jurídicas que son letales para el Estado de Derecho.

El art. 155, por mucho que cunda el desánimo y la crítica, se ha activado en el momento preciso y adecuado; es decir, cuando, constatado, y siendo incontestable, que se ha producido la declaración de independencia, que  no ha sido negada categóricamente por la Generalidad en esa “astuta” contestación, la restauración  de la legalidad  que exige el Estado de Derecho no se consigue con tan sólo su  nulidad declarada por los Tribunales, sino que requiere la amputación o limitación de la autonomía que ha dado pie a tal despropósito constitucional y durante un tiempo sin duda amplio.

Valentín Cortés