Viernes 13 de Octubre de 2017

Tratamiento jurídico contra la revolución emprendida y seguida por la Generalidad.

La prensa de hoy recoge (vid. por ejemplo, www.europapress.es)  la creación por el Gobierno de la Generalidad de una “Comisión especial sobre la violación  de los derechos fundamentales en Cataluña el 1 de Octubre”, incluyendo la actuación de los jueces y fiscales en Cataluña, lo que,  además de originar enérgicas protestas de jueces, fiscales y Consejo General del Poder Judicial(que ha pedido a la Abogacía del Estado que inicie las acciones correspondientes contra el Gobierno catalán, supuesto que el Ejecutivo puede recurrir las decisiones de los jueces, pero no las puede enjuiciar ni fiscalizar), debe convencer a todos los partidos políticos, y a las instituciones decisorias del país, que la Generalidad ha iniciado, sin duda, un proceso revolucionario, en el que, incluso, se violan las leyes paralelas y anticonstitucionales que se han promulgado por el Parlamento catalán, precisamente para llevar a cabo esa revolución, siendo violentadas sin ningún reparo formal ( recuérdese la declaración de independencia con suspensión por el declarante y documento posterior de diputados autonómicos, declarándola pero fuera de sede parlamentaria).

En estas condiciones de ilegalidad y de ilegitimidad revolucionaria, no hay solución política posible, si previamente no se soluciona jurídicamente el problema, lo que conlleva el apartamiento de los artífices de esta revolución del escenario político, vía inhabilitación o prisión ordenada judicialmente. Por eso, una vez intervenida la Generalidad ( art. 155 de la Constitución), anulada toda la legislación paralela anticonstitucional, cualquier solución política que se piense no puede hacerse sino desde la Constitución y, desde luego, evidentemente, no ahora.

Valentín Cortés