Lunes 5 de Febrero de 2024

Amnistía:dos noticias inquietantes

La prensa de esta mañana, como parece inevitable, se refiere al tema de la amnistía y nos da dos noticias que son inquietantes:la primera (confirmada de forma generalizada) se refiere al cambio de postura de la fiscalía del TS sobre la actuación del Sr. Puigdemont en los hechos englobados con el nombre de Tsunami; la segunda, se refiere a la posibilidad ( así lo manifiesta www.elindependiente.com) de que el Gobierno modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal(art.324), que regula el tiempo máximo de duración de la investigación criminal judicial y la posibilidad de prórroga y sus condiciones.

La primera noticia me inquieta porque la fiscalía ha pasado de entender que los hechos investigados son constitutivos de delito de terrorismo a, sin nuevas evidencias o investigaciones, mantener que no lo son y que además en ellos no ha intervenido el Sr. Puigdemont.  La segunda noticia implicaría de confirmarse que los jueces que investigan al Sr. Puigdemont por terrorismo podrían ver sus competencias de investigación cercenadas de raíz por causa del tiempo, si una nueva ley impide de alguna manera que los sumarios se prorroguen. De esa manera no se modificaría el Código Penal en materia de terrorismo (al parecer, una línea roja para las instancias europeas y¡ para el Sr. Bolaños!,vid.www.elespanol.com) y se conseguiría indirectamente la amnistía del Sr. Puigdemont.

La primera noticia parece manifestación del deterioro jurídico del Ministerio Fiscal (Fiscal General), unido a su creciente politización. La segunda noticia entraría en eso que se llama fraude a la ley, y sería nada asumible si se hace como ley y estimo que imposible si se pretende hacer por Decreto-Ley. Pero, como no dijo don Quijote: “cosas veredes, amigo Sancho…”

Valentín Cortés

 

 

Viernes 2 de Febrero de 2024

El gran problema jurídico del Gobierno

Si observamos el panorama político desde nuestra atalaya, que, ya sabemos, es la jurídica, vemos que el gran problema que tiene el Gobierno y compañía es el Derecho. Incluyo en este término el Derecho europeo, la Constitución, el Derecho Penal, el Procesal; prácticamente, todo el Ordenamiento Jurídico. Su preocupación no está en la observancia del Derecho, lo que sería claramente loable. La preocupación del Gobierno, y de sus cabezas pensantes jurídicas, está centrada en cómo violar el Derecho sin que se note, quizá poniéndolo al límite, modificándolo hasta lo irreconocible o, en la más de las veces, practicando lo que se conoce como fraude de ley, es decir, modificándolo sin que se modifique formalmente.

Todas estas maniobras, que se ya se ensayaron con todo el entramado de normas que los catalanes aprobaron en el Parlamento con motivo del llamado “proceso”, tienen un recorrido muy corto, pues son fácilmente detectables y examinadas con la lupa de los principios ínsitos en el propio Ordenamiento Jurídico al que estamos vinculados, y ese es el momento en que decaen y se muestran fallidas. Si queremos tener un ejemplo actual, de ayer, podemos leer en la prensa de hoy las maniobras que se barajan en el Gobierno y compañía, para soslayar el inconveniente de amnistiar delitos de terrorismo: la opción primera de quitarle el nombre (opción terminológica), parece que no vale; la de cambiar la esencia del delito de terrorismo, modificando el Código Penal(que  aparece como propuesta) a poco que lo piensen, tampoco valdrá ( coste social, penitenciario, europeo): como dicen los italianos: e così via.

El problema, como decíamos al principio, es el Derecho, simplemente porque amnistiar un golpe de Estado, con todas sus numerosas adherencias penales, es un problema jurídico difícil de solucionar.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 1 de Febrero de 2024

Las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial

Me imagino que el Comisario de Justicia de la Comisión Europea no se habrá prestado a ser moderador en las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (vid. prensa de hoy) de no ser que haya atisbado más que una probabilidad de acuerdo entre ambas partes negociadoras. Por lo que me imagino, igualmente, que toda la rutinaria rueda de declaraciones a los periodistas de una y otra parte es sólo posicionamiento de cara a la galería.

Para nosotros, como hemos defendido tantas veces en este blog, en la actualidad no tiene presentación alguna que las Cortes elijan a parte de los consejeros, porque se ha visto que, fundamentalmente, dadas las circunstancias actuales de perdida de lealtad constitucional, es inútil pensar que los partidos mayoritarios van a renunciar, sin más, al manejo y control del órgano de Gobierno de los jueces. Es, pues, obvio que la solución de este problema pasa por la modificación del sistema de elección de esos consejeros. Y la pregunta, que se hace hasta la persona más alejada de la política española, es si los compromisos políticos de futuro son aceptables hoy día en la política española, dado, sobre todo, el recelo que existe de que PSOE vaya a cumplir los compromisos adquiridos, máxime si son vagos e indeterminados. De modo que el Comisario europeo debe gastar sus energías en buscar un sistema de seguridad total en el que, una vez renovado el Consejo, se tramitará y aprobará una ley de modificación del método de elección. Aunque quizá sea más fácil optar por cambiar la ley y hacer los nombramientos conforme con la nueva ley; quizá sea esta la solución mas eficiente, eficaz e inteligente.

Valentín Cortés

 

Miércoles 31 de Enero de 2024

La gran ceremonia de la confusión

Todo lo ocurrido ayer en el Congreso en relación con la tramitación de la ley de amnistía, así como el río de declaraciones de políticos en relación con lo ocurrido, parece que da paso a la aparición de una gran ceremonia de la confusión, aún más grande que en la que estamos instalados.

 Pero no conviene que nosotros nos confundamos, porque todo lo ocurrido nos confirma y prueba, aún más, que sea cual sea el contenido de esta ley de amnistía y sea cual sea el alcance de los delitos que contemple, se trata de una ley anticonstitucional desde la cruz a la raya, porque como, vengo diciendo en este blog desde el principio, estamos en presencia de un gran monumento a la arbitrariedad, como nunca se ha visto en nuestra democracia, que, como sabemos, está asentada, entre otros, en el pilar ( art. 9 de la Constitución) de la interdicción de la arbitrariedad. Y ayer de nuevo quedó demostrado: no hay el menor atisbo de legalidad constitucional ni en incluir los delitos a los que se refería el partido del Sr. Puigdemont, ni de excluirlos, ¡apareciendo esto como el paradigma de la constitucionalidad!. Porque la confusión interesada consiste en hacernos creer que esta ley de amnistía es constitucional si no se admiten unos delitos como amnistiables y que no lo es si se admiten; no, antes de llegar a esa falsa conclusión hay que salvar, al menos, que una ley (la que sea) arbitraria, nacida del chantaje político, que consagra la desigualdad y que ataca la división de Poderes pueda tener vigencia en la España democrática. No la tiene, y de eso no puede caber la menor duda. Todo lo demás son pluses --incluso puedo admitir, a los sólo efectos polémicos, que dudosos-- de más inconstitucionalidad de esta aberración jurídica.

Valentín Cortés

 

 

Martes 30 de Enero de 2024

El PSOE, el Sr. Puigdemont y los jueces

Es un hecho notorio en la sociedad española que el Sr. Puigdemont está chantajeando políticamente al PSOE (Gobierno) con el fin de la legislatura si no se aprueba la ley de amnistía con efectos totalmente positivos para el primero y compañía.

La acusación de prevaricación que ayer lanzó el PSOE contra determinados jueces, en relación con la tramitación de la ley de amnistía, de la que hoy habla toda la prensa, no sólo es gravísima y claramente desestabilizadora de nuestra realidad constitucional, y que podría tener trascendencia penal, sino que es manifiestamente falsa. Obsérvese que son causas penales, a las que se refiere el PSOE, que llevan abiertas desde hace tiempo y en las que se investigan hechos con apariencia delictiva; de modo que no son causas judiciales iniciadas ad hoc, para entorpecer, dicen equivocadamente, la promulgación de una ley.

Ocurre, sin embargo, que el PSOE está embarcado en una operación anticonstitucional de limpieza penal del Sr. Puigdemont y de toda la compañía que le asistió en la autoría de un conglomerado de hechos penales que dieron lugar, a la postre, a la declaración de independencia de Cataluña, con lo que ello supone; operación ésta en la que no se puede obviar que el Sr. Puigdemont era el jefe máximo, como se ha empeñado en manifestar con sus palabras y sus hechos con posterioridad a aquella declaración de independencia. De esta realidad fáctica debería partir el PSOE antes de acusar de prevaricación a determinados jueces.

Como cada vez que surgen, en investigaciones penales en marcha, indicios de comisión de nuevos hechos delictivos, se añaden, si caben, nuevas evidencias, cada vez mayores, de arbitrariedad en la amnistía que se proponen aprobar, las posibilidades de que la ley no pase el filtro de Europa o, incluso, del Tribunal Constitucional aumentan exponencialmente. Porque, basta elevarse sobre el terreno y observar desde arriba la actuación del Gobierno en este tema --empezando por los indultos, y siguiendo por la eliminación de la sedición de nuestro Código Penal y ahora la amnistía, cada vez de más delitos-- para darse cuenta de que estamos ante el mayor monumento a la arbitrariedad de nuestra historia democrática. De ahí la calumnia como excusa fácil frente al chantaje.

Valentín Cortés

 

Lunes 29 de Enero de 2024

La liquidación judicial de Evergrande y la moraleja española

Sabemos que Evergrande es la mayor empresa inmobiliaria de China.

 Según la prensa económica de esta mañana (vid. por todos www.europapress.es), el órgano judicial competente de Hong Kong ha ordenado, en el correspondiente proceso de quiebra, la liquidación total de la sociedad al no poder hacer frente al problema financiero y económico que arrastra desde hace tiempo y que se resume en una insolvencia definitiva de 328.000 millones de €.

Las consecuencias económicas que ello puede comportar y que, sin duda, afectarán al sistema financiero y crediticio chino, y, por ende, con repercusión mundial, no tengo la competencia para valorarlas, ni éste es el lugar adecuado para hacerlo. Sin embargo, comento la noticia porque es una muestra importante de la trascendencia que tiene el Poder Judicial (incluso en China) para la resolución de los problemas que afectan a la sociedad; y en este sentido, resalto que se trata de una liquidación judicial. El juez, en este caso, parece haber sopesado que la compañía es incapaz de presentar un plan de viabilidad apto para la solución de los problemas que plantea la insolvencia que arrastra, y ha tomado la decisión, que no gustando -me imagino- a la compañía, sí es la adecuada legalmente y beneficia a la sociedad china.

En España, el Poder Ejecutivo, al contrario, hace todo lo posible (manejando al Poder Legislativo) para que el Poder Judicial no adopte la decisión legal que beneficia a la sociedad y prefiere atar a la Judicatura para evitar su actuación en un asunto de suma importancia para la sociedad española como es la amnistía. De donde, es fácil deducir que incluso de China tenemos cosas que aprender en materia de separación de Poderes.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 26 de Enero de 2024

 

El Fiscal General del Estado y el informe sobre la futura ley de amnistía

La prensa recoge la negativa del Fiscal General dirigida al Senado en relación con la petición de informe sobre la futura ley de amnistía.

Esta próxima ley se está tramitando parlamentariamente como proposición de ley y no como proyecto de ley. Es así porque no ha sido el Gobierno quien la propone sino un partido político, en este caso, el PSOE. Ya hemos dicho en otras ocasiones que se trata, en este caso de forma paradigmática, de tramitaciones parlamentarias en claro fraude a la ley, porque se hace así precisamente, entre otras cosas, para evitar los informes de los órganos asesores del Estado, que no son necesarios, según la legislación vigente. En este sentido el art. Catorce, Cuatro,j) del Estatuto Fiscal( L 50/1981) sólo establece el informe del Consejo Fiscal en caso de proyectos de ley.

Dicho esto, opino que el hecho de que el Consejo Fiscal no informe sobre una materia que tan claramente incumbe a la misión principal de la fiscalía (defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés publico tutelado por la ley: art. Primero del Estatuto) --entendiendo que la tramitación como proposición de ley es un obstáculo legal (art. Diez del Estatuto), todo ello en el contexto del fraude a la ley que supone tal tramitación-- es producto sólo de una interpretación, sí, literal, pero interesada y  leguleya del Estatuto que, en su espíritu, en absoluto quiso ni puede querer, que se impida al Consejo Fiscal, dado las funciones que tiene, informar sobre la proposición de ley que se está discutiendo en las Cortes sobre la amnistía, si así lo pide una de las Cámaras ( art. Diez del Estatuto).

Valentín Cortés