Jueves 19 de Noviembre de 2015

 

El país de la desmesura

Leo en www.abc.es que el sindicato Manos Limpias ha iniciado acciones penales contra la Fiscalía, porque ésta a su vez inició acciones contra los dirigentes del sindicato (contra el Presidente y  contra la abogada) acusándoles de  estafa y apropiación indebida. Acusan a la Fiscalía de intimidaciones y falsas acusaciones, para doblegar a Manos Limpias en el proceso contra, entre otros, Doña Cristina de Borbón.

Es difícil arreglar a una sociedad en poco tiempo, pero podíamos ir empezando: i) primero, quitando poder a un sindicato, cuya misión es interponer querellas criminales, cuan justiciero serrano, para lo que hay que modificar la Ley de Enjuiciamiento criminal y regular convenientemente, a la vista de la experiencia que tenemos, la llamada acción popular, y mientras tanto exigir la fianza adecuada a los tiempos en que vivimos y a la trascendencia pública de la persona querellada. El legislador procesal penal no se pudo imaginar que un acusador popular fuese un sindicato, ni un partido político, ni una asociación creada al efecto, y que les saliera tan barato querellarse contra terceros. ii) segundo, tomando medidas urgentes contra la politización de la Justicia, que ha llegado a tal extremo, que un sindicato como Manos Limpias se permite interponer acciones penales contra Fiscales, acusándoles públicamente de instrumentalización de la Justicia y de coacciones.

Valentín Cortés

Miércoles 18 de Diciembre de 2015

Entre la chapuza y la prevaricación

Dice la prensa de Madrid que la Sra. Carmena, que es la alcaldesa, ha decidido no cobrar las multas que impuso en días pasados el Ayuntamiento con ocasión de la disminución de la velocidad en la M30 decretada por la contaminación elevada que había en Madrid.

Desde mi ángulo de opinión, estrictamente jurídico, pienso que ello se puede deber a dos razones:

La primera, que la disminución de velocidad decretada no se atuviera a la normativa vigente, por lo que diríamos que estamos en presencia de una chapuza jurídica, dada la cual el Ayuntamiento sabe que esas multas no se pueden exigir, y haría bien en dejarlas sin efectos de oficio.

La segunda, que la limitación de velocidad impuesta fuese plenamente legal, por lo que el no exigirlas es una alcaldada arbitraria e injusta que, además, puede ser constitutivo de delito de prevaricación.

Dice, igualmente, la prensa que los conductores multados no llegan a doscientos, lo que demuestra lo disciplinados y obedientes que son los madrileños, dado los centenares de miles de coches que se mueven  al día por la M30. Pudiera ser, entonces, que el motivo de no cobrarlas sea el alto coste de oportunidad política de la medida, en relación con el mínimo resultado económico de la misma. Entonces estaríamos ante una chapuza posiblemente constitutiva de delito de prevaricación.

Valentín Cortés

 

 

Martes 16 de Noviembre de 2015 

De Magistrado a cabeza de lista de Podemos

La prensa digital recoge, pienso que con escándalo, el “fichaje” por Podemos del Presidente de la Sala de los Penal de la Audiencia de Palma de Mallorca como cabeza de lista en esa circunscripción para las elecciones de Diciembre.

Pero, se equivoca la prensa si resalta la noticia porque el juez se va a Podemos, dado que la importancia jurídica del hecho no está en el color del destino, sino en el destino. Un juez, en una sociedad tan politizada como la nuestra, no debería poder pasar sin solución de continuidad de la Administración de Justicia a la política, porque irremediablemente el llamado “justiciable” pensará cuales habrán sido los méritos profesionales de un Juez para que un partido  lo “fiche” regalándole un puesto relevante en el escenario político.

El daño a la Justicia es inmenso, el descredito de ésta irá en aumento y, para colmo, la política se cubrirá con personas que el único merito que tienen es haber satisfecho, en el ejercicio de su profesión, los idearios políticos de un Partido, el que sea.

Valentín Cortés

Lunes 16 de Noviembre de 2015

 

El desvarío del Sr. Sánchez

He oído en una emisora de televisión al Sr. Sánchez, del PSOE, decir hoy, con ocasión de los atentados de París, que es el momento de derogar la reforma que hizo el Gobierno del art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que restringió la llamada justicia ( jurisdicción) universal de los jueces españoles. De esa manera, dice imperturbable el Sr. Sánchez, la policía española podría luchar más fácilmente contra el terrorismo internacional.

Lo que yo opino sobre la llamada justicia universal lo saben mis lectores, pero lo traigo a esta “opinión” para poner énfasis en lo peligrosa que puede ser la ignorancia ( si es lo que es) de un político que nos quiere gobernar y que está llamado a coprotagonizar el llamado Pacto de Estado contra el terrorismo islamista. Creo que en esta ocasión nos merecemos más estudio, menos política y más seriedad a la hora de encarar  y resolver los problemas en los que estamos inmersos.

Valentín Cortés

 

Viernes 13 de Noviembre de 2015

 

Las declaraciones de la Juez Alaya

 

La prensa recoge las declaraciones de la Juez Alaya, que ha hecho al recibir un premio jurídico. A esta jueza, con  la que tantas veces he coincidido, por supuesto que no la voy a censurar por merecer el premio y por supuesto que estoy de acuerdo en lo que ha dicho, aunque no en todo: no lo estoy en dos cosas

La primera: un juez en activo no puede criticar a otros poderes del Estado, como son los políticos en general, porque se lo prohíbe la Ley Orgánica del Poder Judicial. La juez critica a los políticos seriamente, y no puedo estar de acuerdo con ella en eso, en emitir una censura que no puede emitir.

La segunda: la limitación temporal de las instrucciones penales, que ha introducido la modificación última de la de Enjuiciamiento Criminal, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy saludable para evitar daños incensarios a las personas investigadas y para evitar investigaciones universales, a las que tanto tienden los jueces; y lo que tienen que hacer éstos, si fuera necesario, es solicitar por los cauces legales establecidos, y exigir, las ayudas técnicas necesarias para poder investigar e instruir las causas. Pero no es razonable rechazar un principio que está establecido en las legislaciones modernas con argumentos políticos y meta jurídicos, y mucho menos lanzar acusaciones de presiones sin haber interpuesto previamente la correspondiente denuncia judicial.

Valentín Cortés

 

Jueves 12 de Noviembre de 2015.

 

La triste realidad de la desobediencia

Lo que ayer más hirió mi sensibilidad jurídica (y ciudadana)   fue oír a una señora, representante del Gobierno catalán, decir pomposamente que ellos no iban a obedecer el mandato de ayer tarde del Tribunal Constitucional. Ya me impresionó (vid. mi entrada del día 27 de Octubre pasado) cuando propusieron una resolución en ese sentido para que, al final, se aprobara por el Parlamento catalán. ¡Lo juristas no nos podemos acostumbrar al desacato!

Dije el pasado día 6 de este mes que el proceso es un juego, siguiendo para ello a Carnelutti. Ayer vimos cómo esa señora decía que ellos no iban a cumplir ninguna regla del juego que está en marcha. También decía entonces que a los que no cumplen las reglas del juego se les echa de la partida y, añado ahora, es muy difícil que juguemos otra vez con ellos. Este es el drama: que desacatan, que serán sancionados y que quedarán fuera del juego  político de forma irremediable. Esos que incumplen y que desobedecen no tienen posibilidad alguna de ser interlocutores de nada y ante nadie.

Valentín Cortés

Miércoles 11 de Noviembre de 2015

El futuro pendiente de una resolución. 

Hay un antes y un después en materia de recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno, que se ha producido con  el que esta mañana presentará (si no se ha presentado ya) el Gobierno contra la resolución independentista catalana. En este recurso, el Gobierno, haciendo uso de la recientísima Ley de reforma de la Orgánica del Tribunal Constitucional, pide medidas coercitivas, primero, y sancionadoras, después, para los que desobedezcan al Tribunal Constitucional que, por Ley, suspenderá la eficacia de la resolución independentista.

La especialidad es doble porque: i) el Gobierno pide la notificación personal a aquellas autoridades que pueden, tal como han anunciado, desobedecer la orden del Tribunal Constitucional,  con apercibimiento de desobediencia y sanción de suspensión y querella criminal: y ii) sabremos, tras la resolución del Tribunal Constitucional, el grado de sintonía que tiene el Tribunal con el Gobierno a la hora de valorar la desobediencia.

Sin duda que nos jugamos buena parte de nuestro futuro.

Valentín Cortés