Miércoles 12 de Junio de 2024

Una ley muy desafortunada

La entrada en vigor de la Ley de Amnistía ha confirmado cuanto veníamos diciendo en los meses anteriores; los tribunales, sin esperar a las peticiones concretas de los posibles beneficiarios por la ley, han dado plazo perentorio a las partes en esos procesos  para que argumenten sobre la aplicación de la ley al caso concreto, de donde se deduce, primero, que la aplicación de la ley no es automática como en un primer momento defendía el propio Gobierno, sino que depende de una decisión judicial que se tiene que tomar según Derecho ( en el que quedan englobados el Ordenamiento Jurídico, la Constitución y el Derecho de la Unión); y, segundo, que esta decisión no se va a producir de manera inmediata, pues después de oír a las partes se elevará la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la adecuación de la Ley al Derecho de la Unión y ya es posible aventurar que, en su caso, después se hará lo mismo con el Tribunal Constitucional, sobre la adecuación a la Constitución.

 Todo ello quiere decir que, a efectos prácticos, la aplicación de la ley se suspenderá hasta dentro de muchos meses y, entonces, las posibilidades de que se declare contraria al Derecho de la Unión o a la Constitución no son, en absoluto, de despreciar.

Mientras tanto la Fiscalía de Estado se someterá a una crisis jamás producida y los jueces y Tribunales serán atacados y acusados de ir contra eso que llaman soberanía popular, pues ya se dice hoy en algún sector de la prensa que la voluntad del legislador ha quedado clara, obviando que en nuestra Constitución el legislador no puede hacer lo que quiera, sin límites, y que ese control lo ejerce la Jurisdicción que está sometida únicamente al imperio de la Ley ( art. 117).

Valentín Cortés