Viernes 25 de Febrero de 2022

La instrucción criminal de la corrupción política

En  Teoría del Proceso Penal, decantarse por la instrucción criminal, como competencia de los fiscales, choca con la falta de independencia de la Fiscalía; no sólo porque el Fiscal General es un nombramiento político, con todas sus consecuencias, sino también por el principio de dependencia jerárquica que, en  general, rige y existe en el funcionamiento de ella. Existe, pues, el riesgo de politización de la Justicia. Lo digo ahora, al hilo de lo que comentábamos el miércoles pasado, con el inicio y las circunstancias que rodearon las investigaciones por la Fiscalía del que podríamos llamar caso Ayuso, que yo creo que hay que investigar si realmente se acusan o denuncian hechos con apariencia criminal.

Iniciar, tal como se iniciaron esas investigaciones, con  la declaración paladina de la propia Fiscalía, de que  no se imputaban hechos con apariencia delictiva,  va a dar lugar ( y en la prensa de hoy se recogen distintos casos de contratos de empresas con políticos o familiares de políticos) a una serie de denuncias ante la Fiscalía para que se investiguen estos casos también, convirtiéndose la institución fiscal en una especie de frontón en el que los partidos políticos de distinta tendencia luchan y libran sus batallas, con lo que, indefectiblemente, la Fiscalía colabora a la politización de la Justicia. Para eso, parece mejor solución que la instrucción criminal esté siempre en manos del Juez, hasta tanto no se modifique esencialmente la institución del Ministerio Fiscal, y en  ese sentido sería muy conveniente que todas estas investigaciones pasasen a manos del Juez tras la correspondiente querella

Valentín Cortés