Miércoles 2 de Febrero de 2022

 

La comisión parlamentaria sobre el abuso de menores

Leo en la prensa de hoy que, al tiempo que se abre la posibilidad parlamentaria de una comisión para investigar los abusos a menores en el ámbito de la Iglesia Católica, se cierra esa posibilidad para extender la investigación a otros ámbitos sociales.

 No voy a entrar en el sectarismo que ello implica, porque me parece algo evidente, pero sí me interesa poner de manifiesto, al hilo de la noticia, la desfiguración constitucional que se produce de estas comisiones tal como están concebidas, al menos, tal como se concibe esta de la que hablamos.

 El art. 76 de la Constitución permite la creación de comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés publico en el seno de cualquiera de las dos Cámaras. Pero ello no se puede hacer soslayando dos principios constitucionales: uno, que juzgar es sólo función de la Jurisdicción( art. 117): otro, la existencia y vigencia, dentro y fuera del proceso, del principio de la presunción de inocencia ( art. 24.2).

 Desde esa base argumental, podemos preguntarnos: ¿ estas comisiones van dirigidas a solucionar el gravísimo problema del abuso a menores, investigando sus causas, efectos y actos, o van dirigidas  a “instruir causas penales” y “condenar” a determinadas entidades o estamentos sociales? Porque pudiera ser que el mero hecho de ser citado y de declarar ya supusiera, quizá, la violación de los principios constitucionales (art. 24) de la acusación formal, de defensa, de asistencia letrada, y un largo etc. de principios que la Constitución impone para poder juzgar y condenar, o propiciar la condena (instruyendo causas penales fuera de la competencia funcional de los jueces).

 Quizá, esto debería ser meditado por nuestros parlamentarios.

Valentín Cortés