Viernes 5 de Abril de 2019

Camino inadecuado

Leo en la prensa digital( concretamente, me remito a www.elindependiente.com) que el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un Real Decreto sobre pobreza energética, en donde la define, da las pautas de obligado cumplimiento para medirla y, entre otras cosas, impone obligaciones a las compañías de suministro de energía eléctrica, de modo tal que, en determinadas circunstancias medioambientales, no podrán ejercer el derecho de  resolución del contrato de suministro ante la falta de pago del recibo correspondiente.

Mi comentario y, como siempre en este blog, mi opinión ni son de carácter político, ni de carácter social, sólo y estrictamente, jurídicos. En efecto, cuando de la creación de determinadas situaciones jurídicas( como es la de insuficiencia o pobreza energética,) no sólo se deducen beneficios para determinadas personas, sino que esos beneficios suponen perjuicios para terceros o limitaciones de derechos, se me antoja que eso no se puede hacer por Decreto, pues un Decreto no puede derogar leyes ni principios contenidos en las Leyes ( por ejemplo, Código Civil, para no mencionar leyes especiales) o principios contenidos en la propia Constitución( el de economía libre de mercado o el de legalidad para la imposición de  cualquier prestación personal o patrimonial de carácter público: art. 31,1 de la Constitución). Ni el Gobierno puede limitar los derechos surgidos de relaciones jurídicas privadas, ni menos puede imponer cargas económicas que si no son satisfechas de inmediato por el Estado, se convertirían en cargas públicas. Eso sólo lo pueden hacer las Cortes generales.

Valentín Cortés