Viernes 3 de Noviembre de 2017

El vértigo ante la aplicación del Derecho

Una parte de la clase política y de la periodística se han encontrado, de pronto, con el vértigo que produce en ellas la aplicación estricta del Derecho en el caso de los investigadas, y ahora imputadas, personalidades de la política catalana. Y se oye con frecuencia creciente que el auto de prisión sin fianza de la Juez de la Audiencia Nacional es inoportuno políticamente y perjudicial para la imagen de España en el exterior, ergo es desproporcionado. Y el vértigo se agrava cuando se enfatiza y constata que el Tribunal Supremo ha dado una semana a las partes investigadas para que preparen su defensa, lo que no se ha hecho en la Audiencia Nacional.

La época del uso alternativo del Derecho se debió acabar, me imaginaba yo, con el marxismo en donde se generó, pues en un Estado de Derecho, como el nuestro, ya se sabe que la aplicación del mismo no es ni inoportuno, ni se puede reservar para cuando le interese a la clase política, porque eso sería tanto como someter el Derecho a la clase dirigente, que es la impone la idea conveniente de interés político. Debe haber, pues, un marxismo latente, también explícito, en nuestra sociedad.

De modo que la única crítica que admite el auto de la Juez de la Audiencia Nacional es la jurídico-procesal-penal. No he leído, sin embargo, ni una sola crítica seria en ese aspecto, sino sólo diatribas contra la prisión provisional, que, por el contrario, no se expusieron en otras ocasiones por esos mismos sectores.

Por último, en los hechos que se juzgan, unas son las actuaciones del Gobierno de la Generalidad (enjuiciadas por la Audiencia) y otras las de la Mesa del Parlamento (enjuiciadas por el Tribunal Supremo). Son actuaciones distintas que, posiblemente, tendrán calificación jurídica distinta. Y distintas son sus defensas letradas; la que interviene en el Tribunal Supremo alegó la indefensión por falta de tiempo. Las que actuaron en la Audiencia Nacional nada alegaron, de donde el trato, por fuerza, ha sido distinto y, sin duda, será en el futuro distinto.

De modo que como jurista no comprendo el vértigo que sienten y exponen esos políticos y esos periodistas.

Valentín Cortés

 

Jueves 2 de Noviembre de 2017

Un desenfoque  letal de la realidad

Esta mañana el Ayuntamiento de Barcelona reconoció que el gobierno destituido del Sr. Puigdemont es el legítimo de Cataluña. Y el abogado del Sr. Puigdemont, en Bélgica, ha declarado que si detienen a este Sr. lo “constituirán en un mártir”. He leído estas dos noticias en www.elconfidencial.com

Pero, esta tarde, el Tribunal Supremo, que ha accedido a retrasar la declaración de la Sra. Presidenta y Mesa del Parlamento catalán a la próxima semana, les ha impuesto mientras tanto vigilancia policial. Sin duda una medida de limitación de derechos premonitoria de lo que va a pasar la semana que viene a la rama rebelde y secesionista del “proceso” en el Parlamento.

Por su parte, la Audiencia Nacional ha dictado orden europea de detención al Sr. Puigdemont y de los consejeros huidos y, por si acaso, orden internacional de búsqueda y captura; y ha ordenado el ingreso en prisión del resto de los consejeros del Sr. Puigdemont, sin posibilidad de eludirla con fianza (con excepción de uno de ellos que no participó en el acuerdo de declarar la independencia).

El Gobierno “legitimo” de Cataluña, encabezado por un futuro y anunciado “mártir”, lejos de ser legítimo, ha sido destituido, en base a la Constitución española, por el Poder legítimo del Estado. Esa es la diferencia, que es letal no captarla.

 Destitución en lo político, prisión en lo jurídico y desdoro en lo moral y personal: este será el triste final de un triste “proceso”.

Valentín Cortés

Martes 31 de Octubre de 2017

 

Lo llamativo y lo importante

 

Quizá lo más llamativo de hoy, en estas últimas bocanadas del llamado “proceso” catalán, sea la noticia de que el Tribunal Constitucional suspende cautelarmente la vigencia de la declaración de independencia de la llamada Republica catalana, cuando la sociedad, en su conjunto, da por hecho que esa independencia es, valga la expresión, papel mojado, pues nadie le concede la menor virtualidad ni práctica ni jurídica, incluidos los consejeros de la Generalidad, la Presidenta del Parlamento y un largo etc. de personalidades, excluido el Sr. Puigdemont que cada vez está más cerca de cometer otro delito, cual es el de la usurpación de funciones. ¡Pero los procedimientos son como son!

Obviando el comentario sobre las declaraciones del Sr. Puigdemont -que están ancladas en la “astucia”, que tanto nos ha ocupado en  este blog, y que saben ustedes que es lo mismo que decir fraude legal y jurídico-, hoy lo realmente importante es que Freixenet no cambia su domicilio a otro fuera de Cataluña, lo que da idea que está calando el pensamiento que la certeza y seguridad jurídicas vuelven a Cataluña, por la desaparición, de hecho, y pronto de derecho, de esa legislación paralela que tanto daño nos ha causado.

 

Valentín Cortés  

 

Lunes 30 de Octubre de 2017

La Banca y el Estado de Derecho

Es imposible dejar de opinar sobre los temas que suscita el llamado “proceso”, que está en sus bocanadas finales. Pero lo haré, aunque sobre algo transcendente que puede pasar inadvertido dentro de esta vorágine de noticias del minuto a minuto y con independencia de lo que nos venga a lo largo del día, que no será poco.

Porque, muchas veces lo que es implícito, necesita ser explicitado. Obsérvese, en este sentido, que el rechazo a la declaración de independencia, y al nacimiento de la llamada Republica de Cataluña, era sabido que era unánime, sin necesidad de declaración alguna, tanto en la comunidad internacional, como en el conjunto de poderes, de hecho y de derecho, de todo tipo, que juegan y se entrecruzan en la sociedad española. Pero, es ahora, cuando haciéndose explicito ese rechazo generalizado, se pone la vacuna para el futuro y se prohíbe jugar a la ambigüedad y a las dudas, y se hace fracasar de forma absoluta este llamado “proceso”, que era un fracaso, seguramente, desde que empezó.

El fracaso de esa declaración de independencia se basa en que quien la proclama, como decíamos el viernes, ni tiene imperium, ni potestas, ni auctoritas. La última explicitación de estas carencias la ha dado (vid. www.expansion.com) el comunicado conjunto de la Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros, que han manifestado públicamente su compromiso con el cumplimiento de la Constitución y la legalidad vigente. Es bueno, pues, que se vea lo que es obvio: que el sistema financiero ni obedecerá a esa República, ni ésta podrá obligar a ese sistema a obedecerla.

Valentín Cortés

Viernes 27 de Octubre de 2017

Un acto inútil y estúpido

Posiblemente la declaración de independencia de Cataluña que se ha llevado a cabo hoy por la Generalidad sea el acto político más inútil de la historia moderna de España. Pues, creo que estaremos de acuerdo que la Generalidad (en su conjunto) ni tiene imperium, ni potestas ni auctoritas, que, desde los primeros tiempos de Roma, nadie discute que sean las tres características del Poder que pretende y manifiesta tener: ni la Generalidad tiene capacidad de mando, de ordenar; ni tiene la posibilidad de la coacción ni del uso de la fuerza para imponer el Poder, ni menos tiene el reconocimiento de los demás o poder moral alguno que mostrar.

Siendo inútil, no por eso deja de producir efectos, y graves, no sólo desde el punto de vista político, sino también jurídico. Mañana se producirán en cascada los primeros de uno y otro signo, que no serán los últimos, pues todo tiende a ello.

Precisamente, porque ese acto inútil se ha producido frente a un Estado (España) que sí tiene imperium, potestas y auctoritas, podemos decir que, además de inútil, es un acto estúpido (en la terminología del Prof. Cipolla), pues intentando la Generalidad infligir un mal al Estado, se produce así misma un mal de la misma intensidad del que quería producir: quería destruir al Estado y se destruye a sí misma.

Valentín Cortés

Jueves 26 de Octubre de 2017

¡Vamos a lo importante!

Sin duda, desde el punto de vista jurídico,- a no ser que esta noche en el enésimo acto del vodevil que representan los independentistas se declare la independencia, que implicaría posiblemente un rosario de comisión de delitos de rebelión ( tantos como declarantes)-  lo más importante ocurrido hoy ha sido que  el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite  sendos recursos de amparo que habían presentado dos grupos parlamentarios catalanes contra la iniciación del procedimiento del art. 155; y que el Tribunal Supremo ha negado la suspensión cautelar de dicho procedimiento.

Lo importante es observar que la utilización de mecanismos jurisdiccionales estatales no da a la Generalidad el respaldo, por las causas que sean, buscado con perseverancia en este llamado ”proceso” revolucionario de independencia que ha emprendido hace tiempo la Generalidad, finalidad del “proceso” que no es óbice para que aquella  utilice a su conveniencia a los Poderes del Estado.

 La reacción rápida de los dos Tribunales denota un funcionamiento excelente del Estado de Derecho, pues quita incertidumbre y da seguridad.

Valentín Cortés

Miércoles 25 de Octubre de 2017

Quod natura non dat, Salmantica no proestat

De todas las noticias que, de forma continua, se han producido hoy sobre el tema catalán, la más llamativa e importante está relacionada con el anuncio de que el Sr. Puigdemont no irá al Senado; para mí lo que es llamativo no es tanto que no vaya, como la razón que se ha esgrimido por este Señor: El Gobierno ya tiene decidido aplicar el art. 155 de la Constitución (¡).¡Bueno fuera que no lo tuviera decidido!; otra cosa es que se lo conceda el Senado.

Me parece incuestionable que esta crisis política está desnudando a los políticos, poniendo sobre el tapete las miserias o virtudes que los adornan desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista jurídico y constitucional. Al Sr. Puigdemont, que no es senador, se le da la posibilidad de ejercer unas de las funciones que la Constitución (art. 66.2) otorga a las Cortes Generales, cual es ejercer el control de la acción del Gobierno, que evidentemente, (¿de qué se extraña y se queja el Sr. Puigdemont?) ha pedido que se aplique el art. 155, lo que es tanto como decir que tiene decidido aplicarlo. El control, en este caso, consiste en exponer los argumentos jurídicos para convencer al Senado que no siga la petición del Gobierno y no apruebe la Ley que le pide éste, cooperando a determinar el control que en el futuro ejercerá el Senado sobre la acción del Gobierno en ese punto.

El Sr. Puigdemont debe creer que sólo se va a las Cortes Generales para ganar votaciones, lo que da idea de la altura constitucional con la que se maneja esta autoridad.

Pero, ya se sabe, lo que la naturaleza no da….

Valentín Cortés