Viernes 17 de Enero de 2014

 

La Consejera andaluza Sra. Cortés y la suspensión por el Tribunal Constitucional de la Ley andaluza de la Función Social de la Vivienda.

Leo en www.elmundo.es toda una diatriba, nada jurídica y sí muy “mitinera”, de la Consejera Cortés( que ya he dicho en otras ocasiones que no es parienta mía)protestando por la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional de la Ley andaluza de Función Social de la Vivienda. Suspensión obligada (parece que la Consejera se ha olvidado de este detalle) cuando el TC admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad  del Gobierno contra una ley autonómica.

No es esto lo que quiero comentar.

Dice la Consejera qué va a enviar a los juzgados, que están tramitando expedientes de expropiación en  base a la Ley citada, un escrito solicitando la suspensión del desahucio hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Ley. ¡Largo me lo fiais!

En cualquier caso, la Consejera, que está más en el mitin que en el Ordenamiento Jurídico, se olvida que la Ley 1/2013 suspendió por dos años (desde el 15 de Mayo) los desahucios de viviendas pertenecientes a los grupos de personas más vulnerables. De modo que habrá que esperar al 15 de Mayo de 2015 para que esa petición tenga, en terminología procesal, “interés procesal”.

Valentín Cortés

Jueves 16 de Enero de 2014

Una petición absurdamente jurídica

Hago esta “opinión” porque los independentistas catalanes han aprobado pedir la transferencia de funciones estatales a la Comunidad Autónoma para convocar el referéndum secesionista, y se basan en el art. 152,2 de la Constitución,  que permite ceder mediante ley orgánica facultades de titularidad estatal.

La Cámara catalana ha esgrimido argumentos de legalidad constitucional y, por eso, es oportuno, aunque sea muy brevemente, hacer un comentario jurídico a lo que es solo torpeza política.

Cuando en segundo de licenciatura estudié a Federico de Castro supe que la interpretación legal siempre tiene que ser sistemática, es decir que no cabe coger una norma por aquí e interpretarla como si no hubieran más normas en una Ley, en una Constitución o en un  Ordenamiento Jurídico. Se ve que los proponentes de esa petición se han olvidado de ese principio elemental: por eso se olvidan del art. 1 y 2 de la Constitución, que hacen que esa función no sea susceptible de transferencia, que es el límite lógico que impone la norma que citan tan inconscientemente.

¡El coste de oportunidad de tal olvido es inmenso!

Valentín Cortés

Miércoles 15 de Enero de 2014.

El escrito del Fiscal proponiendo nuevas pruebas para practicar antes de la declaración de la Infanta.

Lo he leído en  ww.elmundo.es. En él se combate de forma muy enérgica que los funcionarios de la Agencia Tributaria, en sus funciones de peritos judiciales, hayan sido objeto por el Magistrado “de imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses ajenos al cumplimiento de su labor profesional”, teoría conspirativa, dice el Fiscal, que ha servido para que aquel haya imputado a la Infanta sin justificación alguna. Pide la declaración de los peritos, para que ”puedan defenderse de esas insinuaciones”, del policía que lideró toda la investigación, para lo mismo, y de unas terceras personas.

El escrito muestra el grado de deterioro de nuestra Justicia y pone de manifiesto lo que manteníamos cuando decíamos (vid nuestra “opinión” del día 7 de Enero pasado) que la Audiencia Provincial tendría que resolver un espinoso asunto, para el supuesto que hubiera habido recurso. No ha habido recurso y por eso, dramáticamente, será el propio Juez Castro quien tendrá que decidir (utilizando los términos que entonces utilicé) si los inspectores han sido indignos y han defendido intereses espurios e ilegales o, en cambio, ha sido el juez quien en vez de razonar se ha dejado llevar por impulsos que el Derecho no reconoce ni puede reconocer.

En ese brete le ha puesto el Ministerio Fiscal. Y, todo ello, es, repito, muestra del deterioro que sufre nuestra Justicia.

 ¡Ah, por cierto, la solución peor sería no admitir la práctica de las pruebas que solicita el Ministerio Fiscal!

Valentín Cortés

 

Martes 14 de Enero de 2013

Una buena medida de la Junta de Andalucía

He leído en www.ideal.es (que es un periódico de Granada) que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto de “Nueva organización y estructura de las oficinas judicial y fiscal”. No dudo que dentro de sus competencias y con  respeto absoluto a la Ley Orgánica del Poder Judicial y Estatuto del Ministerio Fiscal.

Hasta ahora cada juzgado tiene su propia oficina que trabaja solo y exclusivamente para la llevanza de los asuntos de ese Juzgado. Lo que pretende la Junta con su Decreto es que existan servicios comunes o, dichos de otra manera, que determinados servicios se lleven desde una única oficina judicial.

Se trata de racionalizar el trabajo y de hacer viable, posiblemente, que los juzgados adscritos a una única oficina tengan servicios que posiblemente no podrían tener en oficinas propias y separadas.

Lo ideal sería que todos los servicios judiciales, con excepción de los estrictamente procesales, se hicieran en una única oficina (centralizada) al menos por partido judicial.

Ya veremos si esta buena medida es acogida bien por el personal al servicio de la Administración de Justicia.

Valentín Cortés

 

Lunes, 13 de Enero de 2014

 

Las declaraciones del Sr. Llamazares en relación con  la declaración de la Infanta Cristina en  el Juzgado.

Dice el diputado de IU que sería contraproducente para la Casa Real que se tratara de impedir la declaración “natural y normal” de la Infanta en el Juzgado. Lo he leído en la página web de Europa Press.

Leo hasta el final y me doy cuenta, así se dice, que una declaración “natural y normal” para este señor incluye la pena de banquillo (vamos, de telediario) y de “paseíllo” que es bajar andando hasta la puerta del juzgado,  mientras el pueblo insulta, menosprecia y vocea contra la imputada, y naturalmente que se televisen esas escenas.

Si el Sr. Llamazares leyera lo que dicen el art. 385 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con  la declaración de los imputados, de cómo tienen que hacerla en calma de espíritu, sin coacciones de ningún tipo, con la serenidad necesaria, y demás garantías, no diría una necedad jurídica de tal calibre.

Los jueces decanos, que sí han leído la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deberían, en este caso, y en todos en los que hubiera la sospecha de que se va a producir esa pena de paseíllo, sea cual sea la persona imputada, evitar la posibilidad del escarnio,de los insultos y menosprecio del pueblo a unas personas que son inocentes hasta que no se declare lo contrario. Porque eso nos traslada a la Edad Media.

Valentín Cortés

Viernes 10 de Enero de 2014

 

La razón de que se planteen no recurrir

Si han seguido las noticias relativas al auto del Juez Castro ordenando la declaración de la Infanta, imputada por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, habrán observado que se está produciendo un goteo de informaciones relativas a que los que se han opuesto a la declaración ahora se plantean no recurrir el auto.

 ¿Contradictorio? ¡Ya veremos!

El llamamiento para declarar como imputada ya ha producido el daño máximo que podía producir, por su trascendencia pública.  Tras la declaración posible de la Infanta, el Juez debe decidir si se abre contra ella el juicio oral(es decir, si existe o no imputación formal y material apta para enjuiciar, para juzgar su conducta).

Si el Fiscal no acusa (que no lo hará dado lo que hasta ahora ha mantenido), y tampoco lo hace el Abogado del Estado (que tampoco lo hará dado lo que también ha mantenido hasta ahora) el Juez podría abrir, o no, el juicio oral, dando por supuesto que la acusación solo la mantendría el acusador popular (Manos Unidas).En ese caso, aplicándose la doctrina del Tribunal Supremo (doctrina Botín) no cabría más que sobreseer, porque la acusación popular, cuando la pública y la particular (el perjudicado, la Hacienda Pública) no la ejercen, no es suficiente para abrir el juicio oral. Pero si se aplica la doctrina Atutxa, y se entiende que el perjuicio en los delitos fiscales es colectivo (“Hacienda somos todos”), sí sería suficiente la acusación popular. Pero, ¡también sería la primera vez que se condena por delito fiscal con el informe contrario de la Hacienda Pública!

¡Mucho riesgo!

Valentín Cortés

 

Jueves 9 de Enero de 2014

 

La decisión del Pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

La Sala en Pleno de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido esta mañana (se puede leer en toda la prensa digital) deshacer el camino andado. En su momento había decidido resolver los recursos contra los autos dictados por distintos Juzgados de lo Contencioso de Madrid, en materia de privatización de la gestión hospitalaria en Madrid, actuando en Pleno(es decir, todos los magistrados de la Sala constituidos en colegio).

La medida entonces parecía acertada desde el punto de vista procesal, pues evitando que los distintos recursos los resolvieran secciones distintas de la Sala se evitaba igualmente el peligro de decisiones jurídica y lógicamente contradictorias. Baste recordar que, ya en primera instancia, unos jueces habían decidido paralizar cautelarmente la privatización y otros no.

Parece ser que los magistrados que integran la Sala han llegado a la conclusión que este peligro no existe.

Ya veremos los argumentos jurídicos que se dan para sostener tal cosa. ¡Tendrán que hilar fino!

Valentín Cortés