Viernes 23 de Septiembre de 2022

La dimisión de Lesmes

La dimisión del Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Sr. Lesmes, que todo indica que se producirá la semana que viene, si no es que antes se llega, en el Consejo, a los acuerdos necesarios para la renovación de los Magistrados del Tribunal Constitucional, tiene evidentemente un aspecto institucional que afecta de forma grave al funcionamiento del Estado de Derecho. Los motivos de esta crisis son muy variados, como sabemos, pero existe una responsabilidad clara y definida del Gobierno y de los partidos políticos mayoritarios en el Congreso.

Pero no es desdeñable el problema jurídico que se plantea para determinar cuál sea el procedimiento para la sustitución; llegar a la conclusión,[como parece es la de los letrados del propio Consejo, ( vid. www.elmundo.es)], que el Presidente es sustituido automáticamente por el Vicepresidente del Tribunal Supremo (TS), puede tener apoyo legal, pues el art. 597 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Presidencia del TS y del CGPJ es una función inherente al cargo de Presidente del Tribunal Supremo,  de modo que podría entenderse que es el Presidente del TS, en cuanto que lo es, quien asume la presidencia del CGPJ, que será sustituido, en su caso, por el Vicepresidente.

Sin embargo, de los arts. 585 y ss de la expresada ley se deduce lo contrario: es decir, que es la Presidencia del Consejo lo que hace que se asuma igualmente la del TS.No es un problema baladí, pues en este segundo supuesto, el Consejo, de acuerdo con la última modificación de competencia del Consejo, no puede nombrar a miembros del Tribunal Supremo y, por ende, a su Presidente. Todo esto hace, pues, que se añada al problema institucional, el jurídico que viene dado por la inseguridad de  posibles interpretaciones legales.

 Valentín Cortés

 

Jueves 22 de Septiembre de 2022

 

Un nuevo impuesto a los “ricos”

Toda la prensa habla hoy del anuncio del Gobierno, a través de la Ministra de Hacienda, de que se está preparando un nuevo impuesto extraordinario a las rentas altas (”los ricos”).

Fuera de lo grosero que resulta el anuncio, cuando hay varias comunidades autónomas que en estos días han anunciado una rebaja en algunos de los impuestos propios o transferidos en todo o en parte, será difícil que ese impuesto pueda entrar cómodamente en los límites que la Constitución impone al Estado para establecer obligaciones fiscales a sus ciudadanos, aunque éstos sean “ricos”. Sabemos que el art. 31 de la Constitución establece que el sistema tributario, para ser justo, debe inspirarse en los principios de igualdad y progresividad y que, en ningún caso, puede tener carácter confiscatorio. Sin embargo, obsérvese que el concepto de rico, asimilado, como parece que se hace, a la obtención de rentas altas, no es un concepto no ya absoluto, pues ni siquiera es cierto, pues es evidente que la riqueza también se puede medir por el activo neto, que se tenga sin perder de vista el coste de su mantenimiento; y siendo así estaríamos ante un nuevo impuesto sobre el patrimonio; y la progresividad, por dar una única pincelada, no se puede aplicar fragmentándola en un momento dado y no puede ser confiscatoria, lo que limita enormemente el campo de actuación a la hora de legislar.

Pero, lógicamente habrá que esperar a que conozcamos el contenido y regulación que se pretende hacer.

Valentín Cortés

 

Miércoles 21 de Septiembre de 2022 

Centralización, armonización y coordinación fiscal

La bajada de los impuestos en Andalucía y la práctica supresión del impuesto sobre el patrimonio anunciado a principios de esta semana por el Presidente la Junta andaluza, dio lugar a unas manifestaciones del Ministro, Sr. Escrivá, quien habló de centralización de la materia impositiva para acabar con el desbarajuste que, según él, existe en este momento. Manifestaciones que fueron censuradas rápidamente por el Gobierno, declarando que no entra dentro de sus planes tal centralización impositiva.

La “centralización” evidentemente no es la “armonización” , que se contempla en el art. 150.3 de la Constitución, pues la primera significa( en el campo fiscal) que el Gobierno de la Nación asume la competencia exclusiva en materia impositiva, mientras que la Constitución lo que contempla es la posibilidad de que el Estado dicte leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autonómicas. Así, pues, la centralización es anticonstitucional, mientras que la armonización es constitucional.

La duda está en si el Ministro y el Gobierno lo que piensan, aunque lo digan con palabras equivocadas o simuladas, y lo que quieren, es prohibir a las Comunidades bajar impuestos donde éstas tienen competencias, y ahí todo indica que privar total o parcialmente a las Comunidades de su “autonomía financiera”( que le otorga el art. 156.1 de la Constitución)es anticonstitucional, dado que aquella sólo está limitada por los principios de “coordinación” con  la Hacienda estatal( y de solidaridad entre todos los españoles); esa “coordinación”, ni estirando el concepto, permite constitucionalmente la “armonización”, tal como la entiende el Gobierno.

Valentín Cortes

 

 

 

 

Madrid 20 de Septiembre de 2022

Argumento del Gobierno ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para defender el sistema de elección español de los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial

El Gobierno ha tenido que justificar ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por el Congreso y el Senado; y, en pocas palabras, aunque ha reconocido que es un método lento, en cuanto que se requieren mayorías reforzadas de tres quintos, estima que es eficaz para evitar la politización y “decisiones partidistas” en la elección de los nuevos miembros (vid.,por ejemplo www.elconfidencial.com y www.elespanol.com).

Sin embargo, todos sabemos que el Consejo está politizado y que, muchas de las decisiones que toma, sobre todo las de más enjundia, son presentadas por la prensa como resultado de la decisión, bien del grupo progresista, o bien del grupo conservador. Y sabemos los medios legales que ha puesto en marcha el Gobierno para el control del Consejo. Insistir, pues, que el actual sistema es ahora un buen remedio a la politización ofende a la inteligencia.

Ese método, si se examina en teoría, y correctamente entendido, debería evitar la politización; para ello sería necesario que la elección no se dividiera por cuotas, sino que se hiciera en mancomún. Es una adulteración del sistema lo que se hace ahora, que consiste en que cada partido mayoritario designa a sus elegidos (sin que el otro pueda objetar nada), de  modo que la designación se hace por cuotas que se corresponden a la participación de ambos partidos en el Congreso y el Senado. Los vocales así nombrados no cuentan, pues, con el consenso de los tres quintos de la Cámara, sino con la voluntad de nombrarlos del partido que los propone. Es aquí donde está la corrupción del sistema que el Gobierno se ha guardado de exponer al Tribunal Europeo.

Valentín Cortés

 

 

 

Lunes 19 de Septiembre de 2022

 

La manifestación de Barcelona

Que se tenga que realizar una manifestación (da igual el número de miles de asistentes), para pedir que en el territorio nacional se imparta enseñanza en la escuela pública y semipública utilizando el idioma oficial, da idea del grado de degeneración política a la que se ha llegado en Cataluña (vid. la prensa de hoy, que recoge la noticia de la manifestación de ayer en Barcelona).

Pero, a lo que este blog interesa, lo que manifiesta igualmente es el grado de descomposición jurídica que sufrimos. Porque, en esa manifestación lo que se ha pedido es que se cumpla una sentencia de los tribunales que obliga a la impartición de la enseñanza en español en un número determinado de materias, lo que  no se hace porque el Parlamento de Cataluña ha promulgado una ley autonómica que la prohíbe y no existen resortes jurídicos procesales que lo impidan de forma inmediata, y los que existen( suspensión cautelar inmediata por el Tribunal Constitucional, tras el recurso del Gobierno con esta petición, y suspensión cautelar por la Jurisdicción contenciosa administrativa) o bien no son posibles porque el Gobierno no recurre tal normativa catalana o se despacha negativamente sin gran fundamento jurídico constitucional. En ninguna de esas actuaciones ha primado la Constitución ( arts. 3 y 27); sólo el fraude legal que supone promulgar una ley ad hoc para, en consecuencia, echar al cubo de la basura una sentencia firme, que según la Constitución (art.118), no sólo es obligado cumplir, sino cooperar con la Jurisdicción para que se cumpla.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 16 de Septiembre de 2022

 

 

La reacción frente al fraude constitucional legislativo

Al inicio de la semana denuncié el fraude constitucional legislativo que, bajo mi criterio, se comete por el Ejecutivo en la utilización del Real Decreto-Ley en sustitución de la Ley ordinaria, cuando no hay razones de urgencia, y cuando, en lugar de presentar proyectos de ley, utiliza a los partidos que lo conforman para presentar proposiciones de ley, que evitan una serie de trámites parlamentarios consultivos de la máxima importancia y relevancia constitucional.

Hoy nos hemos enterado, por las noticias de la prensa ( vid. www.abc.es) que a estas prácticas se une la de la Mesa del Parlamento que, cuando se aprueba la tramitación urgente de un Decreto-Ley como proyecto de Ley ( para obtener así el favor de otros grupos políticos en su aprobación en el Parlamento) la Mesa concede continuas prorrogas de presentación de enmiendas que retardan o hacen inviable, en  la práctica, la tramitación posterior parlamentaria de tal proyecto  de Ley.  Si el PP pretende, tal como se nos dice en la noticia, solicitar el amparo del Tribunal Constitucional, creo que no debe dilatar tal petición, pues, en definitiva, todo el conjunto de lo que se viene haciendo por el Gobierno, la Mesa del Congreso y los partidos que apoyan al Gobierno, es un inmenso fraude constitucional legislativo

Valentín Cortés

 

Jueves 15 de Septiembre de 2022

El posible y futuro indulto del Sr. Griñán

Ningún acto, con trascendencia jurídica, que provenga de órganos del Estado puede ser arbitrario; lo prohíbe expresamente y de forma contundente la Constitución(art.9). Tampoco los actos que son discrecionales, como le ocurre al anacrónico acto del indulto, porque la discrecionalidad significa, primordialmente, que el Órgano que, en  nuestro caso, lo otorga no está obligado a hacerlo, aunque si se otorga, el indulto no puede  ser arbitrario, lo que implica que tiene que estar motivado, es decir tiene que estar razonado y ser razonable.

 Un indulto, como el tan anunciado del Sr. Griñán, si se concede, no se puede basar en la inexistencia de los hechos que se han dado como probados en el proceso donde se dictó la sentencia de condena, ni puede negar las consecuencias directas de la sentencia de condena: que se cometió un delito y precisamente el que la sentencia establece( ese es el argumento que se maneja a diario en  el caso del Sr. Griñan), porque ese sería un indulto, bien es verdad que motivado, pero esencialmente irrazonable: ya  no sería un perdón de la pena impuesta por el delito cometido, y sí una revisión ilegal, ilegitima e inconstitucional de lo declarado por el órgano jurisdiccional, para convertir lo blanco en negro, o la condena en absolución.

Me imagino que este inconveniente jurídico, amén de otros de tipo político (que entiendo que habrá), harán muy difícil conceder el indulto al Sr. Griñán en el sentido que maneja cierta prensa.

Valentín Cortés