Lunes 19 de Septiembre de 2022

 

La manifestación de Barcelona

Que se tenga que realizar una manifestación (da igual el número de miles de asistentes), para pedir que en el territorio nacional se imparta enseñanza en la escuela pública y semipública utilizando el idioma oficial, da idea del grado de degeneración política a la que se ha llegado en Cataluña (vid. la prensa de hoy, que recoge la noticia de la manifestación de ayer en Barcelona).

Pero, a lo que este blog interesa, lo que manifiesta igualmente es el grado de descomposición jurídica que sufrimos. Porque, en esa manifestación lo que se ha pedido es que se cumpla una sentencia de los tribunales que obliga a la impartición de la enseñanza en español en un número determinado de materias, lo que  no se hace porque el Parlamento de Cataluña ha promulgado una ley autonómica que la prohíbe y no existen resortes jurídicos procesales que lo impidan de forma inmediata, y los que existen( suspensión cautelar inmediata por el Tribunal Constitucional, tras el recurso del Gobierno con esta petición, y suspensión cautelar por la Jurisdicción contenciosa administrativa) o bien no son posibles porque el Gobierno no recurre tal normativa catalana o se despacha negativamente sin gran fundamento jurídico constitucional. En ninguna de esas actuaciones ha primado la Constitución ( arts. 3 y 27); sólo el fraude legal que supone promulgar una ley ad hoc para, en consecuencia, echar al cubo de la basura una sentencia firme, que según la Constitución (art.118), no sólo es obligado cumplir, sino cooperar con la Jurisdicción para que se cumpla.

Valentín Cortés