Martes 27 de Junio de 2023

El caso Negreira y el pretendido “perjuicio” del Club de Futbol Barcelona

 

La figura del perjudicado en el proceso penal no parece tener muchas dificultades teóricas al momento de su definición y delimitación. Los arts. 109 y 110 (y concordantes) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal identifican al perjudicado con la víctima del delito o con la persona que, no siendo víctima, sufre un perjuicio por efecto del delito y pide una indemnización económica.

 En este sentido es una contradicción in terminis, amén de teórica, ser investigado como autor de un delito y pretender que el presunto delincuente( es decir, uno mismo) es uno de los perjudicados a los que se refiere la ley. Lo digo por el extraño y sorprendente supuesto que ha provocado el Barcelona Club de Futbol que, por una parte, admite haber solicitado y recibido los servicios en forma de asesoramiento del Sr. Negreira, tema central de la investigación  de un variado elenco de hechos delictivos, englobados en lo que llamamos corrupción, presuntamente cometidos por el Club, y pretender personarse en el proceso penal como perjudicado.

Y más sorprendente aún (vid. la prensa de hoy) es sentirse, otra vez, perjudicado porque la Jueza del caso le ha denegado tal posibilidad explicando en su auto una imposibilidad de una obviedad tan  clara. Quizá todo se deba a un interesado olvido de que el Club sigue siendo ahora la misma entidad  jurídica que entonces ( en el momento de la comisión de los presuntos delitos), aunque la persona del Presidente haya cambiado.

Valentín Cortés

 

Lunes 26 de Junio de 2023

La convocatoria de Abogacía Española a la protesta por la situación de la Justicia

Abogacía Española integra a todos los Colegios Oficiales de Abogados de España; y convoca (vid. la prensa de hoy) a una protesta el próximo día 28, ante las principales sedes judiciales de cada una de las ciudades españolas para denunciar el estado de la Justicia, al que califican de “paralización” del servicio público esencial en un Estado de Derecho cual es la Administración de Justicia.

Es evidente que, si después de la pandemia, con lo que tuvo de paralizante de todos los servicios públicos, se añaden las sucesivas huelgas de letrados de la Administracion de Justicia( secretarios judiciales), jueces y fiscales y ahora oficiales y agentes judiciales,  la situación ha llegado a un punto realmente insostenible, y, en este sentido, es bueno que la Abogacía, como actor importantísimo en el sistema judicial  de tutela de los derechos, tome una actitud combativa contra este estado de cosas.

Pero, hay que poner de manifiesto que, junto a estos problemas estrictamente de funcionarios, que debe afrontar el Gobierno de la Nación, y que no lo hace, están los estructurales y funcionales que se ven muy agravados por la situación de inoperancia funcional del Consejo General del Poder Judicial, que para nuestra desgracia, incluso, está quedando fuera de lo que puede entenderse como debate preelectoral, quizá porque la sociedad española no ha tomado conciencia de la importancia que para ella tiene que la Administracion de Justicia funcione, se actualice, se modernice y salga de la lucha política de los Gobierno sucesivos que ha habido en los que ha imperado, en unos más que en otros, el deseo de manipulación y sometimiento del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Yo echo en falta esta segunda cuestión que, por sí sola, justifica esa protesta que ahora se convoca.

Valentín Cortés

 

 

 

Viernes 23 de Junio de 2023

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la renovación del Consejo General del Poder Judicial

En la prensa se recoge ( en www.elindependiente.com hay una amplia reseña)  la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en la que se declara que el derecho de determinados jueces a participar en el oportuno examen de candidatos a la renovación de los miembros del Consejo General  del Poder Judicial fue vulnerado al suspenderse por el Congreso de los Diputados el proceso de votación para la dicha renovación. Declaración del Tribunal que incluye la correspondiente y severa crítica a la actuacion del Congreso y a la situación en la que se encuentra el Consejo.

Hoy nos interesa incidir no tanto en la grave e insólita situación en la que se encuentra el Consejo (sin renovación en más de cuatro años y prácticamente sin sus funciones modulares) como en el hecho de la constatación, ahora también por el Tribunal Europeo, del seguidismo que el Poder Legislativo hace de los deseos del Poder Ejecutivo, al punto que ha habido en esta legislatura una práctica anulación del Poder Legislativo doblegado al Ejecutivo. Desde el punto de vista del Estado de Derecho este dato es letal, porque lo que ha venido a decir el Tribunal Europeo es que, con independencia de que no hubiera acuerdo entre los partidos políticos que habían de determinar el sentido de la votación de los candidatos, esa votación se debería haber producido y no se hizo porque la Mesa del Congreso hizo simplemente seguidismo de la voluntad del Gobierno y no cumplió con sus deberes constitucionales, violando así el derecho de los participantes y candidatos a un proceso legal para el análisis de sus candidaturas.

Valentín Cortés

 

Jueves 22 de Junio de 2023

Una propuesta de legislación absurda no es admisible en Derecho

El Presidente de Gobierno, en esta época de propuestas y promesas electorales, ha propuesto, para el supuesto que sea él quien forme Gobierno en el futuro, una modificación del Estatuto de los Trabajadores por la que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) será siempre el60% de los salarios (vid. la prensa de hoy)

Se me antoja que o, bien la propuesta no está bien formulada, o bien ha sido mal interpretada por la prensa, o es incompleta; pero  pienso que, de seguirse, nos aboca a un absurdo categórico: lo medio no puede ser lo mínimo; o si queremos, lo mínimo nunca es lo medio. En esa propuesta, es evidente, falla o falta algo.

No es sólo un problema terminológico, sino, de llevarse a una ley, crearía un enorme problema de difícil solución y plantearía una enorme inseguridad jurídica al no conseguirse nunca establecer la base para hallar ese índice de fijación del salario medio. El absurdo puede ser atractivo en el pensamiento y teoría filosófica y en el arte, pero nunca es admisible en Derecho, porque es todo lo contrario a la certeza jurídica que es la base de todo Ordenamiento Jurídico.

Me imagino que, llegado el caso, no pasará como con otras leyes y se corregirá este problema en trámite parlamentario, y se formulará correctamente eso que ahora es  sólo una promesa electoral.

Valentín Cortés

 

 

 

Miércoles 21 de Junio de 2023

 

La paralización cautelar de la demolición de la urbanización de Valdecañas

La aceptación de la medida cautelar de paralización de la demolición-destrucción de la urbanización de la isla en el pantano de Valdecañas significa, en Derecho, que el Tribunal Constitucional ha considerado que, en la demanda de amparo contra esa orden de derribo y destrucción (en ejecución de una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo), se contiene, cuando menos, una apariencia de derecho que, en principio, debe ser tutelado cautelarmente; igualmente ha considerado que, de seguirse adelante con la ejecución, se produciría una situación de hecho irreversible para el supuesto de que el proceso en marcha terminara con una sentencia favorable para los recurrentes, que denegaría en la practica el derecho a la tutela efectiva.

Además, la aprobación de la medida cautelar, siendo temporal su vigencia, encierra dentro de sí todo el sentido común que impone el Derecho, en donde sin duda ha primado la realización de un balance real entre, de una parte, los efectos de unos perjuicios económicos y morales a los cientos de particulares que se ven afectados (propietarios, empleados, servicios, etc, prácticamente una población de cientos de edificios y servicios de toda clase,  incluyendo en todo esto la necesidad de volver a la situación física anterior) de ejecutarse la sentencia y, y de otra parte, los daños ecológicos que se hayan podido producir y que se puedan producir en el futuro en el entorno físico del pantano de Valdecañas. La sentencia que dictó en su día el Tribunal Supremo, y sobre la que opinamos en este blog, en nuestro criterio, abandonó la via del sentido común que había tenido la del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Valentín Cortés

 

Martes 20 de Junio de 2023

El incumplimiento de compromisos electorales

El Presidente de Gobierno, ante la acusación del periodista Alsina, en Onda Cero, de que había mentido en múltiples ocasiones, lo negó para decirnos que sólo había cambiado de opinión. Nadie puede negar a otra persona el derecho a cambiar de opinión y de ideología, derecho, por cierto, fundamental en nuestra Constitución (art. 15).

Pero, cambiar de manera de pensar o de ideología, si es que realmente hubo cambio, no obliga a mentir, ni tampoco a romper los compromisos electorales que cualquier persona haya podido asumir ante el electorado. Para esos supuestos de contradicción entre el compromiso-la verdad y la nueva ideología u opinión adquirida (incompatible con lo anterior), la salida constitucional es la dimisión. En este caso, la dimisión no es una obligación constitucional, pero sí un deber consustancial con el espíritu de la Constitución, de la que se deduce que el elegido como presidente de Gobierno tiene el deber asumido de seguir el mandato de sus votantes que lo han otorgado en función de lo que esperan de él según sus actos, palabras, promesas, compromisos y un largo etc. De otro modo estaríamos más cerca de la tiranía romana (Mommsen) que del Estado de Derecho moderno.

 De modo que es posible que el Presidente cambiara de opinión política, pero también, frente al electorado,  faltó a sus compromisos electorales. Pero,el programa electoral y los compromisos públicos adquiridos con el electorado al no tener naturaleza jurídica, si son trasgredidos, no tienen sanción jurídica, porque sólo son obligaciones “morales”, a no ser que la nueva jurisprudencia constitucional  creativa de derechos y obligaciones constitucionales así lo disponga en el futuro

Valentín Cortés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 19 de Junio de 2023

La renuncia de los electos municipales de Bildu a tomar posesión

Cuando en su momento surgió la polémica de la inclusión en las listas municipales de Bildu de personas que habían sido condenadas por delitos terroristas de sangre mantuve la opinión de que la Junta Electoral Central debería haber anulado su inclusión en las listas, y ello a pesar de que, de forma rápida, anunciaron pomposamente que no tomarían posesión de sus cargos si resultaban elegidos. Así ha sucedido con dos de ellos que fueron elegidos en las pasadas elecciones.

Estas renuncias a tomar posesión, de las que ahora da cuenta toda la prensa, sin el menor espíritu crítico que las acompañe, son la prueba clara de que, en la inclusión de esas personas en las listas electorales, había tal como dijimos, un ejercicio abusivo del derecho a la participación política, unido a un  claro fraude de ley, rematado todo ello con una renuncia, en su caso, a un derecho todavía no adquirido. Porque no se trataba tanto de ejercer un derecho a la participación política, al que se renunció incluso antes de poder hacerlo, como de buscar un escaparate, a cuenta de unas elecciones democráticas, para conseguir precisamente un efecto no querido por la ley, cual era, y se ha demostrado, homenajear a la banda terrorista. Si la Junta Electoral Central se hubiese acordado de los preceptos de Teoría General del Derecho recogidos en los arts. 6.2,7.1,7.2 del Código Civil no se habría dado ocasión a ese homenaje.

Todo esto lo traemos de nuevo a este blog para, con ocasión de las próximas elecciones generales, si es que se vuelve a repetir la estrategia de Bildu, ayudar a que la Junta muestre más finura jurídica de la que  entonces nos brindó.

Valentín Cortés