Miércoles 30 de Mayo de 2018

Manifestaciones del Estado de Derecho

No entraré en las posibles derivadas e intenciones políticas que puedan tener los actos de los independentistas catalanes porque, como sabemos, no son objeto de nuestro blog. Pero me interesa incidir y opinar jurídicamente de dos noticias que hoy publican los medios de comunicación: el nombramiento de nuevos consejeros de la Generalidad por el Sr. Torra, en sustitución de los nombrados en su día estando fugados o encarcelados; y la renuncia del Sr. Comín, fugado en Bélgica, sin medidas cautelares en lo que se refiere a sus movimientos y salidas de ese país, a delegar su voto como parlamentario, tal como lo había hecho hasta ahora.

Son dos acatamientos expresos a la legalidad vigente que significan una enmienda total a la actitud provocativa y rebelde que, en esos aspectos, habían tenido los protagonistas de la noticia. En este sentido, la vigencia de las medidas tomadas con la aplicación del art. 155 de la Constitución, y el funcionamiento del aparato judicial y del Ministerio Fiscal (todo ello con un sentido marcadamente jurídico) han conseguido mostrar una eficacia que, sin duda, será antecedente en otras ocasiones que se presentarán. En definitiva, esa es la eficacia de las medidas jurídicas que se han aplicado, que nos manifiestan lo que es el Estado de Derecho.

Valentín Cortés

 

Martes 29 de Mayo de 2018

Zapatero, a tus zapatos

Lo digo por la propuesta hecha por el Círculo de Economía, formado por empresarios catalanes, que aconsejan una fórmula para arreglar “el problema catalán” (les aconsejo leer la noticia en www.republica.com).

Parten los empresarios de una premisa tal falsa cómo inexistente en el mundo jurídico-constitucional: Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene refrendada su “norma constitucional”, haciendo con ello alusión a que el Estatuto refrendado fue anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional. Lo que se dice fue un error político pues se enmendó la voluntad popular.

Pues bien, cada vez que el Tribunal Constitucional anula una norma jurídica “enmienda la voluntad popular” y eso no puede ser un error político, todo lo contrario, es un acierto político y jurídico, pues es simplemente el juego constitucional de un Estado democrático; lo que parece no entienden los empresarios catalanes.

En segundo lugar, un Estatuto no es norma constitucional en ningún caso, porque la Constitución es sólo del Estado, y las Comunidades Autónomas no son Estados que se yuxtaponen al Estado, sino Estado mismo que se rige por la Constitución y por su Estatuto que no puede estar en contradicción con aquella y que no rige en el resto de las Comunidades.

Si, tal como defienden los empresarios, para remediar este “error político” lo que se propone es que el Estatuto se convierta en norma Constitucional, y que siéndolo, sea sólo refrendada por los ciudadanos de Cataluña y no del resto de la Nación, entramos claramente en una propuesta que parte de un desconocimiento absoluto de lo que es la realidad constitucional y su desarrollo.

Quizá sería mejor que, si es verdad que los empresarios parten de la necesidad del cumplimiento de la legalidad vigente, que propongan lisa y llanamente la independencia o la configuración de España como un Estado Federal, proponiendo iniciar para ello los trámites previstos en la Constitución.

¡Zapatero,a tus zapatos!

Valentín Cortés

Lunes  28 de Mayo de 2018

 ¿Varapalo?

Leo en www.elindependiente.com , bajo el expresivo titular “Varapalo del TSJC a Torra: no obligará al Gobierno a aceptar a los Consejeros”, que el Tribunal se ha declarado incompetente para resolver lo que le pedía el Presidente de la Generalidad, incluidas medidas cautelares: es decir, que obligara al Gobierno a publicar en el BOE el nombramiento de Consejeros nombrados que están fugados y encarcelados.

Entiendo las euforias políticas, pero éstas, como la del diario digital que he citado, no son compatibles con los mínimos conocimientos procesales, que, aseguro sin temor a equivocarme, tenían mis alumnos de Introducción al Derecho Procesal, pues conocían las competencias, en materia contencioso administrativo, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia (arts.58, 66 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y no me equivoco si digo que ese conocimiento lo tienen los abogados del Presidente de la Generalidad que han presentado ese recurso ante órgano judicial incompetente.

¿Por qué lo han hecho? No lo sé, pero sí me puedo imaginar que, siendo tan grosera la falta de tino, ello se puede deber a cuestiones políticas para distracción de los convencidos políticos, que, muy posiblemente, no saben Derecho.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 25 de Mayo de 2018

El voto particular

En los tribunales colegiados, y la Audiencia Nacional lo es, la sentencia que se dicta lo es del colegio, es decir del Tribunal, y rige el principio de la mayoría absoluta (art. 255 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Por eso mismo, es decir, porque es una sentencia del Tribunal y no de sus miembros en particular, todos los integrantes del tribunal deberán firmar la sentencia, aun cuando hayan disentido del parecer de la mayoría absoluta ( art.260.1 de la citada Ley); y por eso mismo, y para salvar la responsabilidad  personal de todo tipo ( jurídica, administrativa, social, etc.) los magistrados de la minoría pueden formular un “voto particular” para explicar la razón por la que disiente de la sentencia dictada por el Colegio ( art. citado).

En algunas ocasiones, el voto particular emitido (y este parece ser el caso del proceso Gürtel) muestra las carencias jurídicas y lógicas de la sentencia, produciendo un efecto realmente perverso en ámbitos extraprocesales, pues introduce dudas sobre la existencia de Justicia en la propia sentencia. Sin duda, ese efecto se ha producido en un sector de la sociedad (basta leer a una parte significativa de la prensa de esta mañana) en lo que se refiere a la condena del Partido Popular por lucrarse del delito, con los argumentos que se han utilizado, sin juzgar y condenar al mismo tiempo a los dirigentes de dicho partido.

Valentín Cortés

 

Jueves 24 de Mayo de 2018

 

El testimonio de Rajoy en el caso Gürtel

Me parece que entra dentro de la cultura jurídica de los ciudadanos de este país conocer el principio de que los testigos están obligados a decir verdad bajo juramento o promesa (art 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Pueden incluso incurrir en delito de falso testimonio.

En la sentencia que se ha publicado hoy, dictada en el caso Gürtel, el Tribunal no ha creído el testimonio del Sr. Rajoy en relación con la existencia de la Caja B del Partido Popular. Yo no he leído el acta del testimonio prestado por el Sr. Rajoy, por lo que mi opinión se basa en lo que he leído en la prensa de hoy. Por tanto, en ese sentido, opino que no prestar credibilidad al testimonio del Sr. Rajoy no quiere decir que el Tribunal mantenga que éste ha mentido, por tanto, que haya podido incurrir en el delito de falso testimonio, sino sólo que mantiene que su precepción de la verdad no es lógica o no se sostiene a la vista de otras pruebas practicadas.

Negar la existencia de una Caja B en el Partido Popular es negar el conocimiento de ese hecho o la certeza del testigo en ese hecho, porque, en definitiva, prestar testimonio no es sino emitir un juicio sobre el modo de ser de una cosa, situación o unos hechos.

Siendo esa la esencia del testimonio se explica que sobre unos mismos hechos puedan emitirse testimonios dispares y que ninguno pueda calificarse de falso.

Valentín Cortés

Miércoles 23 de Mayo de 2018

 

El aplazamiento de la toma de posesión del Gobierno catalán.

Quitándole toda la fanfarria de declaraciones de intenciones y de anuncio de acciones futuras de la Generalidad, que han acompañado a la decisión del Sr. Torra de aplazar la toma de posesión del Gobierno catalán, de la que hoy da cuenta la prensa digital, lo importante es que el Sr. Torra se pliega a la legalidad vigente, estatal y autonómica, que impide tomar posesión, en este caso, a un consejero si no es que antes ha sido publicado su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. Sabemos que el Gobierno, con buen criterio jurídico, ha evitado esa publicación y el Sr. Torra, también con buen criterio jurídico administrativo y penal, ha evitado incurrir en responsabilidad penal y administrativa de haber procedido a la toma de posesión; al mismo tiempo que ha evitado que los consejeros nombrados hubiesen incurrido en un delito de usurpación de funciones.

Todo indica, pues que se pueden adivinar atisbos de que las autoridades catalanas han comprendido que deben cumplir, a la postre, la ley. Parece ser que la "lucha" jurídica empieza a dar frutos.

Valentín Cortés

Martes 22 de Mayo de 2018

 

La entrega de Puigdemont

La decisión que ha tomado hoy el Tribunal alemán en relación a Puigdemont (y que publican todos los medios digitales de esta tarde) se refiere a una petición hecha por la Fiscalía alemana el pasado día 9 de Mayo y es sólo y exclusivamente la resolución contraria a la petición de la adopción de la medida cautelar de la detención que había solicitado la fiscalía alemana al entender que existía delito de rebelión.

Esta decisión se ha solapado con las nuevas pruebas aportadas por la fiscalía referentes a la violencia ejercida por las autoridades catalanas (Puigdemont a la cabeza) y que todavía no ha examinado el tribunal alemán.

Hecha esta aclaración, habría que recordar que el Magistrado Instructor del Tribunal Supremo ha procesado al prófugo Sr. Puigdemont por la comisión de unos hechos que podrían calificarse como delito de rebelión o, en su caso, de sedición, con lo que es normal pensar que el Tribunal Supremo aceptaría la entrega por este último delito. Quizá eso determinaría la entrega de los demás fugados en Bélgica, Suiza y Reino Unido y la condena de todos los procesados por sedición.

Valentín Cortés