Viernes 28 de Octubre de 2022

El nuevo debate constitucional en la renovación del Consejo General del Poder Judicial

La negativa del PP a seguir en la negociación de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial hasta que no se abandone por el Gobierno la idea de modificar el delito de sedición (vid. la prensa de hoy y la nota oficial del PP en www.europapress.es de ayer) ya dije, en este blog el pasado lunes, que se produciría. Como también dije los términos constitucionales en los que se centra realmente el problema. De todo ello he venido opinando en los pasados días, por lo que me remito a cuanto he venido diciendo (especialmente mis opiniones de los días 17,24 y 25 de este mes).

Ahora sólo me queda insistir en un punto que me parece crucial para entender el problema desde el punto de vista jurídico y constitucional: si el Consejo General del Poder Judicial no funciona es porque el Gobierno y sus socios cercenaron sus facultades estando en funciones con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se aprobó hace unos meses. Si no fuera así, el Consejo funcionaría con la misma eficacia, ni más ni menos, que lo venía haciendo desde el principio de su situación “en funciones”. Está en manos del Gobierno revertir esa situación.

Siendo así, y fuera de los matices políticos que se manejan por unos y otros, el problema es dilucidar si constitucionalmente es admisible negociar en este momento la renovación del Consejo General del Poder Judicial con quien afirma, de forma irrenunciable e inequívoca, que, acto seguido, está dispuesto a cercenar el Estado de Derecho, por motivos partidistas, sometiendo al Poder Judicial a la voluntad del Poder Ejecutivo, y todo ello indirectamente mediante una ley que modifica el Código Penal. Yo opino que no es admisible negociar en este momento; por eso me gustaría creer que este último escollo negociador será eliminado por el Gobierno de una u otra y manera de forma más o menos inmediata.

Valentín Cortés