Martes 27 de Septiembre de 2022
A nueva Ley, nuevos
problemas de interpretación legal
Si ayer dábamos cuenta de la
entrada en vigor de la nueva Ley Concursal y de los criterios y fines jurídicos-comerciales
que, en general, la inspiran, hoy la prensa económica da cuenta
de hasta dónde puede llegar la aplicación de la nueva Ley; se nos cuenta que
cierta clase( fondos) de acreedores de Celsa ( la gran empresa siderúrgica española)
han pedido la reestructuración financiera y accionarial de la sociedad, que, de
acuerdo con la nueva ley, tras el nombramiento de un experto en reestructuración,
puede acabar en una resolución judicial de homologación del acuerdo tomado por los acreedores, aun en contra
del criterio de los socios que se verían afectados por esa reestructuración
financiera, cuando la empresa, entre otros motivos, esté, a criterio del Juez,
en riesgo de insolvencia o de imposibilidad de pago de los créditos que se convertirían
en capital.
La oposición de la sociedad y de los socios a esta reestructuración
[convertir deuda societaria en acciones, que afectaría a la totalidad del
accionariado actual, que perdería así su condición de tal en favor de los
acreedores afectados por la reestructuración] plantea no pocos problemas
jurídicos y constitucionales, cuya solución judicial tendrá influencia en el
futuro de la interpretación jurídica que se haga de estas normas, máxime cuando
la oposición a la restructuración se basa, parece ser, en el caso presente, (vid.www.expansion.com;www.cincodias.elpais.com)
en el enriquecimiento injusto que tendrían los nuevos socios, al devenir en su
día accionistas con grandes quitas en el precio de la acción, y el correlativo perjuicio
de los socios actuales que perderían su condición de tales.
Valentín Cortés
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