Miércoles 21 de Febrero de 2024

Consejo General del Poder Judicial y el peligro de “vocales militantes”

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una intervención esta mañana en un foro público ( se puede ver un amplio resumen en www.europapress.es) ha puesto de manifiesto que sería catastrófico que el posible acuerdo entre PP y PSOE  para renovar el CGPJ terminara por ser uno de  nombramiento de “vocales militantes”. Porque, en efecto, ello conllevaría cubrir la gran cantidad de plazas vacantes en el Tribunal Supremo, y demás altos tribunales, con jueces y magistrados por su asignación u orientación política, convirtiendo a estos tribunales (y a la Justicia) en tribunales diseñados para la política.

En mi opinión se trata de una llamada de atención, que puede parecer baladí y obvia, pero que, sin embargo, puede ser crucial para que las cosas, de llegarse a un acuerdo, de hagan bien. Porque, con esta llamada de atención se hace más evidente que la solución de esta crisis pasa por cambiar necesariamente el modelo de elección y que con este sistema  renovar el Consejo; y ya renovado, recomponer la situación caótica  a la que las decisiones políticas del Gobierno y la falta de acuerdo en los dos partidos han llevado a la Justicia.

Valentín Cortés

 

 

Martes 20 de Febrero de 2024

El Tribunal Supremo anula el decreto del Gobierno traspasando a Navarra las competencias de policía de tráfico

La prensa da cuenta de la sentencia del Tribunal Supremo  que anula el RD 25/2023 de 14 de Abril por el que se traspasan a la Comunidad Foral de Navarra las competencias de policía de tráfico (vid., por todos, por su amplitud a www.elconfidencial.com y www.elindependendiente.com). No entro lógicamente en las lecturas políticas que se hacen del tema (ataque del Tribunal Supremo a la foralidad, politización de la Justicia, derrota política del Gobierno, etc.).

La sentencia tiene importancia porque se anula el Decreto del Gobierno con el argumento de que este traspaso de competencias se produce por una vía legal inadecuada; afirma el Tribunal que se debería haber hecho por las Cortes en ley orgánica o a través de la reforma del Estatuto de Navarra, es decir, de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Es decir, para el Tribunal, el Gobierno ha asumido de forma arbitraria unas competencias legislativas que le pertenecen, en todo caso y en último término, al Poder Legislativo.

Se reproduce aquí, de nuevo, no tanto un caso de mala técnica legislativa, que también, como de arbitrariedad y de expansión consciente del Poder Ejecutivo en detrimento de los demás Poderes del Estado; y cabe preguntarse si esta situación, que parece básica en el plano jurídico, no fue detectada por los Servicios jurídicos del Estado o si ellos también participan en la solución que ahora anula el Tribunal Supremo.

 

Valentín Cortés

 

Lunes 19 de Febrero de 2024

Las elecciones gallegas y la reunión de hoy con el Comisario de Justicia Europeo

Es lógico que, tras las elecciones gallegas y sus resultados, la prensa no dedique sino una atención casi marginal a la nueva reunión hoy del Gobierno y del PP con el Comisario de Justicia europeo, Sr. Reynders, para buscar una solución a la situación en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, en mi opinión, esta reunión podría ser contemplada desde la perspectiva de esos resultados y muy posiblemente lo sea; obsérvese que los partidos que sustentan y componen el Gobierno ( de hecho, una de las partes negociadoras) han sido clara y rotundamente derrotados en esas elecciones, en las que es evidente ha estado presente, como factor decisor, la política que lleva a cabo el Gobierno de España en aquellas materias que afectan a las Comunidades autonómicas, en cuanto éstas  no tienen competencias que puedan desarrollar en contraposición a las exclusivamente estatales. En estas materias se encuentra, como sabemos, la renovación del CGPJ y el modo de elegir y nombrar a los Consejeros y, por supuesto, el tema de la nueva ley de amnistía, sobre lo que tanto tiene que decidir eso que llamamos “Europa”. En esta reunión, por tanto, la posición negociadora del Gobierno, en relación con el Comisario Europeo, es innegablemente más débil, y la del PP (claro ganador de esas elecciones) --que mantiene la necesaria renovación del Consejo como una consecuencia del cambio de legislación para elegir y nombrar a la mitad de los miembros del CGPJ— más fuerte. En su momento, sabremos si esto es así.

Valentín Cortés

 

 

 

 

Viernes 16 de Febrero de 2024

Desprecio por el Derecho y por el Poder Judicial

La prensa de hoy cuenta que un miembro del Gobierno catalán (parte interesada en este pacto entre el Presidente de Gobierno y los independentistas catalanes) ha afirmado que los independentistas que no sean amnistiados serán indultados. Por su parte, el Ministro Sr. Puente ha llegado a afirmar( www.europapress.es) que es necesario aprobar la ley de amnistía para ahorrar trabajo a la Justicia y evitar juicios que después acaben en indultos (sic). Tienen importancia ambas noticias porque una denota el desprecio absoluto por el Derecho en el que se mueve el Gobierno y los independentistas, y la otra, manifiesta el cinismo jurídico en el que se mueve el Gobierno de España y el desprecio por la Justicia y por la sociedad española.

En el primer caso, parece claro que, para los negociadores, el fin de seguir gobernando y el de quedar impunes los hechos delictivos en rededor de la declaración de independencia del Sr. Puigdemont justificaría la utilización de cualquier medio por mucho que se violente con ello la Constitución: la amnistía es anticonstitucional, pero también lo son los indultos generales (art. 62 de la Constitución). Vulneración, pues, de la Constitución en dos etapas.

En el segundo caso, el cinismo y la arrogancia, así como el desprecio a la judicatura y a la sociedad española es máximo; no sólo se desprecia la función jurisdiccional, que sería obviada por cualquier medio de los que maneja el Poder Ejecutivo, sino que se piensa que  este Gobierno  se perpetuará en el futuro, no considerando la posibilidad de que la sociedad española pueda decidir democráticamente un Gobierno de signo distinto, que no otorgue estos indultos que se anuncian a bombo y platillo.

Valentín Cortés

 

 

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Jueves 15 de Febrero de 2024

La discriminación del español en la enseñanza catalana

La prensa da cuenta de las polémicas y luchas políticas en el Parlamento Europeo a cuenta del informe de la Comisión de ese parlamento que, sobre la discriminación del español en la enseñanza en Cataluña, ha preparado para su discusión y aprobación, tras una larga visita a esa región. El informe es claramente afirmativo y condenatorio de esa discriminación, según todas las noticias publicadas en prensa. (puede verse por todas la amplia crónica en www.theobjetive.com ).

El tema es trascendente porque es una obviedad que existe esa discriminación y que no se cumplen las diversas sentencias de los órganos judiciales que establecen unos mínimos que, como digo, no se producen en la enseñanza en español.

 Es un grave problema de discriminación del idioma oficial de España, que inútilmente afirma el art. 3.1 de la Constitución que todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Pero, es igualmente un gravísimo problema de salud de nuestro sistema democrático y de nuestro Estado del Derecho que una gran parte de la sociedad española tenga puestas sus esperanzas de cumplimiento de la Constitución( por tanto, de garantía de la vigencia del principio de legalidad y de la seguridad jurídica, art. 9.3 de la Constitución), no en el Tribunal Constitucional, y en el acatamiento posterior de sus decisiones sobre el cumplimiento de la Constitución, sino en las instancias europeas, sean las judiciales o parlamentarias. El deterioro de la imagen del Tribunal Constitucional, por desgracia, está por activa y por pasiva cada vez más extendido en la sociedad española.

Valentín Cortés

 

Miércoles 14 de Febrero de 2024

El Rey, el Sr. Bolaños y la amnistía

www.europapress.es , como el resto de la prensa, publica dos noticias de hoy que son, en sí mismas, una enorme, no tanto paradoja, como contradicción: el Rey manifiesta en la toma de posesión de los nuevos jueces, en una sede del Consejo General del Poder Judicial, y con toda solemnidad, que la independencia del Poder Judicial “es la esencia del Estado de Derecho”, en la que se tienen que mantener firmes los jueces, y que “todos han de preservar y respetar”. Por su parte, el Sr. Bolaños que, entre otras cosas, es Ministro de Justicia, no tiene inconveniente en afirmar que negocia con Junts “una amnistía que incluya a todos”, se entiende, los presuntamente delincuentes o simplemente delincuentes, según los casos, pero sólo los independentistas relacionados con la declaración de la independencia de Cataluña.

El Sr. Bolaños debe ser de los pocos juristas de este país que no encuentran a esa amnistía como un desastre constitucional, precisamente por eliminar, de derecho y de hecho, al Poder Judicial, todo para salvar meros y personales intereses políticos del Presidente del Gobierno.  Quizá le convenga a este Ministro no sólo escuchar al Rey, sino leer el libro que prestigiosos juristas españoles han publicado (vid. también la noticia en www.europapress.es) sobre el carácter claramente inconstitucional de la amnistía por muy diversos motivos que inciden, todos, en ese negar la independencia judicial, precisamente eliminando, para casos concretos y determinados, la actuación jurisdiccional.

Valentín Cortés

 

 

Martes 13 de Febrero de 2023

Jurista de reconocido prestigio

Es de conocimiento general que determinados puestos de la Administración Pública exigen que el candidato, y posteriormente nombrado, sea un jurista de reconocido prestigio, además de tener una dilatada y experimentada vida de servicio público. Lo digo por el futuro nombramiento de la Sra. Calvo como Presidenta del Consejo de Estado.

Que yo recuerde la Sra. Calvo fue Consejera de Cultura del Gobierno de Andalucía hacia el año 1995 y durante, creo recordar, ocho años; después ha sido de forma continuada diputada a Cortes, Ministra de diversos ramos de la Administración, amén de  Vicepresidenta del Gobierno hasta hace pocos meses. Actualmente sigue siendo diputada. Es decir, una gran política.

En la vertiente jurídica, alcanzó el doctorado en Derecho, según información pública, en 1991 y fue Catedrática de Derecho Constitucional años más tarde.

Entiendo que este curriculum es ciertamente brillante en su vertiente política que, a todas luces, ha restado protagonismo a su carrera universitaria y a su condición de jurista. Entiéndase bien que no juzgo la valía profesional y científica de la Sra. Calvo, que además desconozco, sólo me pregunto si tan dilatada y temprana vertiente vital política ( piénsese que nació en 1957) no habrá restado prestigio reconocido a su vertiente vital de jurista, máxime si tenemos en cuenta que es la presidencia del Consejo de Estado la que se le encomendará, en el que el último letrado que allí ejerce su profesión, por el hecho de serlo, ya tiene reconocido ese prestigio jurídico y en donde la última presidenta designada ha visto su nombramiento anulado por el Tribunal Supremo precisamente por carecer del necesario reconocido prestigio jurídico.

Valentín Cortés