Jueves 22 de Febrero de 2018

¿Un vacío legal?

Leo en www.europapress.es que dos consejeras del Tribunal de Cuentas han mantenido, en la Comisión del Senado que investiga la financiación de Ciudadanos, que las aportaciones públicas que reciben los grupos municipales en los Ayuntamientos, dado que, dicen, existe un vacío legal, pueden traspasarse, ya que son suyas, al partido político en cuestión, entre otras cosas, para que éste financie sus  campañas electorales.

Los vacíos legales, en el caso de que existan, se cubren en Derecho con lo que, desde siempre, se ha llamado la interpretación analógica de las normas que, según el art.4 del Código Civil, procede cuando las normas no regulen un supuesto especifico, pero regulan otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. Desde este punto de vista, no parece difícil llegar a la conclusión que esas aportaciones públicas no están pensadas para que sean aprovechadas por los Partidos, sino por los grupos municipales para que éstos puedan desarrollar sus funciones dentro del Ayuntamiento, llevando a cabo las labores propias del grupo. Trasvasar esos fondos, al socaire de mantener que son, desde que se conceden, propios es como negar algo tan elemental como el presupuesto dividido en partidas o como negar que exista el delito de malversación de caudales públicos, que no tendrían sentido de seguirse la tesis de las Consejeras.

Por esto, entre otras cosas, es tan importante en Derecho que los aplicadores de las normas no se olviden de la interpretación analógica y de la sistemática

Valentín Cortés

Miércoles 21 de Febrero de 2018

Es bueno no confundir churras con merinas.

Dice el director de ARCO (la mayor muestra de arte anual que se celebra en España) que retirar de la exposición las fotografías de los llamados por el autor presos políticos españoles “es una idea malísima” (vid. la noticia con detalle en www.elmundo.es ). Estas personas retratadas, o han sido condenados por delitos comunes (por ejemplo, lesiones o agresión a guardias civiles y esposas), o son investigados en este momento por delitos graves que, en nuestra democracia no pueden tener la consideración de delitos políticos( rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, etc.). En todos los casos, los autores son personas que se dedican a la política o que tienen importantes connotaciones de activismo político.

Traigo esta noticia, similar, por supuesto, a la de la huida de la Sra. Gabriel a Suiza para cubrirse con el manto de la persecución por delitos políticos (vid. la prensa digital de hoy), porque, desde el punto de vista jurídico, conviene  no equivocar las cosas: lo que hace el autor de las fotografías es ensalzar a los autores de la comisión de delitos comunes, posiblemente, por ser de su misma ideología política; si  la Galería que exponía esos retratos estima que debe retirarlos está en su derecho y, desde ese momento, no puede ser “una noticia malísima” por mucho que se empeñe el Director de ARCO, pues, me imagino, que será resultado de intereses comerciales. Al igual que si la Sra. Gabriel huye a Suiza no es producto de la política, sino de los intereses particulares de esta Sra., quien, sin duda, intenta defenderlos mejor en Suiza.

Por eso, unas son las churras y otras las merinas.

Valentín Cortés

Martes 20 de Febrero de 2018

 

La Sra. Gabriel y el Sr. Mas

Aunque la huida de la Sra. Gabriel( véase la prensa digital de hoy) me imagino que busca consecuencias y réditos políticos, va a producir, sin embargo, importantes consecuencias jurídico-procesales, en su ámbito personal, en el procesal de la instrucción que le afecta e incluso, en un ámbito extraprocesal a ella: efectos, por tanto, personales, procesales y extraprocesales.

De una parte, me parece seguro que el Magistrado Instructor de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo ordenará de forma inmediata su detención y puesta a disposición con eficacia, probablemente, internacional, lo que puede conllevar, dado que está huida en Suiza, una petición de extradición.

De otra parte, esta huida dará al Magistrado muestra del riesgo de eludir la acción de la Justicia que existe en el conjunto de los investigados por rebelión y sedición, no tanto para aplicar groseramente el principio de igualdad (que recordemos no es tratar a todos por igual, sino tratar a las personas en la misma situación de forma igual), como para aplicarlo correctamente. En este sentido, la puesta en libertad del Sr. Mas (véase la prensa digital de hoy), sin fianza, no atenta contra el principio de igualdad, ni contradice lo que afirmábamos líneas más arriba, que posiblemente producirá las mismas clases de efectos que hemos señalado en el caso de la Sra. Gabriel: se tendrá en cuenta para otros investigados en el Tribunal Supremo, o en la Audiencia Nacional, ya en prisión, o en libertad y que estén en la misma situación que la Sra. Gabriel o del Sr. Mas.

Y me parece indudable, como he apuntado líneas más arriba, que la huida que comentamos producirá efectos mas allá del proceso que se ventila ante el Tribunal Supremo, pues sin duda, aun siendo hechos extraprocesales, pero notorios, pueden ser tenidos en cuenta por la Instructora de la Audiencia Nacional en el proceso por sedición para decidir el futuro cautelar-penal de los que, en ese proceso, investiga.

Valentín Cortés

Lunes 19 de Febrero de 2018

Eficacia

La imputación por la Audiencia Nacional del Sr. Trapero por un segundo delito de sedición (el cometido el día del llamado referéndum, al ordenar a la policía catalana actuaciones contrarias a lo ordenado por los Tribunales), unido a las que lleva a cabo el Tribunal Supremo, y llevará, sin duda, en los próximos días, por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, suponen claramente un anuncio de que la instrucción judicial del llamado “proceso” llega a su fin, con todos sus autores imputados y muy posiblemente juzgados  en los próximos meses.

Si todo es como decimos, el Poder Judicial, es decir, el Estado, habrá dado una lección de eficacia y decisión en un tiempo brevísimo, el que va desde el primero de octubre hasta la resolución de caso. Si a ello se une la más que probable inhabilitación de estos actores del “proceso” cuando se dicte el correspondiente auto de procesamiento, indicado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tendremos un panorama de una enorme eficacia.

A partir de ahí, la Política.

Valentín Cortés

Viernes 16 de Febrero de 2018

En corto y por derecho

Fuera de las reacciones políticas y partidistas que ha generado de forma inmediata el anuncio del Gobierno de llevar a cabo los trámites normativos necesarios para que el español sea la lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, lo importante, desde nuestro punto de vista, es dilucidar si el Gobierno de Cataluña( es decir, en este momento, el Gobierno de la Nación) puede ex art. 155 de la Constitución poner en marcha reglamentariamente lo que se deduce con claridad de la Constitución y del Estatuto, que establecen que el español es el idioma oficial del Estado Español, con independencia que en Cataluña sea cooficial también el catalán.

A mi no me cabe la menor duda; pero, claro, yo soy jurista.

Valentín Cortés

Jueves 15 de Febrero de 2018

El ejemplo de Figueruelas

La decisión de Opel de fabricar al completo los automóviles “Corsa” en la planta de Figueruelas, lo que ayer se anunció y hoy recoge toda la prensa, es consecuencia del pacto que la empresa y los trabajadores llegaron hace unos días, pacto en el que éstos renunciaron a parte importante de sus sueldos y la empresa aseguraba el pleno empleo y utilización de la planta durante los próximos años.

Lo traigo a este blog porque ese pacto fue negociado por los sindicatos en la empresa y, posteriormente, fue ratificado por los trabajadores, lo que determinaba, en Derecho, que los sindicatos fueran unos meros representantes o mandatarios de los trabajadores, sometida la decisión de aquellos a la ratificación de estos.

Quiero decir con todo esto que, cuando suenan un día sí y otro también, que hay que modificar nuestra legislación  laboral, quizá no sería malo sacar, del ejemplo de Figueruelas, la opinión de la necesaria limitación del papel del sindicalismo sectorial, que, si pudo ser eficaz en tiempos pasados, cada vez lo será menos y necesariamente más limitado a determinados y, quizá, secundarios aspectos de las relaciones laborales.

Valentín Cortés

 

Miércoles 14 de Febrero de 2018

Una ventaja destacable

La única ventaja que tiene para el jurista la Sra. Boya (ex presidenta del Grupo parlamentario CUP en el Parlamento catalán), sobre los demás señores independentistas que hasta ahora han declarado ante el Tribunal Supremo, es que no está instalada en el fraude legal. Al menos, no ha intentado argumentar la declaración de independencia de pasado 1 de Octubre (y su proceso de elaboración) mediante pseudo-argumentos jurídicos o legales, sino que claramente manifiesta lo que todos vimos por televisión: lo que se intentó y se llevó a cabo fue la declaración de independencia de la Republica de Cataluña; no fue, por tanto, según ella, una declaración simbólica. Y, por consiguiente, no ha querido enmascarar aquella declaración con ningún subterfugio ni jurídico ni, siquiera, legal.

Por eso ha declarado (vid. www.europapress.es) que “esto es un juicio político y tenemos que actuar como tal, defendiendo nuestros postulados políticos y nuestro programa electoral……No es con la Justicia como vamos a solucionar el conflicto político entre Cataluña y el Estado español”.

Posiblemente, la Justicia no resolverá el problema político de la Sra. Boya, pero sí el jurídico y constitucional que se originó con esa declaración de independencia, que es lo fundamental. La Sra. Boya, como los demás independentistas, está sumida en la ilegalidad, pero tiene la ventaja que no miente, y no busca excusas.

Valentín Cortés