Valentín Cortés Domínguez

Valentín Cortés Dominguez es Catedrático de Derecho Procesal. Ha sido abogado con 47 años de experiencia, conferenciante y autor de múltiples publicaciones jurídicas y de manuales de derecho procesal que son libros de texto en distintas universidades españolas y de América latina.

viernes, 28 de junio de 2013


Viernes, 28 de Junio de 2013

Todavía estamos a tiempo de arreglar la Justicia.

En www.elconfidencial.es se publica hoy un reportaje sobre la preocupación del Gobernador del Banco España por la judicialización que está teniendo lugar de la vida financiera de este país. Se habla igualmente de una entrevista o comida del Gobernador y del Ministerio Fiscal, para, a petición del primero, tratar de racionalizar jurídicamente este problema. El reportaje habla de la preocupación en el Banco España por el poco nivel técnico de los jueces que conocen de estos temas y de la falta de medios técnicos de que hacen gala los Juzgados.

En España tenemos los jueces y juzgados que hemos querido tener. Quizá toda esta crisis económica, cuyo resultado principal y primero, en el campo de la Justicia, ha sido la irrupción de los jueces en el campo financiero y político, denota lo que realmente hemos querido como Justicia. Hemos querido una Justicia sin medios, mal organizada y unos jueces mal formados, memorísticamente formados, con un fortísimo nivel de sentimiento de irresponsabilidad ante los justiciables y la sociedad, con un fuerte sentido del corporativismo y un órgano de Gobierno de los mismos que está politizado hasta el extremo y que lo seguirá estando, seguro, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ayer aprobó el Congreso de los Diputados.

Nuevo sistema de preparación al acceso a la carrera, responsabilidad de los jueces pareja a la independencia que tienen, nueva estructura del oficina judicial, con la mayoría de los servicios comunes, y un Consejo integrado por notables (pero notables de verdad), del mundo jurídico. Así, empezaría yo.

Valentín Cortés   

jueves, 27 de junio de 2013


Jueves, 27 de Junio de 2013

De nuevo sobre el Juez Sr. Silva

La Audiencia Provincial ha dictado un auto en el que obliga al Juez Silva a tramitar, en la pieza separada por la compra de  un Banco en Florida, la recusación que presentó en su día el Sr. Blesa. Ya hablamos de eso en su día y criticamos que el Juez siguiera conociendo de la pieza separada habiéndose presentado la recusación. Allí están los argumentos y a ellos me remito.

 La tramitación de la recusación produce la pérdida de la competencia funcional para seguir conociendo del asunto, a la espera de la decisión que tome el órgano competente (art. 221.2 Ley Orgánica del Poder Judicial) y la suspensión del proceso, por lo que me temo que todo lo que se actuó por el Juez Silva en esa pieza sin tramitar la recusación acabará por anularse.

Pero, hoy me entero por la prensa que el Sr. Blesa había presentado dos recusaciones, una en la causa principal y otra en la pieza separada. Siendo así, la no tramitación de la recusación en la pieza, si nos atenemos a las noticias de prensa, sería realmente grave, porque, una de dos, o es prevaricación, lo que yo no tengo motivos para sospechar que se produjera ni estoy en condiciones de valorar, o es simple ignorancia inexcusable, lo que es determinante para la exigencia de responsabilidad civil y administrativa al Juez y patrimonial al Estado, (arts. 411 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Es fundamental acabar con rapidez todos estos incidentes y expedientes. Lo exige la buena Administración de Justicia y la buena imagen de la misma.

Valentín Cortés

 

miércoles, 26 de junio de 2013


Miércoles 26 de Junio de 2013

 

El buen camino del concurso de acreedores de Pescanova.

 

Por las noticias que leo en la prensa, Pescanova tiene muchas posibilidades de salir del concurso sin llegar a la liquidación.

Hoy leo en www.expansion.es que la administradora concursal (Deloitte) va a firmar mañana un crédito concedido por un grupo de bancos españoles, acreedores de la concursada, de 54 millones de € destinado a las gestión diaria de la compañía. Este crédito que está avalado por la marca Pescanova y otros inmuebles tendrá la consideración de privilegiado especial y figurará al margen de la deuda bancaria. Es decir, se ha establecido un sistema, que es legal, para que quienes den este dinero, que es crucial para la empresa y para que los acreedores puedan cobrar en el futuro, estén seguros que lo van a recobrar con unas garantías suficientes y, podemos decir, al margen de los límites y preferencias del reconocimiento de créditos y de los pactos que pueda contener un hipotético convenio, que en todo caso, deberá contemplar la preferencia especialísima con la que se concede.

Creo que la Administradora concursal acierta.

Valentín Cortés

 

martes, 25 de junio de 2013


Martes 25 de Junio de 2013

El Tribunal Constitucional y la política económica del Gobierno.

 

Leo en la prensa que el Grupo parlamentario socialista  en el Congreso ha recurrido ante el Tribunal Constitucional TC) la ley que posibilita el canje de participaciones preferentes.

Obviamente todos los grupos parlamentarios que cuenten con los miembros requeridos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional pueden recurrir al TC cuando lo estimen conveniente para intentar anular por inconstitucionales unas determinadas leyes. Pero, ese no es el problema.

El problema se produce cuando se recurre prácticamente toda ley o Decreto Ley que se aprueba en el Parlamento; hasta ahora parece ser que el Partido Socialista ha recurrido hasta en ocho ocasiones en un año al TC. ¿Tan fuera de la Constitución  está el Parlamento, por tanto, el Gobierno?

 Esto hace, se quiera o no, que el TC aparezca ante la opinión pública y que se convierta en una especie de último recurso de la oposición para hacer oposición y eso, se quiera o no, produce un efecto perverso, no querido por la Constitución, del legítimo derecho a acudir al Tribunal que tienen los Grupos parlamentarios o grupos de parlamentarios.

Valentín Cortés

 

lunes, 24 de junio de 2013


Lunes, 24 de Junio de 2013

 

La Comisión Europea y la legislación andaluza en materia de expropiación temporal de pisos desocupados

 

En www.expansion.es se puede leer la noticia de las advertencias de la Comisión Europea, en carta dirigida al Ministerio de Economía, acerca de la legislación andaluza en materia de expropiación temporal de viviendas desocupadas propiedad de entidades financieras.

Nada distinto a lo que dijimos desde el primer día en este Blog.

Desde el punto de vista jurídico, una norma que desconoce la esencia del derecho de propiedad (art.33 de la Constitución) y de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art.38 de la Constitución) bien merecería que, por el camino más corto (es decir, un recurso del Gobierno) fuera recurrida al Tribunal Constitucional.

La normativa andaluza, bajo mi criterio, se inspira en principios políticos que no están amparados en la Constitución; y, se supone, pretende conseguir lo que se puede alcanzar por otros medios, por ejemplo, a través de la L. 4/2013 de 4 de Junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de viviendas y, sobretodo, a través de la L. 1/2013 de 14 de Mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración la deuda y alquiler social, todo ello sin violentar la Constitución y afectar a la economía de mercado.

Valentín Cortés

viernes, 21 de junio de 2013


Viernes 21 de Junio de 2013

 

Otra prueba más de la judicialización y criminalización de la actividad política y de la instrumentalización de la Justicia.

He leído en www.cincodias.com  la noticia de que el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Madrid ha admitido a trámite una querella criminal interpuesta por parlamentarios del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y la llamada Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid contra ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid y una serie de empresas que están gestionando distintos hospitales públicos de Madrid.

Dice el juez en su auto (se ofrece integro con la noticia), a modo de excusa formal, que, según la ley, lo que es cierto, debe admitir a trámite la querella si lo que se relata en ella tiene apariencia de delito (¡muy mal abogado hay que ser para redactar una querella que no recoja hechos con apariencia de delito!); y que los querellantes no  pueden pretender con la querella criminalizar el sistema sanitario que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid (consciente de la intencionalidad política de la querella, parece que el juez quiere investigar, y lo advierte, hechos y no opciones políticas sanitarias).

Yo creo que el juez acierta en ambas observaciones; son obvias, pero las ha tenido que hacer.

¡Obsérvese a donde hemos llegado! Por eso se impone una  norma que impida a los partidos políticos ejercer la acusación popular y que exija a los acusadores particulares que demuestren realmente un interés en la querella que han interpuesto, porque no creo que la Asociación querellante tenga como finalidad preservar, por ejemplo, los intereses de la Hacienda pública, ni mucho menos proteger a los pacientes de las presuntas coacciones que sufren de esas entidades ni cuestionar la política sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Esta reforma es urgente para acabar con la criminalización y judicialización de la política y la instrumentalización de la Justicia.

Valentín Cortés

jueves, 20 de junio de 2013


Jueves 20 de Junio de 2013

 

La reversión del Fortuna

 

Patrimonio Nacional no ha hecho otra cosa que lo que debía. Después de la renuncia del Rey a utilizar el barco, la reversión de la embarcación era inevitable, según ya dijimos en su momento, cuando saltó la noticia de la renuncia del Rey al uso del barco. El barco fue donado para que los usara el Rey, no para otra cosa. Por eso debe ser revertido a la entidad donante: la Fundación Turística y Culturales de las Islas Baleares (Fundatur).

Ahora, Fundatur, tratará de vender el barco, y, según la noticia que publica www.elmundo.es, dedicará el producto a “otras actividades turísticas y culturales”.

Las decisión tomada y el plazo en el que se hace nos permite hoy opinar jurídicamente de algo y, además, darnos la enhorabuena. ¡No todo está perdido!

Valentín Cortés