Martes 9 de Enero de 2024

Los llamados efectos negativos del “boicot” a la convalidación de los decretos-leyes del Gobierno

La prensa de hoy pone de manifiesto múltiples efectos negativos (en tema de fondos europeos, IVA del consumo de primera necesidad, etc.) que se producirán en caso de que los decretos del Gobierno con contenido económico no sean convalidados mañana por el Congreso.

Es lógico que ante decretos-leyes, que son un verdadero batiburrillo de normas jurídicas que afectan a temas diversos, sin conexión alguna, y que el Gobierno se empeña en presentar a su aprobación sin debate parlamentario, sin el asesoramiento imprescindible, y sin la menor urgencia constitucional (toda una clara violación del art. 86 de la Constitución), se impida, en caso de no convalidación, la producción de efectos que pueden ser positivos para la sociedad o para determinados grupos sociales.

 Hablar en estos casos de efectos del boicot y de responsabilidad de ciertos partidos políticos a esos decretos es claramente falso. Pues, está de más decir que el efecto negativo se produciría en todo caso por la inconstitucional manera de legislar que propicia el Gobierno presentando a su aprobación tales decretos-leyes que la prensa llama bondadosamente “ómnibus”. La sociedad española comprenderá la razón por la que no está permitida esta manera de legislar, verdadero “trágala” jurídico, presentando para su convalidación ese batiburrillo de normas jurídicas en forma de Real Decreto-Ley. Es fácil la solución: no se orille al Poder Legislativo, utilícese el trámite de los proyectos de ley y cúmplase la Constitución legislando por Decreto-Ley sólo una materia concreta y sólo si hay verdadera urgencia en ello.

Valentín Cortés

 

 

Lunes 8 de Enero de 2024

De nuevo en la “lucha por el Derecho”

Por lo que se puede leer hoy en la prensa existen dudas más que razonables de que, por distintas razones de orden político y constitucional de los grupos parlamentarios, se convaliden todos o alguno de los tres decretos-leyes con los que el Gobierno atacó a finales del año pasado el Estado de Derecho, lo que mereció nuestra crítica severa (vid. nuestro blog de los días 21,27 y 28 de Diciembre).

 En este tema no nos importa, dado el objetivo puramente jurídico de este blog, el trasfondo político y sí mucho el problema constitucional, especialmente grave en lo que se refiere al RD-Ley 6/2023, porque de una “tacada”, sin el menor asesoramiento de los órganos consultivos del Estado, sin la menor discusión parlamentaria, y sin un atisbo de la más mínima urgencia ex art. 86 de la Constitución, se quiere modificar, entre otras legislaciones, y en profundidad y de forma muy amplia y trascendente, todo el sistema procesal español. Se propician, al socaire de la digitalización de los procesos, reformas procesales de hondo calado, en las que la ausencia de urgencia brilla por todas partes, como se comprueba con leer tan sólo las normas correspondientes a la entrada en vigor de ese RDL, imposible en muchos juzgados y materias.

 Y todo ello se hace con el señuelo leguleyo de la modificación del art. 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (de aplicación supletoria a todo el sistema procesal, art. Ley de Enjuiciamiento Civil), referente a la suspensión de los procesos con el planteamiento de una cuestión prejudicial europea( en  este caso, sobre la futura ley de amnistía),la que se produciría sin necesidad de regulación  ex novo por la propia esencia y naturaleza de lo que es una cuestión prejudicial y por aplicación de la doctrina jurisprudencial europea(vid. nuestro blog del 15 de Noviembre de 2023).

 

Valentín Cortés

 

Viernes 29 de Diciembre de 2023

Un sueño como el de entonces

Ahora que termina para este blog el año 2023 me ha venido al recuerdo, un poco más de 60 años atrás, cuando Martin Luther King en su famoso discurso dijo aquello de que I have a dream; el suyo era que todos los americanos vivieran en aquel país como eran en esencia: iguales. La igualdad.

No me comparo con el Reverendo pero creo que es terrible que, en esencia, tengamos hoy su sueño de hace tantos años, porque me parece que también los españoles nos despedimos de este año, y para el que viene, con el sueño de que seamos iguales que, siendo una exigencia ética de nuestra propia naturaleza humana, lo es también de nuestra Constitución (art. 14); y ese sueño, como el de aquellos americanos, va unido a que desaparezca de nuestro panorama político y social la arbitrariedad(art 9) de los poderes públicos, que tanto la sufrieron en aquel entonces y que tanto daña la igualdad y la dignidad de las personas( art.10) y, por qué no, que todos, los poderes públicos también, viviéramos “sujetos ( como dice el art.9.1 de la Constitución) a la Constitución y al Ordenamiento Jurídico”.

Con ese deseo les felicito y deseo lo mejor para el año 2024

Valentín Cortés

 

NB volveremos el próximo día 8 de Enero de 2024

 

 

 

 

Jueves 28 de Diciembnre de 2023

 

¡Otro Real Decreto-Ley!

En el BOE de hoy se publica otro nuevo Real Decreto-Ley que este Gobierno ha dictado para regular un sinfín de materias que se dicen son urgentes. La extensión del Real Decreto-Ley (118 páginas de BOE) y el título (“para adoptar medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como paliar los efectos de la sequía”) nos muestran la falacia de entender estas medidas como un caso del art. 86 de la Constitución (“En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno….”), pues en realidad son medidas que vienen siendo elaboradas desde hace tiempo, que, además, se refieren a múltiples sectores de nuestra vida que hacen de este Decreto-Ley otro más de una multiplicidad de regulaciones que, dado el sistema de aprobación por las Cortes (aprobación o rechazo en su conjunto), es una clara violación de nuestra norma constitucional.

Valentín Cortés

 

Miércoles 27 de Diciembre de 2023

La intervención del mercado del arrendamiento de viviendas es más fácil, pero no es es una medida pertinente

La prensa en general y, especialmente la económica, recoge hoy la noticia por la que sabemos que en el Decreto-Ley (otro más), que el Gobierno piensa aprobar hoy, está recogida la medida de la prórroga de la prohibición de lanzamiento por impago de la renta pactada de aquellos inquilinos vulnerables socialmente.

La medida, desde el punto de vista constitucional, supone un ataque a la economía libre de mercado que rige, según la Constitución (art. 38, en Estado Español), y al derecho de propiedad (art. 33), y también, bajo nuestro criterio, vulnera el art. 47, que establece el derecho a una vivienda digna y el deber del Estado de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho; esa que va a tomar el Gobierno, como se ha demostrado por la práctica, lo que hace es restringir aun más el mercado del arrendamiento, lo encarece y lo dificulta hasta extremos no conocidos pero sí previsibles; por la sencilla razón de que el propietario arrendador no arrendará su propiedad a una persona que pueda dar el más mínimo signo de vulnerabilidad social.

El Estado adoptaría normas pertinentes para proteger el derecho a la vivienda de esas personas si asumiera el costo de que los vulnerables no vieran su derecho a la vivienda en peligro, lo que hoy ni se hace, ni se tiene una idea clara, entre los socios del Gobierno que se deba hacer o cómo se deba hacer. Pero, es más fácil que el costo y los riesgos económicos los asuma directamente el propietario. Sí, más fácil pero no es la medida pertinente de la que habla la Constitución.

Valentín Cortés

 

 

 

 

Martes 26 de Diciembre de 2023

La “Lucha por el Derecho” del Rey

Lo que hizo el Rey, en su discurso de Nochebuena, fue cumplir a rajatabla el art.56.1 de la Constitución cuando expresa que el “Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia” y que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Por eso habló de los peligros de la unidad del Estado en estos momentos, tanto individualmente (violación del principio de igual de todos los ciudadanos, donde reside la soberanía nacional) como de la cooperación interregional, también basada en el principio de igualdad; y por eso habló de los Poderes del Estado que invaden competencias y funciones de otros Poderes estatales e hizo referencia, sin duda, a los ataques que está sufriendo, por parte del Gobierno y del Parlamento, el Poder Judicial. En este contexto tienen explicación, tras el discurso, los ataques al Rey y a la Monarquía de los partidos que apoyan el Gobierno de la Nación y de los gobiernos autonómicos con tendencias cesionistas.

Para este blog que, por convicción, está asentado en la necesidad de mantener viva “la lucha por el Derecho” y por la Constitución, el discurso fue, desde el punto de vista jurídico, un acierto total y más en este año en el que tantos ataques hemos denunciado contra la Constitución y el Ordenamiento Jurídico provenientes del Poder Ejecutivo y del sometido Poder Legislativo y con un Tribunal Constitucional que se muestra peligrosamente complaciente con los desvaríos constitucionales del Poder.

Valentín Cortés

 

Viernes 22 de Diciembre de 2023

El Presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial en defensa del Poder Judicial

Hemos leído en la prensa (por ejemplo, vid. www.elmundo.es) que el Presidente del Tribunal Supremo ha pedido al Ministro Sr. Bolaños, que sabemos que es un ministro principal de este Gobierno y responsable de todo lo que se refiere a la actuación del Gobierno en materia de Justicia y en  relación con su actuación en el Parlamento, que el Gobierno haga lo necesario para acabar con los ataques a los jueces, es decir, al Poder Judicial. Intuyo que el Presidente del Tribunal Supremo pide tal cosa porque cree que el Gobierno puede acabar de raíz con esta campaña. Desde fuera, como espectador, yo diría que puede y debe.

Lo traigo a colación porque, al mismo tiempo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, ha pedido al Congreso que no cite a los jueces para ser interrogados en comisiones parlamentarias que tratan de investigar la actividad jurisdiccional de ellos y se lo ha pedido explicando lo que es un Poder del Estado que no tiene responsabilidad política (vid. prensa de hoy).

Es decir, el Poder Judicial, en su conjunto (el máximo órgano jurisdiccional y el Órgano de Gobierno del Poder Judicial), piden al Ejecutivo y al Legislativo (mera extensión, hoy día, de aquel) que se acaben estos ataques inconstitucionales y claramente contrarios a lo que en la Unión Europea se entiende por Estado de Derecho. Todo indica que a esta última cuestión empieza a ser sensible el Sr. Bolaños.

Valentín Cortés

 NB.- ¡¡¡¡¡Les deseo una  muy Feliz Navidad!!!!