Jueves 26 de Abril de 2018

El Derecho, el escándalo Cifuentes y la “finezza”

La dimisión de la Sra. Cifuentes es un escandalo político de primera magnitud que tiene, desde hace semanas, pero principalmente esta mañana, un eco sobresaliente en la prensa.

Tiene bastante menos eco el escandalo jurídico que conlleva el político. Y esto lo considero de una gravedad extrema, pues se palpa la insensibilidad de nuestra sociedad para los temas jurídicos, lo que engloba, naturalmente, el del respeto debido a los derechos del otro.

 Es a este aspecto del tema al que me quiero referir, porque las imágenes que hemos visto en televisión, además de ser una muestra patente de la violación de la Ley de protección de datos, suponen, según mi opinión un ataque a la intimidad, a la propia imagen y al honor de la Sra. Cifuentes que están protegidos por el art. 18.1 de la Constitución. Me parece que la noticia del hurto de dos botes de crema o de champú, que sin duda interesa a todo el ciudadano, puesto que esta Sra. era Presidenta de la Comunidad de Madrid (noticia que, además y sin duda, está amparada además por el art. 20.1.a)y d) de la Constitución) no necesitaba, para su plena eficacia y expresión, de la humillación y escarnio públicos de exponer a la sociedad las imágenes que hemos visto de la Sra. Cifuentes con el guarda de seguridad de un supermercado.

Como diría Giulio Andreotti, si de nuevo visitara España como Jefe de Gobierno, manca finezza a la política y a la sociedad españolas.

Valentín Cortés

 

Miércoles 25 de Abril de 2018

Legislar no es sólo mostrar buenas intenciones

Todavía hoy los periódicos digitales siguen hablando de la futura prohibición por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca de alquilar pisos a los turistas. Supongo que la medida estará encuadrada en evitar que la extensión del fenómeno del “alquiler turístico” acabe o dificulte el mercado normal del arriendo de viviendas, por las subidas anormales del canon de los arrendamientos, llamémosles, normales.

En esa misma línea hoy salta la noticia de la aprobación por el Congreso de un proyecto de Ley para posibilitar un llamado “desahucio exprés” en caso de ocupación ilegal de viviendas o locales.

Estas medidas, de las que no sabemos cuál será el contenido final que tengan en su momento de aprobación definitiva, pueden, a pesar de estar bien intencionadas y buscar un buen funcionamiento del mercado del alquiler, presentar problemas constitucionales si son discriminatorias o plantean, tal como parece en principio, problemas con el principio de igualdad.

Legislar sin tener en cuenta el conjunto del Ordenamiento Jurídico, presenta esos peligros que, desgraciadamente, se pueden otear en el futuro de estas regulaciones legislativas.

Valentín Cortés

Martes 24 de Abril de 2018

Una declaración previsible

El diario digital www.europapress.es recoge hoy dos noticias que son complementarias, todo ello en relación con la posible malversación de caudales públicos en el llamado “proceso”. De una parte, parece que hay un informe de la Guardia Civil, que expone las sospechas de estos investigadores sobre la Interventora General de la Generalidad de Cataluña y la posibilidad de que ésta haya autorizado y firmado  alguna de las certificaciones periódicas que hace en relación con los gastos de la Generalidad que no responda a la verdad sobre los gastos incurridos y pagados por la Generalidad. La otra se refiere a unas declaraciones del Presidente del Gobierno donde expone lo que ya decíamos la semana pasada: que no hay contradicción entre las declaraciones del Ministro de Hacienda y las investigaciones del Magistrado Instructor del Tribunal Supremo y que, en todo caso, es a la Justicia la que le compete calificar y decidir sobre la malversación.

Leídas ambas noticias todo indica que en los próximos días es más que probable que el Magistrado llame a declarar a la Interventora, pues la sospecha de falsedad se agranda por momentos. En todo caso, la consecuencia procesal de todo esto es que el sumario quedará  mas contundente aún en cuanto al delito de malversación.

Valentín Cortés

Lunes 23 de Abril de 2018

La fraudulenta actuación de los políticos independentistas

La irresistible inclinación al fraude a la Ley que tienen los independentistas se manifiesta, de nuevo, por enésima vez, en los parlamentarios huidos que piden la delegación del voto en el Parlamento catalán.

Me gustaría que fuéramos conscientes que la delegación de voto está prevista para los casos de imposibilidad de acudir a la sesión del Parlamento y que en los casos del Puigdemont y, ahora, del Sr. Comín, la alegación de tal imposibilidad es claramente un fraude de Ley, pues bastaría que volvieran a España (a pesar de la euro-ordenes que se están tramitando, es decir, bastaría un acto de voluntad de ellos) para que cesara esa imposibilidad. Pues, las ordenes de no salir de los territorios de Bélgica, Alemania o Gran Bretaña dejarían de producir efecto en el mismo momento que manifestaran su voluntad de entregarse a las autoridades judiciales españolas. Sólo si se produjese, tras su vuelta a España su entrada posterior en prisión, cabria alegar la imposibilidad de acudir al Parlamento.

Piden la delegación del voto y, no me cabe duda, se les concederá en claro fraude a la Ley.

Valentín Cortés

Viernes 20 de Abril de 2018

La superioridad de la Justicia

Con las declaraciones del Ministro Portavoz, al terminar el Consejo de Ministros, que recoge www.europapress.es, podemos decir, las aguas vuelven a su cauce. Me refiero, como supondrán, al problema planteado ayer por el Ministro de Hacienda cuando venía a decirnos que la Generalidad catalana no había gastado dineros públicos en el llamado “proceso”, con lo que algunos podrían concluir, y concluyeron rápidamente, que el Ministro negaba la malversación de caudales públicos.

Ayer decíamos que el Magistrado Instructor, en definitiva, había pedido, a la “manera” procesal, una rectificación “pura y dura”; y hoy la tenemos: las afirmaciones se basan, nos dice el Portavoz, en los datos contables que maneja el Ministro que naturalmente, digo yo, en los delitos de malversación de fondos públicos, normalmente no se corresponden con la realidad. También nos dice el Gobierno, que es el Magistrado quien tiene que calificar y que al Gobierno sólo le queda dar la información pedida.

Rectificación y, por ende, manifestación de superioridad de la Magistratura.

Al ministro sólo le queda arreglar, si es que lo hay, el desaguisado político que ha originado; pero ese no es nuestro tema.

Valentín Cortés

Jueves 19 de Abril de 2018

Una petición de rectificación

Las declaraciones del Sr. Montoro manifestando que no se pagó por la Generalidad, con dinero público, acto alguno del llamado “proceso”, que son profusamente reproducidas por la prensa española, también recogen la advertencia del Ministro de que pudiera darse  que hubiese habido el caso de funcionarios conchabados para, en definitiva, falsificar o falsear determinadas facturas o disposiciones de dinero.

Si tenemos en cuenta esta advertencia del Ministro, parece claro que no existe contradicción alguna entre el resultado de la investigación sumarial y lo que manifiesta el Sr. Montoro, pues éste, en definitiva, está insinuando que lo que ha habido, además, es falsedades para cometer la malversación que deberían ser investigadas por el Tribunal Supremo o por el tribunal competente.

En último término, las declaraciones del Sr. Montoro no contradicen ni ponen en evidencia la investigación del Sr. Magistrado, sino que es esta investigación la que pone de manifiesto la contradicción y ponen en evidencia la manifestación del Ministro. En este sentido la providencia del Magistrado pidiendo aclaración al Sr. Ministro es una petición en toda regla de rectificación razonada, no tanto para salvar la resultancia de la investigación, como de salvar el éxito de la orden de detención europea por malversación de fondos.  Y eso es, en mi opinión, lo que tiene que hacer el Ministro.

Valentín Cortés

Miércoles 18 de Abril de 2018

Una estrategia equivocada

Lo que el Magistrado Instructor del Tribunal Supremo está llevando a cabo en estos días es lo que la doctrina ha llamado desde siempre declaración indagatoria (art. 388 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que se ha de practicar tras el procesamiento del acusado, antes de abrir el juicio oral. Como en todas las declaraciones que efectúa el acusado y, posteriormente, procesado, éste tiene derecho a manifestar cuanto tenga por conveniente para su exculpación o para la explicación de los hechos (art. 396 de la citada Ley).

Por lo que leemos en la prensa, los procesados por rebeldía no están tanto en la estrategia de exculparse, como en la de acusar al Magistrado Instructor (y de camino al Tribunal Supremo) de estar en connivencia con el Poder Ejecutivo, de impedir el ejercicio normal de las facultades del Parlamento catalán y de acusarles y perseguirles a ellos por sus ideas políticas; en otras palabras, de prevaricación continuada.

No se están, pues, defendiendo, sino están atacando injusta y calumniosamente al Magistrado Instructor y ello, naturalmente, antes que tarde, tendrá la respuesta jurídica adecuada. Por ahora, esa estrategia sólo les sirve para seguir en prisión, pues su voluntad de reiteración delictiva cada día es más clara. Y si buscan la finalidad política, pues, diría que estúpidamente (Cipolla dixit) se equivocan, pues para infligir un daño al Estado Español, se causan otro mucho mayor a sí mismos.

Valentín Cortés