Lunes 12 de Septiembre de 2016

¡Al final, resultará que estamos en una época revolucionaria!

Ya saben ustedes que yo sólo doy opiniones jurídicas. Esta también lo es, aunque me gustaría que fuera política

Si repaso mentalmente lo que me acuerdo del periodo revolucionario francés, posiblemente estarán de acuerdo conmigo que fue una época de gran protagonismo de la Asamblea, con algún que otro gran acierto, pero con unas dosis de ineficacia tremendas. Los otros dos poderes del Estado no tuvieron gran protagonismo, y bien que se notó.

En el momento actual español tenemos algo parecido.

Un Gobierno (Poder Ejecutivo) en funciones, sin poderes y, quizá, lejos de ser un verdadero ejecutivo. El Poder Judicial, difuminado, estancado en los tiempos judiciales, sin respuestas jurídicas a los problemas cruciales del momento, politizado, a pesar de que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo pueda sentirse “incómodo y dolido” (quizá porque ha olvidado que fue nombrado, indirectamente, por los partidos políticos en forma de Parlamento).  Y tenemos un Poder Legislativo inane, que lleva diez meses sin conseguir llevar a cabo su primera función (no elige Presidente de Gobierno), pero que convoca a un Ministro por una propuesta de nombramiento en un organismo internacional (Sr. Soria), propuesta que ya no existe, y que va a interrogar solemnemente a los Presidentes de Renfe y Adif por un accidente ferroviario (Porriño), de un tren portugués con maquinista portugués, que todo el mundo sabe que es un problema judicial.

Mutatis mutandi, ¡como la Asamblea revolucionaria, pero sin grandes aciertos!

Valentín Cortés

 

Viernes 9 de Septiembre de 2016

 

Mi posición( 2)

Estos meses de “singobierno” (que, por cierto, y de manera muy inteligente, me dice mi hija, desde el extranjero lejano, que es mejor que el “desgobierno”) nos han descubierto que tenemos un sistema constitucional y legal de elegir al Parlamento, para que a su vez elija al Presidente del Gobierno, que permite bloquear tal elección. Es decir, nuestro sistema legal y constitucional permite que la finalidad de las elecciones generales no se alcance en determinados supuestos. Dado el sistema de plazos establecidos para las elecciones generales, el periodo sin Gobierno (realmente, con funciones muy limitadas) se alarga, letalmente, mucho más allá de lo que permite ser socio de la Unión Europea y de lo que exige la protección de los intereses nacionales y ciudadanos.

Ante esta situación, lo que tiene que hacer el Estado es modificar el sistema constitucional y legal de elegir al Presidente de Gobierno por elecciones generales; habrá que modificar, entre otros, los arts. 68,69 y 99 de la Constitución, la Ley electoral y la Ley del Gobierno, buscando un sistema menos proporcional y más mayoritario con circunscripciones más pequeñas que la provincia, que no prime a los partidos que no tengan implantación nacional; que acorte los plazos necesarios en las elecciones generales y que limite mínimamente las competencias del Gobierno en funciones.

Esta es la reforma constitucional realmente importante que hay que llevar a cabo, si queremos tener un sistema legal que regule lo que se quiere regular, porque ley que no consigue, en ocasiones, alcanzar el objetivo pretendido por el legislador (en nuestro caso, formación de nuevo Gobierno) es una ley perversa, ineficaz e insuficiente.
¡No veo a los partidos políticos en esta línea!

Valentín Cortés

 

Jueves 8 de Septiembre de 2016

 

Mi posición (1)

De los problemas que atenazan a España, y que ayer enunciaba, en la entrada del nuevo curso, quiero exponer las que creo (aventuro) que serán las soluciones jurídicas que les dará el Estado.

En lo que se refiere al problema catalán, parece evidente que las autoridades de la región seguirán actuando, desarrollando actos parlamentarios y de gobierno inconstitucionales, en clara desobediencia al Tribunal Constitucional y en abierta violación de la Constitución.

La reacción del Estado no puede ser otra (aunque sólo sea por la única finalidad de preservarse de su descomposición), que aplicar la Ley. Ello llevará al encausamiento penal y destitución de las autoridades que trasgredan la Constitución, y la nulidad de aquellos actos tomados.

 Y si de lo que se trata es de propiciar una situación que provoque, a la postre, una ineficaz cadena de encausamientos penales, y de nulidades, el Estado no tendrá más remedio que aplicar el art. 155 de la Constitución y acabar con la autonomía de la región catalana.

Ante esa situación política que actualmente existe, esas decisiones son tan inevitables como su naturaleza estrictamente constitucional lo es. O se aplican y hay Constitución, o no se aplican y no habrá Constitución.

Valentín Cortés

Miércoles 7 de Septiembre de 2016

 

De vuelta

Ahora que comienza el curso quizá convenga, a los efectos de este blog, que recuerde, aunque sea con trazos gruesos, que el Derecho es un instrumento que nos hemos dado para regular situaciones y relaciones y para prevenir, evitar y solucionar conflictos.

Lo digo porque, después de dos largos meses de ausencia de este blog, España sigue teniendo los dos grandes problemas que dejamos: el problema catalán y el bloqueo institucional en la formación del Gobierno.

Para el problema catalán no existe más remedio que la aplicación de la Ley, incluso para modificarla (¡). Todo lo demás, se revista como se le quiera revestir, es la dejación del Derecho como instrumento de solución de conflictos y de regulación de situaciones y relaciones; es decir, el caos. La Fiscal General del Estado lo recordó ayer en la Apertura del Año Judicial, sólo falta que lo cumpla en todas las ocasiones que se presenten.

El bloqueo institucional no había sido previsto por el legislador, lo mismo que no había previsto que un Gobierno en funciones con las competencias que tiene dadas por Ley, difícilmente es compatible con nuestra integración y vida en la Unión Europea y con la vorágine económica y financiera de esta época.

De modo que lo primero que hemos de hacer es aplicar la ley, en el primer caso, y, en el segundo, regular un sistema que solucione los problemas de todo tipo que se pueden producir por el bloqueo institucional, que se me antoja difícil de prohibir, aunque relativamente fácil de evitar. Curiosamente no veo a los partidos políticos defendiendo esta solución.

Valentín Cortés

 

 

Miércoles 7 de Septiembre de 2016

 

De vuelta

Ahora que comienza el curso quizá convenga, a los efectos de este blog, que recuerde, aunque sea con trazos gruesos, que el Derecho es un instrumento que nos hemos dado para regular situaciones y relaciones y para prevenir, evitar y solucionar conflictos.

Lo digo porque, después de dos largos meses de ausencia de este blog, España sigue teniendo los dos grandes problemas que dejamos: el problema catalán y el bloqueo institucional en la formación del Gobierno.

Para el problema catalán no existe más remedio que la aplicación de la Ley, incluso para modificarla (¡). Todo lo demás, se revista como se le quiera revestir, es la dejación del Derecho como instrumento de solución de conflictos y de regulación de situaciones y relaciones; es decir, el caos. La Fiscal General del Estado lo recordó ayer en la Apertura del Año Judicial, sólo falta que lo cumpla en todas las ocasiones que se presenten.

El bloqueo institucional no había sido previsto por el legislador, lo mismo que no había previsto que un Gobierno en funciones con las competencias que tiene dadas por Ley, difícilmente es compatible con nuestra integración y vida en la Unión Europea y con la vorágine económica y financiera de esta época.

De modo que lo primero que hemos de hacer es aplicar la ley, en el primer caso, y, en el segundo, regular un sistema que solucione los problemas de todo tipo que se pueden producir por el bloqueo institucional, que se me antoja difícil de prohibir, aunque relativamente fácil de evitar. Curiosamente no veo a los partidos políticos defendiendo esta solución.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 30 de Junio de 2016

 

El descanso necesario

Mi irrefrenable pasión universitaria, que conservo al menos en las cosas buenas, me tiene convencido que un profesor, que es lo que al final soy, tiene que descansar si no es que quiera agotar a los que lo oyen o le leen, como ustedes hacen, me imagino, todos los días.

Si a esto se une el sesteo que se va apoderando de mi principal fuente, por cierto inagotable, de asuntos que comentar, que son los jueces, y puesto que los partidos políticos, otra gran fuente de opiniones, están enfrascados en vetos varios que posiblemente no puedan mantener durante mucho tiempo, no me queda más remedio que seguir la costumbre de años anteriores, por lo que me doy y les concedo vacaciones de estas opiniones jurídicas hasta el día 7 de septiembre próximo.

Que sean felices y descansen también de otras actividades, seguro, más pesadas que esta de seguirme.

Valentín Cortés

Miércoles 29 de Julio de 2016 

La justicia, lenta, inexorable y, a veces, benévola.

Ante la decisión del Juez de acusar de la comisión de los delitos de prevaricación y desobediencia al Sr. Mas y compañía por la realización del referéndum ilegal y prohibido por el Tribunal Constitucional, es curioso que, por parte de las autoridades de la Generalidad catalana, no ha habido crítica jurídica, lo que se daba por descontado, ni siquiera política; sólo ha habido descalificación, pues desde afirmar que, desde “las cloacas del Estado”, se impide la libertad de los catalanes hasta las expresiones más denigrantes que jamás hemos podido oír de la actuación de los jueces, todo es descalificación de uno de los Poderes del Estado, por tanto del Estado de Derecho.

Realmente, son autoridades, las acusadas, que no merecen serlo de este Estado, que tiene una Justicia acorde con lo que es un Estado de Derecho, que es lenta, y que a veces, como esta, es benevolente, porque, dándose por probado que la Generalidad ha pagado determinados gastos y costes de la “operación referéndum”, no se entiende jurídicamente que no estén, esos señores, acusados de malversación de caudales públicos.

Como la Justicia es también inexorable, estoy convencido que se les castigará y que,  al final, el Estado de Derecho expulsará a los ahora acusados de la vida pública( prevaricación y desobediencia) y, no sabemos, si les privará de libertad( malversación), que dicen, ahora, que la Justicia quita a los catalanes.

Valentín Cortés