Viernes 17 de Junio de 2016

El evanescente lenguaje jurídico de los políticos.

Lo más importante de la Ciencia del Derecho es que los conceptos que maneja, si se quiere conseguir con la norma jurídica la certeza y seguridad, no pueden ser equívocos, sino que tienen que ser unívocos.

El político usa el lenguaje jurídico o meta jurídico según le conviene, dándole en cada caso el significado que le interesa. Mucho hemos hablado del acusado, imputado, investigado, procesado, conceptos tan manoseados que ya no sirven para nada, ni designan nada: todo depende de lo que quiera el político de turno en el momento.

Ahora, el Sr. Rivera ha introducido para acompañar al concepto corrupción -(al que también han relativizado los políticos, pues sólo es corrupto quien se lleva el dinero, no quien malversa, lo distrae para sus fines políticos, y un largo etc.)- otro concepto tan evanescente que es imposible aprehenderlo, pues es tan subjetivo, que incluso la misma persona puede utilizarlo por la mañana con un contenido y por la tarde con el contrario. Ha dicho (pueden leerlo en toda la prensa digital de hoy) que no facilitará el Gobierno a Rajoy ni a nadie del PP que estén bajo sospecha de corrupción.

Me parece muy bien que el Sr. Rivera haga lo que quiera, pero creo que no debería utilizar ese lenguaje que, más que dar certeza y seguridad jurídicas, nos pone ante la arbitrariedad más solemne que jamás haya podido oír. Me puedo preguntar qué entiende el Sr. Rivera por corrupción y qué entiende por sospecha; posiblemente lo que le convenga en cada momento.

Valentín Cortés

 

Miércoles 16 de Junio de 2016

Las multas según  Podemos

Podemos, el partido político de extrema izquierda, ha propuesto (lo leo en www.expansion.com) que las multas de tráfico se acompasen a la capacidad económica del infractor;  según este esquema, si un insolvente conduce a 120 km por hora por la calle Alcalá de Madrid, su multa será cero €, y se elevaría según fuera el patrimonio del infractor. Con  esta invención sancionatoria, los insolventes vivirían en un limbo circulatorio, por no decir en el cielo; y los solventes, contra más lo fueran, más se hundirían en las profundidades del infierno ardiente.

Con este sistema no se sanciona la infracción de tráfico, sino la capacidad económica del conductor, que es una extraña manera de establecer un régimen de sanciones.

Además de las dificultades de tramitación de las multas de tráfico (¡habría que cubrir el engorroso trámite de verificación del patrimonio del sancionado!), el sistema debería resistir el examen sobre si realmente  cumple la finalidad de todo sistema sancionatorio, que no puede ser castigar al rico y proteger al pobre, sino imponer una pena por la comisión de hechos sancionables.

Nada que ver esto con la posibilidad que tienen los jueces, cuando hay delito, de modular la multa, de un mínimo a un máximo, según las circunstancias, subjetivas y objetivas,  del caso.

¡Cosas veredes. . .”

Valentín Cortés

Miércoles 15 de Junio de 2016

El informe del Fiscal

En las conclusiones finales que ha hecho el Fiscal Horrach en el proceso penal de la Infanta (está en toda la prensa digital, y hay un buen resumen en www.larazon.es) se hace una dura crítica a la instrucción llevada a cabo por el Juez Castro.

El tema de la actuación de los jueces de instrucción, o de algunos, sería mejor decir, requeriría grandes debates doctrinales; son actuaciones que, posiblemente por una deficiente regulación legal, tienden a la sobreactuación, motivada por los juicios paralelos (lo que denuncia el Fiscal), por la irresistible atracción que debe producir la popularidad que otorga la prensa amarilla, y por el poder, de hecho irresponsable, que la ley otorga a estos jueces, lo que convierte al Estado de Derecho, en palabras del fiscal, en un inadmisible “reino de taifas procesal”: cada uno hace y deshace a su manera, sin alcanzar la igualdad que es un principio básico de la Justicia y su Administración.

Pero lo más importante que ha dicho el Fiscal, criticando al Juez es esto:” en el sistema penal no puede haber resoluciones que cobijen convicciones personales”; porque la instrucción, digo yo, se basa en los indicios razonables de criminalidad, y el juicio en la prueba de hechos criminosos atribuibles al acusado. La actuación judicial por corazonadas, estuvo sólo bien, hace ya muchos años en el siglo pasado, en Estado Unidos y únicamente para los defensores del movimiento jurídico realista.

Valentín Cortés

Martes 14 de Junio de 2015

 

La justicia mediatizada

Hoy, toda la prensa digital recoge la noticia que la Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias al Arzobispo de Valencia por la comisión de un posible delito de odio  con ocasión de un sermón en un acto religioso.

Ya sabemos que el Arzobispo de Valencia es Cardenal de la Iglesia Católica, con lo que la Justicia española, incluyendo en ella a la Fiscalía, ha alcanzado el mérito y el hito de estar investigando a múltiples, variados y encumbrados segmentos de personas y de la sociedad, merito que pocos Estados civilizados han conseguido. ¡En esto somos campeones!

Como lo somos en no respetar el secreto que la Ley impone a las diligencias de investigación; pero, quizá sea esa una de las finalidades que se persigue al proponerlas, por eso es inevitable pensar en la mediatización de la Justicia, que ¡menudo flaco favor le hace!

Valentín Cortés

Lunes 13 de Junio de 2016

El debate de esta noche en TV

Esta noche veré el debate en TV.

Lo veré, pero no para saber quién ha ganado,- que creo poca importancia puede tener para la inmensa mayoría de españoles, pues ya tienen su voto decidido, a pesar de lo que diga el CIS,- sino para verlo como observador jurídico que, no es que crea que en el Derecho está toda la solución de nuestros males, pero sí cree que son necesarias reformas constitucionales y legislativas importantes para evitar que en España se produzca una nueva situación de parálisis, como ésta que hemos vivido en los últimos seis meses, y que igualmente posibilite vías, no traumáticas, preventivas acaso, que permitan un control, efectivo, de la desobediencia de las autoridades de las Comunidades Autonomías y de los Ayuntamientos a la legislación vigente.

Me imagino que cada uno podríamos tener una solución a estos dos temas cruciales para la España de hoy, por eso no tiene siquiera sentido que avance las mías (sobre los que ya me pronunciado muchas veces en este blog), pero tengo curiosidad por saber si para alguno de los aspirantes a gobernarnos estos temas merecen su atención en el debate.

¡Ya veremos!

Valentín Cortés

Viernes 10 de Junio de 2016 

El mercado de deuda

La cada vez más inmensa cantidad de dinero ( www.expansion.com de hoy habla de una cifra de más de 15.000 billones de $ US) que está en el mercado de deuda a tipos negativos, con plazos que pueden llegar hasta los 20 años, plantea a los economistas gravísimos problemas que ellos sabrán cómo se arreglan, pero que para un  profano como yo se me antojan muy difíciles e irresolubles.

Para mí, como jurista, este tema me plantea problemas que pueden hacer revisar conceptos jurídicos que nos pueden parecer muy asentados desde hace muchos cientos de años. Ello viene dado porque el dinero, parece, ha dejado de ser para todos esos “adinerados” un bien fungible que nos permite comprar cosas, derechos o servicios, porque para ellos es sólo objeto de depósito y guarda (con esa finalidad de seguridad lo entregan a los Estados), cuando, paradójicamente,  quien lo recibe (los Estados sedientos de dinero) lo van a utilizar para comprar y dar derechos, cosas, servicios, todo lo contrario a la seguridad que persigue el depositante. Se utiliza, pues, un instrumento jurídico equivocado.

A lo mejor tiene razón Bill Gross cuando dice que esa burbuja explotará como una supernova.

Valentín Cortés

 

 

Miércoles 9 de Junio de 2016

El Tribunal de Justicia Europeo y los derechos de autor

Mi entusiasmo por la jurisprudencia Tribunal de Justicia Europeo es más bien escaso, quizá porque sus resoluciones están dictadas desde la lejanía y, creo yo, poca justicia se hace cuando el juez es lejano, incluso a la cultura del país afectado.

Ahora, por lo que he leído en la prensa digital de hoy, el Tribunal declara contrario a la normativa europea la ley española que establece que el canon por copia privada de obras intelectuales se pagaría con cargo a los presupuestos del Estado; parece ser que el sistema español, según el Tribunal, no garantiza que, al final, el canon repercuta en quien utiliza la copia privada.

Realmente la legislación española en materia de derechos de autor tiene como uno de sus fines recompensar al autor por las copias privadas de su obra, sin fines comerciales. Esta sentencia, pondría el acento en que el copista privado(es decir, legal) pague por ello, y como eso no se garantiza por la Ley, la declara contraria a la legislación comunitaria, según las noticias de prensa.

Posiblemente, con esta idea filosófica será difícil que los Estados puedan hacer presupuestos normales, contemplando partidas presupuestarias que asuman el coste del ejercicio de determinados derechos por algunos ciudadanos concretos: por ejemplo, no veo que sea posible eliminar ningún tipo de tasa y sería imprescindible aumentar el presupuesto por tasas varias. ¡Mientras tanto, las copias no se pagaran al autor de la obra!

Valentín Cortés