Lunes 16 de Junio de 2014

 

Un referéndum abierto a los extranjeros menores de edad.

 

Un tal Sr. Bosch que, según www.larazon.es, es Director General para la Inmigración del Gobierno catalán, ha manifestado, al parecer, que en el referéndum secesionista podrán votar todos los extranjeros que viven en Cataluña mayores de 16 años: “Como estamos hablando de futuro y tenemos que decidir qué futuro queremos para nuestro país, es importante que todo el mundo que vive en Cataluña, que tenga más de 16 años, tenga opción de decidir”.

Lo traigo a colación porque todavía hay un sector de la clase política que habla de buscar una vía de “consulta legal”, lo que, además de ser imposible sin cambiar la Constitución, parece que no es querido por los promotores del referéndum, pues de otra manera no cabe explicar tantas contradicciones jurídicas y conceptuales en la manifestación del Sr. Bosch. Si hasta ahora (¡?) era la soberanía nacional la que parecía más afectada( art 1.2 de la Constitución), ahora también lo están el art 12 (mayoría de edad) y 13.2( inexistencia del derecho de referéndum para los extranjeros).

Valentín Cortés

Viernes 13 de Junio de 2014

 

Quien siembra vientos. . .

He leído en la edición de Madrid del diario ABC que “una juez avala gastar dinero público en el secesionismo”.

Digo lo de sembrar vientos, porque esta Juez no es de carrera sino sustituta; es decir, alguien que desempeña las funciones de juez sin serlo, cubriendo una plaza que no está dotada o que cubre una sustitución. A estos jueces sustitutos (me duele decirlo), de dudosa capacidad jurídica, ( pregunten a los abogados) se les nombra con unos criterios de lo que es responsable el Consejo General del Poder Judicial. Cabe decir que, mientras tanto, existen decenas de jueces que han sacado sus oposiciones que están en situación de expectativa porque no se les utiliza ni para las vacantes ni para las sustituciones.

Para esta “juez,” que admite que un Ayuntamiento dedique dinero público a promover la independencia, porque promover la “identidad de los ciudadanos es competencia de los Ayuntamientos y no hay nada más próximo al concepto de identidad que el proceso soberanista, pues lo que busca es dotar de una identidad propia a la comunidad catalana, identidad nueva y diferente a la existente hasta ahora”, solo cabe pedir que la tempestad (política, que nó jurídica)en la que se ha convertido la aleje para siempre de la judicatura.

Valentín Cortés

Jueves 12 de Junio de 2014

 

El recurso por el PSOE, ante el Tribunal Constitucional, de la Ley llamada de justicia universal.

He leído la noticia en www.elmundo.es.

Es claro que no he leído el recurso y que la noticia está basada en las declaraciones que ha hecho la Sra. Doña Soraya Rodriguez, que tiende como es sabido a la hipérbole. Por tanto, confieso mis limitaciones.

Entre las razones que se ofrecen de la inconstitucionalidad de la Ley están el hecho de que una ley obligue a los jueces a sobreseer un procedimiento (disposición transitoria); y que se aplique a procedimientos ya en marcha (también, disposición transitoria). Eso parece, según el PSOE, que viola el derecho a la tutela efectiva (art. 24 de la Constitución).

Yo quiero recordar que una Ley (art. 675 Ley de Enjuiciamiento Criminal) obliga a los jueces a sobreseer libremente cuando el Gobierno, por ejemplo, dicta un decreto de indulto.

También quiero recordar que las disposiciones transitorias procesales no pueden establecer efectos retroactivos (art. 2 Ley de Enjuiciamiento Civil); pero, en este caso no es así, porque solo se aplica, naturalmente a procesos en marcha, pero en los que todavía no se ha producido la acusación y formal apertura del juicio oral. Sólo en este supuesto cabría hablar de aplicación retroactiva de la Ley.

Valentín Cortés

Miércoles 11 de Junio de 2014

El Magistrado Enrique López

 

He leído en www.elconfidencial.com que el Consejo General del Poder Judicial admitirá el reingreso del magistrado Sr. López en el puesto que ocupaba como tal en la Audiencia Nacional antes de que fuera nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional. Como sabemos, tras una denuncia de conducción bajo los efectos del alcohol y otras imprudencias (admitidas todas ellas), el Sr. López dimitió como Magistrado del Tribunal Constitucional.

La Justicia (no me cansaré de repetirlo) está tan deteriorada que asistimos a una situación que, como dirían los castizos, no tiene un pase: se dimite por esas razones del puesto de Magistrado del Tribunal Constitucional y se pide el reingreso en la judicatura en la Audiencia Nacional. Y lo malo es que la ley, y las circunstancias, lo permiten. Quizá haya que cambiar la ley en esto y en el sistema de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Valentín Cortés

Martes 10 de Junio de 2014

Otra vez sobre la Ley de Abdicación de Don Juan Carlos I.-

No me importa opinar otra vez sobre esta Ley, dada la importancia que tiene.

He leído en www.elmundo.es que el grupo parlamentario socialista se ha reunido hoy y ha decidido votar para aprobar el proyecto de Ley; dicen que ahora no se trata de decidir sobre Monarquía o Republica, porque la abdicación es solo un camino jurídico (constitucional) para la sucesión. Están en lo cierto.

Los que se oponen a la Ley lo que votan, en realidad, es oponerse a que el Rey abdique en su hijo, que es el heredero según la Constitución. Por eso deberían en el debate de mañana exponer las razones ad hominem referidas al Príncipe, pero también al Rey (por ejemplo, incapacidad)(no existen otras razones dentro de la Constitución) que les hacen tomar esa decisión. Cualquier explicación fuera de esos límites (que es lo que se espera) no es jurídicamente correcta y, como no cabe política fuera de la Constitución, sería inconstitucional.

Ni siquiera situarse fuera de la Constitución explica la decisión de aquellos que se van a abstener.

Valentín Cortés

Lunes 9 de Junio de 2014

 

El presidente del Congreso habla del aforamiento del Rey.

En www.europapress.es se recogen las declaraciones de esta mañana del Presidente del Congreso a la COPE, en relación al aforamiento del Rey.

Lo que me interesa destacar es que esta alta autoridad del Estado no tiene empacho en manifestar, más o menos directamente, que no está seguro de que cualquier juez no acepte a trámite una querella que se pudiera interponer contra el actual Rey por actos realizados durante su reinado. No tiene la menor duda de que esto no lo haría el Tribunal Supremo que, sin duda, sería, en su caso, el Tribunal de aforamiento para el hoy Rey.

Lo grave no es solo que esto lo diga el Presidente del Congreso, sino que lo piensen sectores cada vez más  numerosos de la sociedad jurídica española. En otras palabras, todos ellos piensan que hay jueces que están dispuestos a prevaricar, pues eso sería admitir a trámite una querella contra el hoy Rey por actos realizados durante su reinado.

¡Triste imagen de la justicia!

Valentín Cortés

Jueves 5 de Junio de 2014

 

Los organismos oficiales que informan a los órganos judiciales.

Leo en la prensa digital, en todos los medios que he consultado, críticas de parte a los informes que ciertos organismos oficiales han proporcionado a distintos órganos judiciales.  Hoy toca el turno, en el caso de los ”papeles del Sr. Bárcenas” a un Informe de la Agencia Tributaria y a otro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF);y, en el caso del accidente del AVE de Santiago, se hace mención a un informe sobre las causas del accidente de la Comisión de Accidentes Ferroviarios(CIAF).Todos, organismos dependientes del Gobierno.

No seré yo quien ponga en duda la honestidad y seriedad de todos y cada uno de los informes que se emiten y que tienen por destinatarios a los jueces españoles, en base a los cuales se imputa o se condena y, también, se absuelve a los acusados.

Pero, dada la trascendencia e importancia de los informes de esos organismos y otros, parece que se debería regular legalmente su funcionamiento, composición y nombramiento de sus miembros, para que no fuera posible hacer la crítica que siempre se hace de ellos: que son parciales y que se mueven por órdenes o simpatías o antipatías personales o políticas. La Administración de Justicia no se lo merece.

Valentín Cortés