Viernes, 14 de Junio de 2013

 

Otra vez a propósito del juez Silva

 

Ha dicho en una conferencia, lo recoge toda la prensa, que se siente muy presionado.

Es evidente que debe acudir al Consejo General del Poder Judicial para pedir amparo (art. 14 Ley Orgánica del Poder Judicial). No sé si lo ha hecho y ha concretado las presiones que siente se ejercen sobre él.

Pero parece claro que no debe, en el marco de una conferencia en un foro público, hablar de lo que le está ocurriendo en un sumario que lleva adelante.

Esto lo puedo decir yo, o cualquiera de ustedes que me están leyendo, pero no creo que lo pueda decir, en una manifestaciones a la prensa, un magistrado del Tribunal Constitucional, que posiblemente, dado que lleva 24 horas en el cargo, aún no ha comprendido que no debe opinar sobre los Poderes Estatales sino en el ejercicio de sus funciones (art. 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).

Valentín Cortés

 

Jueves, 13 de Junio de 2013

La aplicación de la ley del embudo.

He leído en www.abc.es que la Audiencia Provincial de Mallorca no considera digno de reproche penal que un  señor, que por lo visto es sindicalista, haya dicho que el presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares es un chulo, un fascista, un gilipollas, un  prepotente y un sinvergüenza.

Creen los jueces, y así lo dicen en su resolución, que “la carga de asumir la crítica severa, dura e incluso inconveniente se impone en una sociedad democrática a quienes se ven involucrados en actividades públicas como ocurre en el caso aquí enjuiciado”.

No seré yo quien les enmiende la plana a los señores Magistrados y no les voy a recordar la existencia del art. 543 del Código Penal, que, curiosamente, habla de ofensas o ultrajes de palabra como delito que lleva aparejada una sanción penal. Puede ser que yo esté trasnochado y que entienda como ofensa y ultraje lo que no lo es.

Pero lo que no es admisible es la falta de sentido común de que hacen gala, con cierta frecuencia, algunos de nuestros jueces, porque decir que la democracia obliga a un Presidente de Comunidad  Autónoma soportar esa retahíla de insultos ofende a la inteligencia. Por eso, ya he dicho muchas veces que en las oposiciones a judicatura, además del Código Penal y demás leyes, había que enseñar sentido común.

¿Impone la democracia que un juez soporte que en un justiciable le llame en la Sala chulo, fascista, gilipollas, prepotente y sinvergüenza?

Pues, eso.

Valentín Cortés

 

Miércoles, 12 de Junio de 2013

 

Las preferentes y la criminalización de la actividad mercantil

 

El día 31 de Mayo pasado ya hablábamos de este tema comentando una decisión de la Sala de Audiencia Nacional que obligaba al Juez Sr. Andreu a admitir a trámite las querellas que se interpusieran por motivo de la emisión y comercialización de las obligaciones preferentes en Bankia.

La prensa se hace eco hoy de que el citado Juez investigará los hechos querellados. Es evidente que el Juez, que antes creía que los hechos relatados no constituían delito, lo sigue creyendo ahora; por eso antes, de acuerdo con el art. 313 Ley de Enjuiciamiento Criminal, desestimó la admisión a trámite de la querella. Por eso ahora (lo cuenta con detalle www.eleconomista.es empresas-finanzas), obligado por la Sala, la admite a trámite pero dice con toda claridad que eso no significa imputación alguna, que está cerca de la postura del fiscal que no ve delito alguno y, viene a decir, pienso yo que “obligado” por la Sala, que por esta vez debe ceder el principio de que lo que se puede arreglar por la vía civil o mercantil no debe conocerse en vía penal. Por cierto, sabio principio que evita la criminalización de la vida societaria y mercantil.

Ya criticamos la decisión de la Sala que, nos parece, estaba más movida por lo que ayer decíamos que eran los efectos perniciosos de la judicialización de nuestra sociedad. Al final, la Justicia no está para sintonizar con lo que se siente en la calle en un momento dado, sino para aplicar la Ley al caso concreto, aunque la Ley no nos guste y no sintonice con la calle.

Valentín Cortés

 

Martes 11 de Junio de 2013

 

Un país judicializado

 

La noticia que da www.eleconomista.es en su edición de hoy no por intuida es menos desesperante. Parece que en España se están conociendo judicialmente 300 casos de corrupción, en 144 investigaciones que involucran, según el medio de comunicación, más de 1.200 millones de €, cifra en la que  valora el blanqueo de capitales, malversaciones de caudales públicos o desvíos de fondos que están afectados por estos casos.

Esto indica, --además de un altísimo grado de corrupción que se adueñó, principal pero no exclusivamente, de la clase política en la época en la que “éramos ricos”,-- que tenemos a la sociedad política judicializada.

El problema es que, según mi criterio, esta judicialización no es asumible por los Tribunales, pues no están preparados técnicamente para investigar tanto delito económico (los jueces, por ejemplo, desconocen por lo general qué es un balance), ni tienen los medios para ello, medios que le vienen necesariamente del Poder Ejecutivo (Estado y Autonomías). Además de producir un efecto, inevitable pero perverso, cual es que los jueces se acaban convirtiendo en componedores y reparadores de desastres políticos o en fustigadores de partidos políticos.

Mala situación.

Valentín Cortés

 

 

Lunes 10 de Junio de 2013

 

La Comisión Nacional de la Competencia y los procuradores

 

Leo en www.elconfidencial.com que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha hecho, me imagino, el preceptivo informe sobre el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil y ha arremetido contra los procuradores, de los que pide su eliminación o, en su caso, que las funciones del procurador las puedan hacer  otros profesionales a elección del litigante.

El informe parte de una mala información, porque figuras parecida al procurador, por ejemplo, las hay en Reino Unido y Francia. Olvida que el procurador es un representante profesional de la parte ante el Juez y en el proceso. Los conocimientos técnicos sobre el proceso no son fácilmente asimilables, lo que justifica que el Derecho se preocupe de que las partes tengan un representante técnico y profesional. Cuestión no baladí, por cierto.

Dice la CNC que se abaratarían costes: estaría  de acuerdo si no hubiera una cosa que se llama “coste de oportunidad”, que habría que aplicar al ciudadano y al Estado.

Y si, al final hay que elegir a un representante procesal (como parece que está dispuesta la Comisión a conceder), qué razón hay para no elegir al profesional. Yo que llevo  44 años siendo abogado no me atrevería a hacer las funciones del Procurador y si las hiciera ¿qué razón habría para no cobrarlas?

Espero que el Anteproyecto no vaya por el camino que indica la CNC.

Valentín Cortés

 

Viernes 7 de Junio de 2013

La responsabilidad de los jueces

Los medios de comunicación han puesto de manifiesto hoy la posible prevaricación del Juez Silva, por el auto de prisión del Sr. Blesa, y la posible preparación de una querella por el Ministerio Fiscal. No se si es verdad o no la segunda noticia y la opinión sobre la prevaricación requiere un estudio profundo de la causa para poder emitirla. Yo no tengo esa información.

A lo que voy, y lo he dicho muchas veces en mis clases en la Universidad, en conferencias, mesas redondas y publicaciones, es que la deficiente y corporativa regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la responsabilidad administrativa y civil de los jueces  hace que estos se sientan irresponsables y que, dadas algunas personalidades, se tienda al abuso sin importarles las consecuencias, pues nadie se las exige. Hasta que el abuso es tanto que se llega a la prevaricación.

Lo que hoy pone de manifiesto la prensa es sintomático de que la sociedad también piensa que la única manera “de meter en cintura a los jueces” es echarlos de la carrera mediante la querella y condena por prevaricación. Pero tristemente es así: el corporativismo y una legislación ad hoc, para que al justiciable le sea casi imposible exigir responsabilidad a los jueces, han propiciado este desastroso fenómeno. Por eso algunos piensan que la única manera de que el Sr. Silva responda de sus actos es la prevaricación declarada y condenada. ¡Entre el blanco y el negro hay muchísimos matices!

Valentín Cortés

Jueves,6 de Junio de 2013

El fiscal y el principio de legalidad

Con las actuaciones que ha tenido el Ministerio Fiscal en los casos de la Infanta Elena y del Sr. Blesa algunos medios de comunicación han puesto de manifiesto la discordancia entre el Juez y el Ministerio Fiscal y hay una especie de insinuación de que el Ministerio Fiscal, siguiendo, quizá, indicaciones del Poder Ejecutivo, favorece a los “ricos” y “poderosos”.

Desconocen estos medios que el Ministerio Fiscal es defensor de la legalidad y que no se mueve bajo el principio de oportunidad, sino bajo el de legalidad. Si la legalidad le lleva a creer que es no imputar o no enviar a prisión, el Fiscal debe defenderlo y mantenerlo y debe enfrentarse al Juez.

Los medios de comunicación deberían hacer cursillos de formación jurídica y no juzgar todo con sectarismo ignorante, porque de esa manera unas veces el fiscal es “bueno” y otras veces “esta vendido al poder ejecutivo”,aunque sea la misma persona.

¿ Por qué no respetamos a la Justicia y dejamos que la legalidad, que puede ser diferentemente interpretada, sea definida por los que conformen a la Ley son los competentes para ello?

Posiblemente  a los que están en esa posición les importa un bledo la Justicia.

Valentín Cortés