Martes 4 de Noviembre de 2025

La moratoria legal del desahucio de viviendas

Leo en www.abc.es un amplio reportaje (basado en distintas fuentes) sobre la existencia de unos 60.000 desahucios pendientes de ejecución judicial producidos por las distintas prorrogas que se han venido haciendo de la moratoria que, con ocasión del covid.19, se estableció en nuestra legislación.

En otras ocasiones he opinado sobre los efectos perversos que ello ocasiona en el mercado de la vivienda, determinando que el sector privado se haya inhibido claramente de poner viviendas en arrendamiento y el mercado hipotecario sufra distorsiones graves. Es un problema económico y social, pero indudablemente tiene su base y nacimiento en una desacertada legislación que sustituye obligadamente la acción del Estado por la de los particulares en materia de vivienda (que tenía explicación con motivo de la crisis económica en los meses de covid, pero que ahora lejos de proteger globalmente al débil lo castiga con un encarecimiento brutal de la vivienda).

Pero junto a ello, lo realmente grave, desde el punto de vista constitucional, es que se está negando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución) de una multitud de personas que ven como sus derechos de propiedad o de crédito no se protegen judicialmente, pues el derecho del propietario que sufre el impago del arrendamiento, o el derecho de propiedad del que tiene su vivienda ocupada o  el de la entidad crediticia que no cobra su crédito hipotecario, si no se ejecutan las sentencias de desahucio, quedan sin tutela judicial. Todo ello con el agravante de que el Estado no indemniza adecuadamente esta “expropiación” del derecho fundamental y utiliza a los ciudadanos para llevar a cabo lo que debería ser asistencia pública o simplemente desarrollo de políticas públicas de viviendas.

Valentín Cortés