Lunes 30 de Septiembre de 2024

Una nueva decisión del Tribunal Supremo sobre la inaplicación de la amnistía a los condenados independentistas por malversación de fondos.

No se trata de una repetición de los argumentos que se dieron en su día en la resolución recurrida, sino de la refutación de los argumentos empleados ahora por los recurrentes no amnistiados. Y en este sentido, estamos ante una pieza jurídica extraordinaria (puede verse un resumen en la prensa digital de hoy) en la que se exponen de forma muy clara y sencilla en qué consiste la interpretación de la ley, como parte de la aplicación del Derecho al caso concreto, que es la función esencial de los jueces y tribunales. Esta interpretación, nos viene a decir el Tribunal Supremo, no es labor ni del Parlamento, ni de los políticos, ni de los interesados en el tema, ni puede maniatarse en los límites, sean los que sean, en los que se mueva eso que los recurrentes llaman “voluntad política”, porque, ensimismados  en una mezcla de ignorancia jurídica y de arrogancia política, no han entendido que en la Jurisdicción no existe la “voluntad política”, sólo existe la Ley que emana del Parlamento, que, como tantas veces hemos dicho en clase y en este blog, no es lo que el legislador dice que es la ley, sino lo que se deduce de los términos de la misma; obviamente es, pues, una labor exclusiva y esencial del orden jurisdiccional.

Si en la resolución recurrida era difícil encontrar argumentos para anularla ante el Tribunal Constitucional, mucho me temo que los ahora recurrentes, y mañana recurrentes al  Tribunal Constitucional, han puesto más difícil aún que se pueda anular la decisión del Tribunal Supremo de excluir la malversación de fondos  llevada a cabo por los condenados.

Valentín Cortés