Miércoles 12 de Abril de 2023

Ferrovial y el Gobierno

La interferencia directa e indirecta que el Gobierno está manteniendo en la Junta de Accionistas de Ferrovial que, en su caso, decidirá el traslado del domicilio a los Países Bajos, es noticia económica de primer orden en la prensa de dias pasados y de hoy mismo, pero tambien jurídica; y en este campo, pues, es donde opinamos.

Desde un punto de vista muy básico, podemos decir que el Gobierno es quien dirige la economía general de España y me parece claro que de los arts. 38 y 39 y siguientes de la Constitución cabe deducir que esa organización y planificación de la economía general permiten al Gobierno, siempre a través de leyes y disposiciones legales, llevar, además, a cabo actividades de control y de imposición, en su caso, de sanciones a los actores económicos de este país.

Desde este enfoque general, tengo grandes dudas en sí, dentro de toda esa panoplia de posibilidades y deberes que tiene el Gobierno, está la de presionar, en este caso, a los accionistas de Ferrovial a la toma de una decisión concreta en esa Junta General próxima. Creo que no puede. Si el Gobierno, obviamente, no puede impedir esa Junta con ese orden del día (no lo impide la Ley) tampoco puede presionar, de la manera que se está haciendo, a los accionistas advirtiéndoles de consecuencias futuras de sus actos libérrimos. Está de más decir que el derecho de voto es plenamente dispositivo y que cada uno es responsable de lo que hace o no hace; y si la sociedad se equivoca tomando una decisión, o viola la ley, es en ese momento donde el Gobierno debe intervenir si es que la ley le permite llevar a cabo alguna resolución en concreto. Todo lo demás, me parece que es, al menos desde el punto de vista de este blog, una extralimitación del Gobierno en sus competencias legales y constitucionales. Lo que no es óbice para que el Gobierno trate de convencer a Ferrovial de las ventajas, en su caso, de quedarse en España, lo que, me imagino, ya habrá llevado a cabo.

Valentín Cortés