Lunes 24 de Enero de 2022

La encrucijada constitucional del Gobierno

El dictamen claramente negativo sobre el proyecto de Ley de la Vivienda, que el Consejo General del Poder Judicial va a aprobar próximamente (y del que hoy habla toda la prensa), no puede ser despachado por el Gobierno con la indiferencia que marca la afirmación, proveniente de éste, de que el dictamen no es vinculante, sino sólo consultivo. Porque, lo que el Consejo General del Poder Judicial afirma y argumenta solidamente es que el proyecto de Ley del Gobierno, amén de otras cuestiones de difícil encaje en la Constitución, regula materias (el núcleo del Proyecto) que entran de lleno en las competencias de las Comunidades autonómicas (vid. nuestra opinión del lunes 17 pasado).

Decir que el dictamen es consultivo no arregla la posible inconstitucionalidad del proyecto de Ley y, quiera o no, el Gobierno tendrá que tomar la decisión de oír al Consejo, asumiendo los errores evidentes y arreglándolos,  o situarse, una vez más, en la órbita exterior de  la Constitución. El coste jurídico( por no hablar del político o económico) de tal decisión es inmenso para el futuro, pues introducirá en el importante mercado de la vivienda, y de su uso, una inseguridad jurídica que se mostrará desde el inicio, pues asistiremos no sólo al planteamiento de diversos recursos de inconstitucionalidad, sino a inevitables y continuos planteamientos de cuestiones prejudiciales de constitucionalidad por los juzgados y tribunales, que harán ineficaz la ley, la rodearán de incertidumbres e incertezas durante un tiempo dilatado y el Tribunal Constitucional acabará por derogar la ley entera o parte de ella. Un desastre jurídico, social y económico

Decir que es consultivo es, creo, sinónimo de apostar por una victoria sobre el CGPJ no ya pírrica, que también, sino por una victoria irreal y de pura fantasía.

Valentín Cortés