Viernes 13 de Abril de 2018

La querella del Parlamento catalán contra el Magistrado ponente del TS en el juicio por rebelión.

Siendo de trascendencia jurídica cuestionarse si el Parlamento puede interponer o no esa querella por prevaricación (vid. www.elconfidencial.com), lo realmente relevante y destacable es que ella es un paso más en la confrontación de las autoridades catalanas, en concreto, el Parlamento, con el Estado. Han convertido la praxis judicial en un instrumento de su política rebelde. Lo hacen en cuanto proponen como candidatos a la presidencia de la Generalidad a los que son de imposible proposición; para después, prevista la respuesta judicial negativa, proponer la interposición de una querella; porque después vendrá la interposición propiamente dicha y, más adelante, el aprovechamiento político del más que previsible archivo de aquella por el Tribunal Supremo. Se trata de alargar el argumentum ad nauseam de la persecución por ideas políticas.

Esto es lo que en Derecho se conoce como fraude legal, pues se utilizan posibilidades jurídicas que el Derecho concede, pero con el fin, no tanto de ejercitarlas para defender derechos o intereses legítimos, como de socavar los fundamentos del Estado de Derecho. Los independentistas - lo hemos dicho muchas veces- lo vienen haciendo desde el principio del llamado “proceso” y es evidente que la respuesta del Estado debe ser jurídicamente contundente e implacable.

Valentín Cortés