Martes 10 de Octubre de 2017.

La Generalidad ha parido.La Constitución se defiende con la Constitución

 

He oído al Sr. Puigdemont pedirle al Parlamento que suspenda los efectos de la declaración de independencia, lo que no tiene sentido si no es porque se ha declarado la independencia.

Para mayor ambigüedad y “astucia”, al establecer el plazo de suspensión, se habla, literalmente, de “unas semanas”, se supone que para dialogar cómo se materializa la independencia hoy declarada.

Realmente, no sé qué hará el Gobierno español, pero la hora de la aplicación de las medidas establecidas en la Constitución ha llegado, porque no se puede dialogar con quien, en cualquier momento, primero,puede amenazar con levantar esa suspensión, y, segundo, la levanta en el momento en que más le convenga. Eso es un chantaje y una “astucia” inasumibles por el Estado.

La puesta en marcha del procedimiento del art. 155 de la Constitución y otros por el Gobierno, mediante el requerimiento preceptivo que impone la propia norma, pondrá en evidencia no sólo lo imprescindible de tal decisión, y su ajuste a la Constitución -tal es el grado de incumplimiento de las normas, deberes y obligaciones constitucionales por la Generalidad- sino, lo más importante, en cualquier procedimiento jurídico que se emprenda, cual es que se inicia en el momento adecuado, es decir, cuando no hay posibilidad de que nadie pueda apelar al principio de que hay que adoptar las medidas menos graves o menos gravosas, con las que conseguir el fin pretendido. Esas medidas menos graves y menos gravosas ya se han adoptado.

El Estado ha venido adoptando medidas de todo tipo (ya lo hemos dicho muchas veces) jurídicas y económicas, que no han producido el efecto que, en cualesquiera otras autoridades  civilizadas y no revolucionarias, hubieran conseguido; por lo que es adecuado y proporcionado, además de imprescindible constitucionalmente, que ahora se tome la medida política extrema que, sin duda, arreglará este problema si  persiste en el tiempo y no es motivo de oportunismo político, porque la defensa de la Constitución no admite tal dislate y quien lo haga, sin duda, lo pagará políticamente.

Valentín Cortés