Lunes 14 de Junio de 2021

El indulto de los secesionistas es hoy un asunto fundamentalmente judicial, incluso, más que ayer

La manifestación de ayer contra la concesión de los indultos, las frases de algún personaje político (la Sra. Ayuso, preguntándose qué hará el Rey) y las reacciones de la prensa (cada medio desde su óptica e interés políticos) demuestra, si cabe con mas fuerza, que los indultos son una cuestión fundamentalmente jurídica y, por ende, judicial. Sólo el planteamiento de todo ese caos desde la política permite que los indultos puedan defenderse según sean los intereses políticos de cada cual. Desde el punto de vista jurídico son indefendibles.

El indulto, como acto de gracia, ya lo hemos dicho muchas veces, no es ni puede ser un acto del Estado no sometido a reglas, no puede ser arbitrario, ni irrazonado, ni irrazonable; esta es, pues, la cuestión. Los indultos, por tanto, están sometidos a la Constitución y a la Ley y es ahí donde hay que plantear, no la conveniencia de concederlos o negarlos, sino la legalidad de su concesión. Por eso, el Gobierno responderá, si los concede, antes que políticamente (en las urnas) en via judicial. Por eso mismo, la única reacción del Gobierno ante esta situación creada sigue insistiendo en el plano político, precisamente, porque en el plano jurídico y judicial, que es el que se va a plantear irremediablemente, no tiene argumento alguno que esgrimir. 

Valentín Cortés

 

 

Viernes 11 de Junio de 2021

El Gobierno en su laberinto

Cualquiera puede observar que la crisis jurídica y constitucional que se está gestando en España es de enormes proporciones. Ello tiene su origen en la línea política que ha empezado en Gobierno (y que parece querer terminar) de acordar con los independentistas catalanes, además de los indultos, una serie de concesiones políticas, entre ellas un referéndum pactado ( vid. prensa de hoy).

Los indultos crearan una crisis institucional de gran trascendencia, sea cual sea la decisión que tome la Sala Tercera del Tribunal Supremo en orden a la concesión de aquellos: si los anula, la democracia y la Constitución, en mi opinión, saldrán reforzadas, pero con un coste institucional innecesario si el Gobierno, también es mi opinión, siguiera ahora la senda adecuada y no los concediera. Si la Sala Tercera no los anula, se habrá producido un daño irreparable y duradero a la Justicia penal, representada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Además de ello, la senda abierta por el Gobierno de participar en  la llamada mesa de dialogo obvia, como si fuera inexistente, toda la doctrina del Tribunal Constitucional elaborada al hilo de la crisis de 2017, que ahora no podría ser ignorada por los propios Tribunales en sus decisiones inevitables ante cualquier concesión política que se haga a los independentistas que afecte a la Constitución.

El laberinto, en el que el Gobierno se ha metido, deja al Estado de Derecho en España o prácticamente sin salida o, encontrándola, con grandes e irreparables heridas.

Valentin Cortés

 

 

 

Jueves 10 de Junio de 2021

Hay que aprender a legislar

Lo digo por los vaivenes que da el Gobierno en materia de Sanidad, pero es aplicable a todos los sectores. Lo que fue tildado de “rebelion”, ha resultado, tal como adelantábamos el lunes pasado, el éxito adelantado (y admitido por el Gobierno) del recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el acuerdo del Consejo Interministerial del Sistema Nacional de Salud: se ha dado marcha atrás y se han dejado de acordar determinadas medidas que habían sido cuestionadas (vid. prensa de hoy).

Para legislar (que es en definitiva lo que hizo el Gobierno a través del citado Consejo) hay que respetar la Constitución y sus principios: las competencias orgánicas, el principio de legalidad normativa, desechar la arbitrariedad, la desigualdad y, en definitiva, no afectar a derechos fundamentales si no es por el camino legal adecuado. Y, sobre todo, no se puede crear inseguridad e incerteza jurídicas, que es lo que ha generado el Gobierno, que da, además, una imagen de arbitrariedad y sectarismo difícil de encajar en la Constitución; recogido casi todo ello en el art. 9.3 de la Constitución.

Valentín Cortés.

 

Miércoles 9 de Junio de 2021

Votos particulares a la sentencia del recurso de amparo instado por los llamados “Jordis”

Al hilo de la noticia de los votos particulares de dos magistrados del Tribunal Constitucional, en la sentencia que rechaza el amparo a los llamados “Jordis”, condenados por sedición por el Tribunal Supremo, me he visto compelido a volver a leer, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aquellas normas que regulan las funciones del Tribunal Constitucional (por ejemplo, el art. 44 1.b de la Ley citada), por si ya no decían lo que yo sabía y había enseñado a mis alumnos. Porque, según la prensa de hoy que recoge el contenido de esos votos particulares (vid. www.lavanguardia.com), estos, al parecer, parten de unos hechos que no son los dados como probados por el Tribunal Supremo: este Tribunal dio como probado que los condenados habían incurrido en sedición, y los magistrados del Tribunal Constitucional, que disienten de la sentencia, parten en su razonamiento de que los condenados sólo querían presionar al Gobierno a que negociara. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sigue prohibiendo al Tribunal Constitucional entrar en el análisis de los hechos dado como probados por la sentencia que se enjuicia, a no ser que la valoración de la prueba, de la que se deduce su existencia, sea irrazonada o irrazonable o, en el caso, no haya habido prueba alguna que merezca tal calificativo. Lo que no es el caso.

Según cuenta la prensa esos Magistrados estiman que la sentencia del Tribunal Supremo violó, en consecuencia, el derecho fundamental a reunirse de esos condenados. Todavía tengo un recuerdo fotográfico y televisivo de aquella “reunión”, que ahora merece el amparo constitucional de esos Magistrados, y esta opinión me da grandes esperanzas, permítaseme la ironía, para que, cuando el Tribunal Constitucional entre a valorar todos los estados de alarma que han sido en los años 2020 y 2021, los anule todos y cada uno de ellos por violación patente del derecho a reunirse de todos los españoles durante tanto tiempo sin que haya habido coacciones, obstrucciones a la Justicia y , en definitiva, sedición  alguna.

Valentín Cortés

 

 

Martes 8 de Junio de 2021

El Sr. Junqueras, las palabras mágicas y el fraude constitucional

La prensa recoge, cada medio desde su punto de vista político, las declaraciones del Sr. Junqueras relativas al indulto y a la via negociada.

Según mi opinión, desde el punto de vista jurídico, aceptar el indulto y afirmar que por ahora la via unilateral es imposible (esa es la esencia de las declaraciones del Sr. Junqueras) no tiene la menor trascendencia; porque lo que se propone es una via negociada para alcanzar la independencia de Cataluña y una amnistía a los presos por sedición. Son metas imposibles, como ya hemos dicho muchas veces, dentro de nuestra Constitución, que sólo cabría alcanzar con una modificación constitucional de nuestra Constitución. Nada de esto se propone, ni nada de eso es posible alcanzar en esa llamada mesa de negociación. Y, además, no se atisba arrepentimiento alguno.

Estamos, pues, en el inicio de una nueva tanda de palabras mágicas que sólo encubren el fraude legal y constitucional a los que son tan dados y a los que tienden de forma irrefrenable los independentistas. Y no veo en ello argumento alguno que pudiera hacer cambiar radicalmente el sentido del informe que ha emitido la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Opino que la Sala Tercera de ese Tribunal, cuando llegue el momento de resolver el recurso contra la concesión de los indultos, no se podrá basar en este juego de palabras del Sr. Junqueras para contradecir la contundencia jurídica del informe contrario de la Sala Segunda, que, se quiera o no, esa es mi opinión, marca los límites de la prevaricación administrativa (art. 404 Código Penal) y judicial (arts.446 y ss. Código Penal).

Valentín Cortés

 

Lunes 7 de Junio de 2021

La “rebelión” de algunas Comunidades autónomas en materia de prevención y lucha contra el covid

La prensa viene hablando durante todo el fin de semana de la “rebelión” de varias Comunidades Autónomas que no aceptan el acuerdo del Consejo Interministerial del Sistema Nacional de Salud en orden a las restricciones de derechos, impuestas por mayoría de las Comunidades, para prevenir y luchar contra el coronavirus durante la estación veraniega.

Pretender como se ha hecho, desde el Ministerio de Sanidad, la adhesión incondicional a esas medidas (políticamente no lo voy a comentar) es, desde el punto de vista jurídico, una quimera. Y llamar rebelión a lo que es la simple utilización de los mecanismos jurídicos que ofrece el Ordenamiento Jurídico para luchar contra un acuerdo de este Consejo es una distorsión claramente demagógica y exagerada del lenguaje.

Ha sido el propio Gobierno quien, abandonando la via del estado de alarma y de la modificación de la legalidad existente, ha impulsado la judicialización en la adopción de medidas contra el coronavirus, con posibilidad de recursos exprés contra medidas como esta que, por su generalización territorial y subjetivamente indiscriminada, su afección a derechos fundamentales, como el de movilidad y reunión, así como el de ejercicio libre de empresa, dudo mucho que tengan amparo en via judicial.

Valentín Cortés

 Martes 1 de Junio de 2021

Un problema informático me impide, y me impedirá en esta semana, publicar en este blog mis opiniones jurídicas. El lunes próximo estaré de nuevo con ustedes sin ningún problema.

Valentín Cortés