Miércoles 17 de Enero de 2018

Quizá, un atisbo de sensatez jurídica

Desde el punto de vista jurídico (que es el de este blog) no nos importan cuales sean las motivaciones, o derivadas, que pueda tener la decisión de los independentistas catalanes, huidos de la Justicia, de no pedir el voto delegado para la constitución del nuevo Parlamento catalán, tal como se anuncia en toda la prensa de esta mañana. Entre otras cosas, porque, además, no hacerlo ahora no impide hacerlo en el futuro.

Lo importante, pues, desde ese punto de vista, es que nos hemos ahorrado, sin duda, el planteamiento inmediato por el Gobierno de la Nación, de haberse actuado en contrario, de un conflicto ante el Tribunal Constitucional que hubiera, primero, suspendido la eficacia de la emisión de esos votos y quizá, en su caso, de la propia votación del pleno de la cámara pudiendo afectar a los nombramientos que se hicieran en esta primera sesión del Parlamento. Desde ese punto de vista no parecería, pues, muy aconsejable empezar la legislatura con tal conflicto jurídico-constitucional.

Por tanto, podríamos decir que, si esa sensatez jurídica que se puede atisbar se mantiene, pudiera ser que se ha entrado por la vía de la comprensión de que la ilegalidad no es el camino que deban y puedan seguir las instituciones catalanas. Pero, no me hago muchas ilusiones de que todo esto sea producto de  sensatez  recobrada.

Valentín Cortés

 

 

 

Martes 16 de Enero de 2018

Las consecuencias del “proceso” judicializado

Me refiero obviamente al llamado “proceso” catalán, que en su momento los independentistas convirtieron en ilegal y, en consecuencia, lo judicializaron.

Eso hace que, ahora, todo lo que ocurra en el Parlamento catalán, a partir de mañana, tenga consecuencias inmediatas en el proceso abierto ante el Tribunal Supremo.

Si lo que vaya a ocurrir sigue la tendencia que se puede otear leyendo la prensa y observando lo que hacen y escuchando lo que dicen los independentistas, sin duda, unos volverán a prisión y otros irán por primera vez, como esos investigados que aún no han prestado declaración ante el Tribunal Supremo, porque se habrá constatado la voluntad decisiva de reiteración delictiva, o de delinquir, de acuerdo con un programa político ilegal e inconstitucional, en su práctica, de determinados Partidos políticos y de concretas personas, que nada tiene que ver con la opinión y el derecho a expresarla, sino con actos concretos tendentes a subvertir la Constitución y el Ordenamiento Jurídico en base a unas ideas, por cierto, legítimas.

Todo eso, amén, de la nueva actuación del Tribunal Constitucional y el mantenimiento por el Senado de la aplicación del art. 155 que, nada excluye que se pueda endurecer en el futuro. Porque el problema de las ilegalidades cometidas es que, pronto o tarde, obtienen la reacción del Estado de Derecho y son sancionadas e impedidas.

Valentín Cortés

Lunes 15 de Enero de 2018

El “levantamiento del velo”

He leído en www.elmundo.es que el PDECAT( Partido Democrático de Cataluña), tras el anuncio de la sentencia del llamado caso Palau de la Música, donde se ha condenado a CDC al pago de una cantidad importante por motivo de las llamadas “mordidas” que cobraba por obra pública, ha manifestado en un comunicado que “es una formación nueva, creada en 2016, que nació con el ejercicio de la transparencia como uno de sus objetivos mas importantes” y que, en consecuencia, por lo que se intuye, no se siente concernido por la sentencia.

Es un ejemplo más de lo que yo llamo “la irresistible tendencia al fraude de ley” que tienen los políticos independentistas catalanes. No tengo que recordar que este PDECAT nació tras la extinción de Convergencia Democrática de Cataluña, lo que supuso el paso en masa de los miembros de aquel partido al nuevo que se constituía.

En el mundo jurídico, desde hace ya muchos años, está consolidada la doctrina del “levantamiento del velo”, que se aplica a aquellos que se esconden tras una entidad jurídica para salvar la responsabilidad personal por los actos que sólo formalmente son de la entidad, pero que no son sino atribuibles a las personas que la constituyen.

En el mundo político no sé si existe esta doctrina, pero el sentido común me dice que, de haberla, se le aplicaría al PDDECAT en el caso de la sentencia del caso Palau, pues si levantamos el velo en uno y otro partido vemos agazapados a los mismos políticos.¡Pero, ellos creen en la eficacia del fraude!

Valentín Cortés

 

Viernes 12 de Enero de 2018

Lo jurídico y lo moral en el Ordenamiento jurídico

He titulado esta entrada exactamente igual que el libro de texto que nos hizo estudiar en la carrera el catedrático de Derecho Canónico, Salazar Abrisquieta, gran profesor y gran jurista.

Me lo ha recordado la noticia de hoy en todos los periódicos digitales comunicando la sentencia absolutoria de los antiguos directivos de Abengoa que, tras la adjudicación y cobro de unos bonus extraordinarios y escandalosos en el momento del cese, coincidente con la gran crisis de la empresa, fueron acusados de la comisión del delito de administración desleal.

No sé si el Ministerio Fiscal tenía o no razón, dadas las circunstancias del juicio, ni sé si recurrirá la sentencia absolutoria y tampoco me puedo imaginar, en su caso, lo que diría el Tribunal Supremo. Pero, sí que es el momento, y lo digo no sólo por este caso, de que distingamos, en una sociedad tan judicializada como la nuestra, que una cosa es la Política y otra la Justicia o, en este caso, que una cosa es la Moral (la de la sociedad) y otra es el Derecho. Pues no siempre el Derecho se aquieta a la Política, como tampoco  a la Moral, que puede está tan separada del Derecho en tanto supuestos que no es necesario recordar.

Pero quizá, nuestra sociedad utilice y necesite de brocha gorda y no de pincel, que quizá sea el instrumento adecuado tanto para el Derecho como para la Moral.

Valentín Cortés

Jueves 11 de Enero de 2018

 

La “astucia” de los independentistas siempre es fraudulenta

Todas las fórmulas, sin duda producto de la astucia de los independentistas, que leo en la prensa se están elaborando para que el Sr. Puigdemont sea investido Presidente del Gobierno catalán, son consecuencia de algo que, en Derecho, se denomina “fraude de Ley”, porque lo que se quiere es que se produzca un efecto jurídico( la elección) obviando la aplicación de una  norma de aplicación previa, por tanto violándola, que consiste y obliga a la puesta a disposición de la Justicia, y el fin de la situación de prófugo de aquella persona. Esa es la primera norma que se debe aplicar, en relación con el Estado, al Sr. Puigdemont en lo que se refiere a su situación personal. Buscar fórmulas para evitarlo, aplicando otras normas o promulgándolas ex novo, es claramente fraudulento y nulo.

No es necesario encontrar normas concretas que de una manera expresa digan lo que afirmamos (que las hay), pues es evidente que la Constitución no puede querer que un prófugo pueda ser investido Presidente de una Autonomía, porque esa situación personal de prófugo es profunda y sustancialmente contraria a ella y al Ordenamiento Jurídico, en cuanto el investido, para tomar posesión, debe estar en disposición jurídica de jurar o prometer cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Ordenamiento Jurídico. Para poder hacerlo, debe ponerse previamente a disposición de la Justicia.

Valentín Cortés

Miércoles 10 de Enero de 2018

 La demagogia y el Derecho 

(A Antonio Domínguez Uribe)

La necesidad de que los impuestos estén dirigidos a la obtención de recursos económicos para hacer frente a los gastos y necesidades del Estado permite, sin más, la creación de unos impuestos para hacer frente, aunque sea parcialmente, a los gastos del Estado derivados de la obligación de pago de las pensiones. Si esos impuestos van directamente dirigidos a una clase o tipo de personas jurídicas (las entidades financieras) es evidente que tiene que haber una justificación, más allá de la capacidad económica, para que ese impuesto obligue a unas personas sí y a otras no.

En esa justificación no cabe ni la demagogia ni, menos, la falsedad o inexactitud, porque entonces, peligrosamente, peligra la vida del impuesto por su patente inconstitucionalidad, pues la Constitución impone, entre otras cosas, el principio de igualdad y de universalidad del impuesto.

Lo digo porque el Sr. Sánchez (PSOE)justifica un nuevo impuesto a la Banca para hacer frente al pago de las pensiones en un dato demagógico y falso: el coste del rescate bancario no lo sufragaron, al contrario de lo que afirma este señor, los españoles, porque éstos lo que sufragaron fue la salvación del sistema financiero, de la economía nacional y del dinero y patrimonio de los depositantes, quizá un grupo más numeroso que el de los pensionistas-.

Valentín Cortés

Martes 9 de Enero de 2018

¡Hasta el fraude tiene justificación!

Es imposible soslayarse al asunto catalán; quizá porque es una fuente inagotable de opiniones jurídicas.

Obsérvese bien que digo “jurídicas” y no políticas. Ello es así porque los independentistas tienen una tendencia clara a hacer jurídicos (más bien, antilegales) los problemas políticos. Así, pues, digo que aquellos (los independentistas) están  destinados a vivir con y para el fraude legal de forma continuada, porque, por ejemplo, no siéndoles propicia la ley, incluso la que ellos se han dado forzando todos los límites jurídicos y constitucionales ( como el Reglamento del Parlamento), la fuerzan para hacer posible sus deseos. Así para que el Sr. Puigdemont sea Presidente se plantean modificar de nuevo el Reglamento para hacer posible la “investidura telemática”, porque curiosa y vanamente desean estar amparados por una pretendida legalidad que los legitime frente a sus seguidores.

Y con ello inexorablemente utilizan la autocomplacencia que justifica la ilegalidad y el fraude; autocomplacencia que ahora se concentra en pensar que es más difícil detener a un Presidente de Generalidad que a un diputado del Parlamento catalán y que,  posiblemente, ¡el mundo occidental se desmoranía si el Gobierno procediere a esa detención!

Desgraciadamente, estando tan lejos del Derecho no comprenden ni asimilan lo que es un Estado de Derecho.

Valentín Cortés