Martes 12 de Septiembre de 2017

El Sr. Puigdemont busca apoyos legales

He leído en www.expansion.com un extracto de unas declaraciones del Sr. Puigdemont a RAC1 que son dignas de traer a este blog. Completan a las de ayer, y confirman, según su autor, que no puede ser inhabilitado por el Tribunal Constitucional, ya que la figura de Presidente de la Generalidad está regulada por el Estatuto y en este texto legal ( por cierto que forma parte del Ordenamiento jurídico español) se recoge que el Presidente será depuesto de su cargo sólo en los supuestos de moción de censura o de confianza: ergo el Tribunal Constitucional no lo puede destituir.

Como se aprecia, el argumento es de una simpleza absoluta, pero es curioso que fueron los secesionistas lo que dieron contenido y naturaleza jurídica al llamado proceso buscando, en la promulgación de leyes por el Parlamento, una legitimidad distinta a la del Ordenamiento jurídico nacional. Pero, tras las resoluciones del Tribunal Constitucional, se han quedado sin apoyo legal (así lo sienten ellos, oído lo que dicen), por la inexistencia de esa nueva regulación que ha quedado suspendida y sin efecto, y buscan desesperadamente otro apoyo jurídico, que es ahora (¡gran sorpresa!) el Estatuto de autonomía.

Pero, como siempre (lo que me hace dudar de la bondad y técnica del asesoramiento jurídico que tiene la Generalidad), creen que leyendo una ley se han leído toda la legislación, como cuando cometen fraude de Ley o de Constitución que creen que la aplicación de una norma puede encubrir la violación de otra. En cualquier caso, este Presidente (que no es jurista, según tengo entendido) no le han asesorado bien y da respuestas jurídicas tan equivocadas como grotescas y, sobre todo, incomprensibles dentro de lo que debería ser la mecánica revolucionaria de un golpe de Estado que, se supone, no se debería detener mucho en aspectos jurídicos, ni menos buscar apoyo dialectico en el Derecho.

 

Valentín Cortés

 

 

Lunes 11 de Septiembre de 2017

“Parole”, “parole”, “parole”

Con la pomposidad y heroicidad épica habituales, el Sr. Puigdemont ha declarado, institucionalmente, que “sólo el Parlament puede inhabilitar al Govern que presido”.  Así lo recoge la prensa digital de esta mañana. No se trata, como podría parecer, de una declaración política, sino de una claramente jurídica.  La comento, pues, desde ese ángulo que es el mío.

Como se trata de una declaración institucional con ocasión de la Diada, me imagino que, aunque no se lo crea, la manifestación se ha hecho por este señor para expresar un principio fundamental e institucional del llamado proceso, del cual se ha de partir para entenderlo (los que estamos fuera) y llevarlo a cabo (los que está dentro), con lo que se adivina, incluso para el más convencido de los secesionistas, el futuro tan corto y ridículo que tiene el proceso, entre otras cosas por lo que dijimos en nuestra última “opinión”: desgraciadamente, para el Sr. Puigdemont, éste no tiene dos legalidades para escoger la que más le guste o convenga, ni tampoco tienen esa posibilidad ni autoridad ni funcionario alguno.

No soy capaz de averiguar ni cómo, ni cuándo, ni que autoridad (Senado, jurisdicción ordinaria o Tribunal Constitucional) será la que al final inhabilite al Sr. Puigdemont y a su Gobierno, pero sí sé que el llamado proceso está tan trufado de ilegalidades, y que, además, “obliga” para su consecución a la comisión de un tan variado ramillete de delitos, que indefectiblemente acabará con esas autoridades inhabilitadas y condenadas, incluso por más delitos de los que hasta ahora han sido acusadas por el Ministerio Fiscal.

Valentín Cortés

 

Viernes 8 de Septiembre de 2017 

Los resortes del Estado

La aprobación en esta pasada madrugada de la llamada Ley de la desconexión jurídica por el Parlamento catalán es, podemos decir, como la segunda parte del bodrio de ilegalidades del que hablábamos ayer. Me imagino que vendrán otros actos ilegales de las instituciones catalanas para seguir rellenando ese bodrio.

Nuestra opinión hoy enlaza con la de ayer y, por tanto, no perdemos de vista que lo que quiere el independentismo, curiosamente, es poder decir que la “ley” le ampara en sus actos. Es aquí donde el proceso falla de inicio. Veamos:

La reacción del Estado a esa primera parte se ejecutó en menos de 24 horas y lo más importante es que ya no existen dos legalidades, pues el Tribunal Constitucional ha suspendido la vigencia de la espuria. Nadie puede, pues, ampararse en una legalidad, inexistente por ahora en el ordenamiento jurídico español, para llevar a cabo actos permitidos por ella.

Hoy, me imagino el Gobierno presentará recurso contra esa paradójica (¡ se han fijado en el titulo!) Ley de desconexión jurídica y el Tribunal Constitucional la suspenderá tras admitir a trámite el recurso del Gobierno.

Esto, que puede parecer baladí, es, por contrario, esencial y permite terminar con la ambigüedad que podría ser aprovechada por quien tiene que elegir desde ahora, no entre dos legalidades ambas vigentes, sino entre la legalidad y su violación, con las consecuencias económicas, administrativas y penales que ello conlleva. Por eso, en el discurso de  ayer,el Sr. Rajoy hizo bien en poner énfasis en la situación de los funcionarios y autoridades.

Valentín Cortés

Jueves 7 de Septiembre de 2017

El parto de la astucia

Los acontecimientos de ayer en el Parlamento catalán me obligan a empezar el nuevo curso con un poco de anticipación a lo anunciado.

Me he acordado de Esopo y de su “parto de los montes”; me he acordado de la tan renombrada ”astucia catalana”, aplicada y aplicable en este proceso de secesión por los independentistas que tanto la ponderaban, porque se trataba de hacer las cosas de modo tal que el proceso tuviera cobertura legal inatacable por el Estado. Nunca entendí cómo un proceso revolucionario debería tener en su gestación cobertura legal, pero el hecho es que tras larga gestación la astucia ha parido, no un ridículo ratón, sino un bodrio  de ilegalidades.

La inclinación irrefrenable de los secesionistas al fraude legal, confundiéndolo con la astucia, ha dado lugar a un fin de fiestas que ni siquiera los más benévolos y condescendientes entenderían que tiene un ápice de legalidad ni formal, ni material, ni autonómica ni constitucional: es todo un inmenso fraude que se derrumba por su propio peso.

No es la hora, pues, de la política (que nadie dice en qué consiste) sino la de sanear y poner orden. Es la hora de la Ley. Ahora es cuando ya no caben excusas ni a los jueces, ni a los magistrados del Tribunal Constitucional, ni al Senado, ni al Gobierno para poner fin  a este bodrio de ilegalidades que nos ha nacido y dejar fuera de la política a quien ayudó a engendrarlo.

Valentin Cortés

 

Viernes 7 de Julio de 2017

¡Hasta Septiembre!

Estoy seguro de que, de hoy hasta el día 11 de Septiembre, se producirán muchas noticias que merecerían nuestra opinión jurídica. Pero, dentro de unos días el Parlamento entrará en vacaciones reglamentarias y los jueces nos dejarán sin resoluciones que comentar también por vacaciones judiciales y, en esas circunstancias, como en años anteriores, todos, ustedes y yo, nos merecemos un descanso:  yo, para no repetirme en exceso, intoxicados como estamos por el problema catalán, que se hará predominante, y, ustedes, para que no se cansen de leerme.

Sólo en el caso de que surja algún tema realmente de Estado, yo volvería a comentar y dar mi opinión, para inmediatamente desaparecer hasta el día 11 de Septiembre, que es el escogido sólo y exclusivamente porque es el siguiente lunes después del día 7 de Septiembre, fecha en la que normalmente se reinicia este blog.

Buen descanso y vacaciones.

Valentín Cortés

Jueves 6 de Julio de 2017

¿Las soluciones políticas?

Después de la reunión-debate, ayer, de los expresidentes de Gobierno español y de la reunión entre el Sr. Rajoy y el Sr. Sánchez hoy en la Moncloa, se ha producido una considerable y ponderable coincidencia de que el referéndum secesionista es ilegal y que no es admisible. Me imagino, pues, que, para ellos, el Gobierno y las Instituciones deben impedir por todos los medios legales ese referéndum. Y si la única solución es aplicar el art. 155 de la Constitución, me imagino que todos estarán de acuerdo en su aplicación, aunque parece que el Sr. Sánchez se opone en un alarde de incoherencia jurídica.

Pero, al mismo tiempo, todos recomiendan, de una u otra manera, al Presidente que hable (palabra mágica, donde las haya), se supone que para negociar, y que dé soluciones políticas, que alguno apostilla y califica como política, pero de verdad. Lo que en román paladino significa que ofrezca, a los independentistas, ventajas políticas, que le hagan ceder en su petición de independencia.

Bien. Ninguno ha dicho de qué hay que hablar con el que tiene la idea fija de la secesión, que no sea para decirle que esta es inviable e imposible; y ninguno ha dicho cuál es la solución o ventaja política que se debería aplicar u ofrecer a quien lo único que quiere es la secesión. Sencillamente, porque no existe.

Quiero recordar que este Estado y esta sociedad no cedió al terrorismo con soluciones políticas, y que sólo hubo algunos gestos políticos, que se produjeron tras la renuncia efectiva de la violencia por parte de Eta. No veo, pues, por qué razón esa misma sociedad y ese mismo Estado -ante un chantaje, no igual, pero sí similar-, debe caer en ello.

Pero, yo no creo que los secesionistas estén en el chantaje para obtener ventajas dentro del esquema constitucional actual sino  que tienen un propósito firme de acabar con el Estado español, como lo tuvo Eta; y eso  no tiene más solución que acabar con ese peligro,( como se acabó con el peligro del terrorismo) que es tanto como decir que se aplique la Ley y la Constitución. Y cuando se apliquen con todas las consecuencias, a lo mejor es el momento de los gestos políticos.

Valentín Cortés

Miércoles 5 de julio de 2017

El Estado de Derecho sigue funcionando

Si ayer los periódicos y medios digitales destacaban la próxima promulgación por el Parlamento catalán de la Ley suprema ( de las “leyes ilegales”) hoy se escandalizan y destacan los aspectos más aberrantes, menos democráticos y más alejados de occidente de dicha ley. Me parece inútil ponderar y destacar lo obvio.

Porque, hoy como ayer, la noticia no está en ese engendro “supremo”, sino en la sentencia del Tribunal Constitucional que, por unanimidad, ha anulado los presupuestos catalanes en lo que se refiere a las partidas dedicadas al referéndum ilegal.

Desde ahora, amén de otros delitos varios, el que provea dinero público para ese referéndum, o lo reciba, estará muy posiblemente incurso en el delito de malversación de caudales públicos, en distintos grados de autoría.

Como es importante destacar, siempre desde nuestro ángulo de opinión, que frente al desbarajuste secesionista, se perfila el orden, la certeza y la seguridad jurídicas que inexorablemente se impondrán , si es que se quiere llegar hasta el final.

Valentin Cortés