Lunes 4 de Diciembre de 2023

 

El Consejo General del Poder Judicial, en funciones

La prensa de hoy da cuenta de que el CGPJ cumple cinco años en funciones. Esta es una anomalía constitucional que, sin ningún género de dudas, se nos antoja ciertamente grave.

Es mucho más grave que por ley  se haya privado al Consejo, que está en funciones, que desarrolle algunas de ellas que son de una importancia vital para el buen desarrollo de la función jurisdiccional; y aún más que esa mutilación de funciones se haya debido a que una parte de las Cortes, necesaria para llevar a cabo la renovación de los miembros del Consejo, ha querido presionar de esa manera a la otra para que, precisamente ésta última llegue a un acuerdo que, por lo que se ve, no quiere alcanzar. De donde se deduce que la situación de “en funciones” no es el obstáculo insalvable para que el Consejo funcione normalmente, sino la ley posterior que se aprobó.

Obligar a alguien a llegar a un acuerdo, que no quiere alcanzar con el contenido que se le plantea, es un imposible jurídico, pues no sería acuerdo, sino imposición. Quizá la única postura para que la Justicia (y por ende el Estado) no sufra la falta de acuerdo, sea devolver al Consejo todas sus competencias. Recuperadas éstas, será de nuevo el momento de  promulgar una ley que impida que la renovación del Consejo esté en manos de los partidos políticos, pues siempre antepondrán sus intereses partidarios a los intereses constitucionales del Estado.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 1 de Diciembre de 2023

 

Sólo desprecio por el Derecho

La decisión del Consejo General del Poder Judicial (vid. prensa de hoy) sobre falta de idoneidad del Sr. Ortiz como Fiscal General, según la propuesta del Gobierno, es la consecuencia obligada de la sentencia del Tribunal Supremo de hace unos días en la que se anulaba una decisión de aquel por desviación de poder, que, como dijimos el pasado 23 de Noviembre, es la manifestación más espuria de la actuación de una autoridad, incalificable por su gravedad si se predica del Fiscal General. Éste, lejos de dimitir, aceptó la nueva propuesta de renovación que le hizo el Gobierno, lo que fue producto del desprecio de uno y otro al Tribunal Supremo y al Estado de Derecho. Frente a esto no caben excusas de mal pagador, como las que recoge hoy la prensa proveniente del Ministro de Justicia, excusas que no voy a comentar por su evidente y total vaciedad jurídica.

La nueva decisión del Tribunal Supremo, anulando el nombramiento de la Presidenta del Consejo de Estado por no ser una jurista de reconocido prestigio (vid. toda la prensa de hoy), pone al Gobierno (heredero del anterior que hizo el nombramiento) ante su espejo: sólo desprecio continuado y pertinaz al Derecho sin importarle nada el Estado de Derecho. Ahora, sin duda y a coro, vendrán los ataques al Poder Judicial.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 30 de Noviembre de 2023

La legitimidad en el pensamiento de la Presidenta del Congreso

La prensa da debida cuenta de los términos del discurso de la Presidenta del Congreso en la apertura conjunta ayer de la nueva legislatura en ambas Cámaras. No voy a entrar, lógicamente, en el comentario político que hace la prensa y me atendré a dar mi opinión jurídica.

Tiene la Presidenta un concepto de “legitimidad” ciertamente rudimentario. Para ella la decisión sobre la ley de amnistía (sobre cualquier ley, me imagino) “es legítima porque emana de la voluntad ciudadana”. Digamos que en nuestra Constitución la voluntad ciudadana no existe; existe “la soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado (art.1.2 Constitución), también, lógicamente, del Legislativo. Pero eso no significa que el Poder Legislativo pueda hacer lo que quiera, porque esa soberanía nacional le viene dada al Poder Legislativo, como a los demás, con la condición que se sujete (atenga), en su actuación, a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico (art.9.1 Constitución). Lo contrario sería ir contra la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, que ha establecido esa condición y límite, en la Constitución, otorgada y aprobada por ese pueblo. De modo que las Cortes no están legitimadas sin más para hacer y promulgar la ley que quiera: lo estarán si se atienen y sujetan a la Constitución. El pensamiento de la Presidenta tuvo un gran protagonismo en Alemania  con el advenimiento del nacional-socialismo,  que, como dijo Radbruch, estaba dispuesto a “eludir la exigencia que caracteriza especialmente a la justicia: el tratamiento igual de lo igual”, de donde “no se trata de un derecho injusto sino que no es en absoluto derecho”. En esa situación no puede haber legitimidad alguna.

Valentín Cortés

 

Miércoles 29 de Noviembre de 2023

La arbitrariedad de la Mesa del Congreso

Como hemos leído en la prensa, la Mesa del Congreso ha rechazado la petición del PP y de Vox para que la Cámara solicite sendos informes jurídicos al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal sobre la proposición de ley de amnistía presentada por el Partido Socialista. Si el proyecto hubiera sido de ley sería preceptivo que se hubieran presentado dichos informes entre otros. Ya hemos hablado en este blog del fraude que supone, de hecho, esta vía parlamentaria de la proposición de ley.

Será difícil encontrar un ejemplo más plástico que éste del sometimiento del Congreso a un partido político y, por ende, en este caso, al Poder Ejecutivo; de donde, cuando en alguna ocasión hemos dicho, de forma jocosa, en este blog que el Congreso se había convertido en el brazo tonto del Ejecutivo no andábamos muy equivocados. No existe, fuera de lo meramente procedimental (que precisamente da pie al fraude de ley que citábamos), explicación jurídica-constitucional alguna que pueda justificar que, un proyecto tramitado en el Congreso, que ha suscitado tanta contestación en la sociedad, no cuente con esos informes jurídicos; ello es especialmente escandaloso cuando se trata de un proyecto legislativo sobre la amnistía que afecta de lleno al Poder Judicial, a la igualdad de los ciudadanos, a la interdicción de la arbitrariedad y al Estado de Derecho en su conjunto: sólo el sometimiento de la Mesa del Congreso al dictado del Gobierno explica el gran sin sentido de esta decisión, que es el culmen de la arbitrariedad anticonstitucional que practica el Gobierno y, ahora, la Mesa del Congreso con esta decisión.

Valentín Cortés

 

 

Martes 28 de Noviembre de 2023

La lucha por el Derecho

Me refiero a la lucha por el Derecho en el caso de la amnistía y su posible futura regulación legal. Esa es una lucha que hay que enmarcar dentro de los límites de la Constitución y, si no es así, no es válida y no se puede emprender; no se pueden buscar vericuetos y atajos constitucionales, y menos reglamentarios, propios de leguleyo, para impedir no sólo su aprobación sino su tramitación en las Cortes. El Senado es, nos guste o no, la Segunda Cámara legislativa con todas sus consecuencias; y, en ese sentido, el art. 90 de la Constitución no permite al Senado no tramitar una ley aprobada en el Congreso; sólo se le permite enmendarla o vetarla y, en este caso, ese veto se supera si el Congreso ratifica por mayoría absoluta el texto remitido en el tiempo marcado por la norma constitucional.

En mi opinión la vía que Vox trata de imponer en el Senado, convenciendo al Partido Popular (vid. www.abc.es y www.elmundo.com ) de impedir, por acuerdo de la Mesa del Senado, la tramitación de la Ley si es  aprobada en el Congreso, carece de base constitucional y es claramente una manera inconstitucional de alargar la tramitación en Cortes de la Ley que, de aprobarse, debe buscarse la declaración de inconstitucionalidad luchando por el Derecho de forma totalmente  constitucional.

Valentín Cortés

 

Lunes 27 de Noviembre de 2023

La “justificaciones” de la ley de amnistía en los fines de semana

Es muy curioso que el redactor de la futura ley de amnistía (el PSOE) haya puesto un empeño especial en justificar la promulgación de tal ley, incluso dándonos lecciones sobre la constitucionalidad de ésta, en la Exposición de Motivos, y que ese empeño se vea contrarrestado por las innumerables manifestaciones y afirmaciones de fin de semana que los políticos del PSOE nos ofrecen sin el menor reparo y descanso y por la realidad que contemplamos. Obsérvese que lo que es objeto de elogio es un producto del PSOE en cuanto proposición de ley, por eso digo que el redactor de esa ley es el PSOE; y que las manifestaciones y afirmaciones son también un producto del PSOE en cuanto provienen de alto mandos autorizados del partido. Las manifestaciones no son complementarias, sino que, en realidad, son contradictorias con la Exposición de Motivos y con la realidad que se vive en el país. Así nos hemos “enterado”, cuando menos, que de no haber sido necesarios los votos de los independentistas, la ley de amnistía no se hubiera planteado (ministro Puente) o que la amnistía será un bálsamo en la sociedad española que favorecerá su unión y concordia (presidente Sánchez) o que favorecerá la inversión (ministra Montero).

Es un principio general de la interpretación de los actos jurídicos (art. 1282 del Código Civil) que para juzgar la intención del autor de un acto jurídico hay que acudir necesariamente a los actos de éste, coetáneos y posteriores; si aplicáramos este principio al caso de la futura ley, el Tribunal Constitucional lo tendría muy fácil para desmontar la falacia completa que supone la Exposición de Motivos de la Ley y la vería, como ya hemos dicho varias veces, en su justo sentido que no es otro que el de la más  completa arbitrariedad a la hora de legislar: sólo favorecer el interés político del Presidente de Gobierno a despecho de cualquier otra consideración, incluso la fractura de la sociedad.

Valentín Cortés.

 

Viernes 24 de Noviembre de 2023

La querella de Sumar contra el Consejo General del Poder Judicial

Ni que decir tiene que Sumar sabe con absoluta certeza que su querella (vid. prensa digital de esta mañana) contra el Consejo General del Poder Judicial por prevaricación administrativa, al hacer la declaración institucional sobre la futura ley de amnistía que en su momento aprobó y difundió, no tiene recorrido procesal alguno y que lo más probable es que sea inadmitida a trámite de plano in limine litis por su evidente falta de contenido penal.

 Lo trascendente es, primero, que sabiéndolo la presenta y lo hace, precisamente, para que se rechace. Pues, los fines de esa querella no son jurídicos (buscar el enjuiciamiento del Consejo y posteriormente su condena) sino claramente políticos: ahondar la crisis del Poder Judicial y obtener bazas para poder acusar públicamente al Tribunal Supremo de corrupción judicial por inadmitir la querella, sabiendo que eso le reportará beneficios políticos y ningún perjuicio jurídico por estar amparados, los que así se manifiesten, por una mal entendida inmunidad parlamentaria.

Y, en segundo lugar, lo trascendente es que Sumar es partido de Gobierno con el PSOE, partidos políticos en los que está atribuida la función ( poder-deber), entre otras cosas, de  cumplir y hacer cumplir la Constitución, que difícilmente se cumple atacando desde el Gobierno al Tercer Poder del Estado.

Valentín Cortés