Lunes 9 de Abril de 2018

La solución adecuada

Escribo al hilo de las declaraciones de Felipe González que hoy recoge la prensa (“los líderes independentistas deberían estar en libertad hasta que haya sentencia firme de condena”: www.elindependiente.com).

Los casos del Sr. Puigdemont y demás personas en la presunta rebelión, como, por ejemplo, el caso de la Sra. Cifuentes, demuestran cómo las soluciones, o medio soluciones, políticas que se quieren imponer o que se defienden( es el caso del Sr. González) no pueden  ser válidas, aunque no fuera  sino porque en ambos casos son totalmente asistemáticas y fuera de toda metodología. Además, la solución política que se estima adecuada, en ambos casos, intenta acabar políticamente con el adversario. Los independentistas quieren acabar con el Estado de Derecho y los adversarios políticos de la Sra. Cifuentes quieren borrarla del mapa de la política: luego se trata de soluciones que nunca serán aceptadas por la parte perjudicada.

 Lo correcto es aplicar la solución adecuada a la naturaleza del problema creado. En el caso de los independentistas, dado que todo indica que han cometido diversos delitos, la solución es procesarlos, si hay que hacerlo, y mantenerlos en prisión, como a cualquier delincuente que está inmerso en cualquiera de los casos previstos en la Ley para la prisión provisional; y no lo es dejarlos en libertad porque conviene a fines políticos que cada uno define como quiere. En el caso de la Sra. Cifuentes la solución es, dado la apariencia delictiva de los hechos que se denuncian, investigarlos penalmente y actuar en consecuencia; dejando las soluciones políticas para el momento adecuado que siempre será posterior al actual.

Valentín Cortés

Viernes 6 de Abril de 2018

La entelequia del “espacio único”

El lunes pasado hablábamos de las especulaciones de los Tribunales alemanes que se nos presentarían en los días siguientes. Ayer llegó la primera, por la que el Tribunal alemán no dudó de la calidad democrática de nuestro país y de la existencia de juicios justos, pero sí denegó la entrega por el delito de rebelión del Sr. Puigdemont porque estimó que no había violencia en las actuaciones llevadas a cabo por este señor.

Si tan importante es el “espacio único”, dentro de la estructura de la Unión Europea, en el que una de las manifestaciones es la capacidad y el derecho de movimiento de todos los ciudadanos por el territorio de los Estados miembros, mucho me temo que, si una orden de detención europea dictada por los jueces de un Estado miembro puede ser discutida o incluso valorada desde el punto de vista fáctico (como es nuestro caso), nos queda mucho trecho que recorrer, pues esa capacidad de movimientos se puede convertir en un enorme fraude a la Ley y una escapatoria del cumplimiento de la misma.

Deberíamos decir claramente que la llamada pomposamente orden europea de detención es una entelequia, además, incompatible, tal como se aplica, con la doctrina y el principio del “espacio único”, que se nos aparece, así, igualmente como otra de no menos trascendencia.

Valentín Cortés

Jueves 5 de Abril de 2018

Las consecuencias de la politización de la Justicia

Los independentistas y sectores afines y cercanos se quejan de que el Estado da respuesta judicial al conflicto catalán, es decir, según su criterio el Estado judicializa la política. Como hemos dicho tantas veces, el Estado responde a las situaciones creadas en la sociedad con el funcionamiento del Poder que corresponde a la naturaleza de la situación de que se trate. Y es evidente que, ante una situación de ilegalidad penal, el Estado responde con la actuación de los jueces. Si no lo hiciera no sería Estado.

Pero lo curioso es que la actuación de los independentistas (véanse los diarios digitales de hoy: proposición del Sr. Sánchez, en prisión por rebelión, como presidenciable de la Generalidad)no es sino una burda politización de la Justicia, pues , en definitiva, se trata de contrarrestar la actuación procesal de los jueces, o de dificultarla, mediante actuaciones políticas que, como es lógico, no van a tener ningún recorrido y que sólo van a convencer a los convencidos, incluidos determinados medios y políticos extranjeros.

Mientras tanto, los jueces quedaran más convencidos aún de lo que están del gravísimo peligro de reiteración delictiva que ya apreciaron en el Sr. Sánchez cuando denegaron su puesta en libertad.

Valentín Cortés

Miércoles 4 de Abril de 2018

La Sra. Cifuentes y su máster

Me cuesta trabajo escribir sobre este tema, máxime después de haber estado en activo en la Universidad española durante más de 45 años.

Si la Sra. Cifuentes no hizo el máster completo y obtuvo el título de haberlo hecho es evidente que no sólo ella cometió la ilegalidad, no sé a la altura de la investigación que se sigue, si administrativa o penal. Porque siendo importante aquello desde el punto de vista político, desde nuestro punto de vista, es decir el jurídico, lo que sería más importante es constatar, si todo se comprueba, que la Universidad en cuestión, o alguno de sus profesores o funcionarios, ha cometido la irregularidad o la ilegalidad de la que se habría aprovechado la Sra. Cifuentes.

Y es en este punto donde no puedo obviar que en el campo universitario, por lo menos durante el tiempo que yo he sido funcionario en activo, no ha sido extraño sospechar de estos casos o similares, quizá porque se ha creído que no era corrupción, ni ilegalidad alguna, el favor, la recomendación, la facilitación y laxitud de los plazos, aplicables con rigor para unos y subsanables para otros, los apaños en la oposiciones, la endogamia dominante en ellas y tantas cosas que ahora me duele recordar al subsumir el escándalo posible de la señora Cifuentes en lo que desgraciadamente, si bien no ha sido práctica común en la Universidad, sí ha sido, de alguna manera, practica no extraña al discurrir de la vida universitaria.

No nos equivoquemos; desde nuestro punto de vista, el meollo de este posible problema está, sin duda, en la Universidad.

Valentín Cortés

 

Martes 3 de Abril de 2018

La cruda realidad

De todas las posibilidades que tenía el Sr. Puigdemont, hoy le ha tocado la peor: la fiscalía alemana pide que se conceda la extradición no sólo por rebelión sino también por malversación de caudales públicos y, por si fuera poco, mantiene la petición de la medida cautelar de prisión incondicional.

La Fiscalía alemana, pues, mantiene que el Sr. Puigdemont es un delincuente común que ha intentado dar un golpe de Estado, independizando una región de forma inconstitucional y con violencia mediante el instrumento ilegal del referéndum.

Ayer mismo, la alcaldesa de Barcelona mantenía en Madrid que la judicialización del “proceso” ha sido un fracaso, no arregla nada, es perjudicial y debería terminar (vid. www.europapress.es). Amén de defender de manera tan cínica que no se persiga penalmente a los delincuentes del “proceso”, dejando impunes los actos de rebelión, violencia, malversación de fondos o desobediencia, choca directamente con la realidad judicial española (es decir, con el Estado español) y, parece ser, con la realidad judicial alemana, que es tanto como decir europea.

Si el Tribunal alemán confirma la tesis del Fiscal alemán, necesariamente los independentistas deberán cambiar el discurso político y, además, centrarse, directa e indirectamente, en el discurso jurídico.

Valentín Cortés

 

Lunes, 2 de Abril de 2018 

Mucho camino aún por recorrer

En todos estos días de Semana Santa, bombardeados por las noticias y comentarios que nos han llegado sobre la detención del Sr. Puigdemont en Alemania, se nos ha puesto en claro las deficiencias y carencias del sistema europeo de las órdenes de detención europea.

El sistema hace posible que el juez requerido examine la bondad democrática del país de procedencia de la orden y que, por ende, se especule y decida sobre la posibilidad de un juicio justo para el concernido tras la detención y puesta a disposición del juez requirente.

Todo esto se me antoja absurdo entre Estados que están en la Unión Europea, a los que, sólo por ello, se les debe atribuir, de forma incuestionable, su naturaleza plenamente democrática lo que conlleva la utilización de procesos en donde están garantidas a priori todas las libertades y derechos de los detenidos y enjuiciados.

Mucho, pues, hay que recorrer para alcanzar la unidad que se persigue dentro de la Unión Europea.

Mañana, tendremos noticias de la primera especulación que harán las autoridades judiciales alemanas sobre nuestro sistema procesal.

Valentín Cortés

Viernes 23 de Marzo de 2018

¿Politización de la Justicia?

El ex Presidente, Sr. González, ha manifestado su deseo de que los rebeldes catalanes no entren en prisión y ha lamentado que la solución del conflicto catalán se haya entregado o reservado a los jueces, sin que se hayan tomado por el Gobierno medidas políticamente adecuadas (vid. www.elconfidencial.com).

El Sr. González es y ha sido un grandísimo “hombre de Estado” y, en ese sentido, a mi me causa extrañeza que obvie, en su declaración, que el Poder Jurisdiccional es Estado y que resuelve, en este caso, dentro de sus funciones constitucionales (art.117 CE), no un conflicto político, sino estrictamente jurídico: está dilucidando si se han cometido delitos, lo que haría, sin comentarios en contra del Sr. González, si yo fuera quien hubiera hecho o llevado a cabo los actos que han realizado estos políticos catalanes.

Judicializar la Política es utilizar la Justicia como instrumento político; y aquí, por contra, lo que ocurre es que un problema que es político, lo han convertido sus protagonistas rebeldes en un problema jurídico, que no son los políticos (tal como quiere el Sr. González) quienes tienen que resolverlos, sino los jueces.

Le guste o no al Sr. González, el Estado da muestras que funciona y si el Magistrado instructor cree que esas personas han delinquido y deben ir a prisión, no por ser políticos debe declinar su deber-poder (en eso consiste la función jurisdiccional) de hacerlo.

Valentín Cortés

NB. - Estaré con ustedes, de nuevo, el próximo martes, día 3 de Abril.