Valentín Cortés Domínguez

Valentín Cortés Dominguez es Catedrático de Derecho Procesal. Ha sido abogado con 47 años de experiencia, conferenciante y autor de múltiples publicaciones jurídicas y de manuales de derecho procesal que son libros de texto en distintas universidades españolas y de América latina.

jueves, 14 de septiembre de 2017


Jueves 14 de Septiembre de 2017 

Un “proceso”, pero de querellas y condenas

La interposición de querellas por la Fiscalía, contra los principales intérpretes del proceso cesionista catalán, es el principio de la necesaria y obligada reacción del Estado contra el quebrantamiento legal, amplio y variado, que se produce con ocasión de la convocatoria del referéndum ilegal y prohibido por el Tribunal Constitucional.

La reacción de las autoridades de la Generalidad, en abierta y clara insumisión y desprecio por los Tribunales y sus mandatos, más su política de involucrar a centenares de autoridades y funcionarios como escudo que se antoja muy pueril, aunque no menos peligroso, producirá no sólo más querellas y más condenados en el futuro, sino lo que parece más grave y que no es de descartar, cual es que se produzcan reacciones violentas y tumultuarias que pueden dar, sin  duda, lugar a que los hechos se puedan calificar de rebelión con penas muy altas para los responsables e inductores.

Es evidente que todo esto no es deseable, pero cualquiera que conozca el funcionamiento de la Administración de Justicia, tiene la certeza de que existen muchas posibilidades de que ocurra, si antes la Generalidad y sus instituciones no se someten a la legalidad y mandatos judiciales, que es tanto como decir si antes no respeta y cumple el Estado de Derecho.

Valentín Cortés

miércoles, 13 de septiembre de 2017


Miércoles 13 de Septiembre de 2017 

Las pérdidas del Banco Popular

La publicación en la prensa de ayer de las pérdidas sufridas por el Banco Popular en el primer semestre de este año (que se elevan a más de 12.000 millones de €) abren, desde el punto de vista jurídico, un panorama claro, eso creo yo, en el camino que muchos accionistas y perjudicados tomarán tras la decisión en su día de las autoridades europeas de adjudicación de la entidad al Banco de Santander por un euro simbólico.

Es evidente que mi conocimiento del tema es el del lector de periódicos, pero cabría, tras esta información de ayer, llegar fácilmente a la conclusión que la decisión de las autoridades financieras europeas( y españolas) fue acertada, que la adquisición por el Banco Santander no debe merecer reproches, ni siquiera el de enriquecimiento injusto, del que ayer se hablaba, y que los tiros se dirigirán  a los antiguos administradores y auditores que tendrán que explicar el desfase tan enorme entre las cuentas del año pasado y estas. Y mucho me temo que a esos accionistas y perjudicados no les quedará muchas más opciones que acoger las ofertas que se le hacen desde el Banco Santander con la adjudicación de los llamados “bonos de fidelización” ( vid. en  www.expansion.com), que, incluso ahora, se muestra mas generosa.

 

Valentín Cortés

martes, 12 de septiembre de 2017


Martes 12 de Septiembre de 2017

El Sr. Puigdemont busca apoyos legales

He leído en www.expansion.com un extracto de unas declaraciones del Sr. Puigdemont a RAC1 que son dignas de traer a este blog. Completan a las de ayer, y confirman, según su autor, que no puede ser inhabilitado por el Tribunal Constitucional, ya que la figura de Presidente de la Generalidad está regulada por el Estatuto y en este texto legal ( por cierto que forma parte del Ordenamiento jurídico español) se recoge que el Presidente será depuesto de su cargo sólo en los supuestos de moción de censura o de confianza: ergo el Tribunal Constitucional no lo puede destituir.

Como se aprecia, el argumento es de una simpleza absoluta, pero es curioso que fueron los secesionistas lo que dieron contenido y naturaleza jurídica al llamado proceso buscando, en la promulgación de leyes por el Parlamento, una legitimidad distinta a la del Ordenamiento jurídico nacional. Pero, tras las resoluciones del Tribunal Constitucional, se han quedado sin apoyo legal (así lo sienten ellos, oído lo que dicen), por la inexistencia de esa nueva regulación que ha quedado suspendida y sin efecto, y buscan desesperadamente otro apoyo jurídico, que es ahora (¡gran sorpresa!) el Estatuto de autonomía.

Pero, como siempre (lo que me hace dudar de la bondad y técnica del asesoramiento jurídico que tiene la Generalidad), creen que leyendo una ley se han leído toda la legislación, como cuando cometen fraude de Ley o de Constitución que creen que la aplicación de una norma puede encubrir la violación de otra. En cualquier caso, este Presidente (que no es jurista, según tengo entendido) no le han asesorado bien y da respuestas jurídicas tan equivocadas como grotescas y, sobre todo, incomprensibles dentro de lo que debería ser la mecánica revolucionaria de un golpe de Estado que, se supone, no se debería detener mucho en aspectos jurídicos, ni menos buscar apoyo dialectico en el Derecho.

 

Valentín Cortés

 

 

lunes, 11 de septiembre de 2017


Lunes 11 de Septiembre de 2017
“Parole”, “parole”, “parole”
Con la pomposidad y heroicidad épica habituales, el Sr. Puigdemont ha declarado, institucionalmente, que “sólo el Parlament puede inhabilitar al Govern que presido”.  Así lo recoge la prensa digital de esta mañana. No se trata, como podría parecer, de una declaración política, sino de una claramente jurídica.  La comento, pues, desde ese ángulo que es el mío.
Como se trata de una declaración institucional con ocasión de la Diada, me imagino que, aunque no se lo crea, la manifestación se ha hecho por este señor para expresar un principio fundamental e institucional del llamado proceso, del cual se ha de partir para entenderlo (los que estamos fuera) y llevarlo a cabo (los que está dentro), con lo que se adivina, incluso para el más convencido de los secesionistas, el futuro tan corto y ridículo que tiene el proceso, entre otras cosas por lo que dijimos en nuestra última “opinión”: desgraciadamente, para el Sr. Puigdemont, éste no tiene dos legalidades para escoger la que más le guste o convenga, ni tampoco tienen esa posibilidad ni autoridad ni funcionario alguno.
No soy capaz de averiguar ni cómo, ni cuándo, ni que autoridad (Senado, jurisdicción ordinaria o Tribunal Constitucional) será la que al final inhabilite al Sr. Puigdemont y a su Gobierno, pero sí sé que el llamado proceso está tan trufado de ilegalidades, y que, además, “obliga” para su consecución a la comisión de un tan variado ramillete de delitos, que indefectiblemente acabará con esas autoridades inhabilitadas y condenadas, incluso por más delitos de los que hasta ahora han sido acusadas por el Ministerio Fiscal.
Valentín Cortés
 

viernes, 8 de septiembre de 2017


Viernes 8 de Septiembre de 2017 

Los resortes del Estado

La aprobación en esta pasada madrugada de la llamada Ley de la desconexión jurídica por el Parlamento catalán es, podemos decir, como la segunda parte del bodrio de ilegalidades del que hablábamos ayer. Me imagino que vendrán otros actos ilegales de las instituciones catalanas para seguir rellenando ese bodrio.

Nuestra opinión hoy enlaza con la de ayer y, por tanto, no perdemos de vista que lo que quiere el independentismo, curiosamente, es poder decir que la “ley” le ampara en sus actos. Es aquí donde el proceso falla de inicio. Veamos:

La reacción del Estado a esa primera parte se ejecutó en menos de 24 horas y lo más importante es que ya no existen dos legalidades, pues el Tribunal Constitucional ha suspendido la vigencia de la espuria. Nadie puede, pues, ampararse en una legalidad, inexistente por ahora en el ordenamiento jurídico español, para llevar a cabo actos permitidos por ella.

Hoy, me imagino el Gobierno presentará recurso contra esa paradójica (¡ se han fijado en el titulo!) Ley de desconexión jurídica y el Tribunal Constitucional la suspenderá tras admitir a trámite el recurso del Gobierno.

Esto, que puede parecer baladí, es, por contrario, esencial y permite terminar con la ambigüedad que podría ser aprovechada por quien tiene que elegir desde ahora, no entre dos legalidades ambas vigentes, sino entre la legalidad y su violación, con las consecuencias económicas, administrativas y penales que ello conlleva. Por eso, en el discurso de  ayer,el Sr. Rajoy hizo bien en poner énfasis en la situación de los funcionarios y autoridades.

Valentín Cortés

jueves, 7 de septiembre de 2017


Jueves 7 de Septiembre de 2017

El parto de la astucia

Los acontecimientos de ayer en el Parlamento catalán me obligan a empezar el nuevo curso con un poco de anticipación a lo anunciado.

Me he acordado de Esopo y de su “parto de los montes”; me he acordado de la tan renombrada ”astucia catalana”, aplicada y aplicable en este proceso de secesión por los independentistas que tanto la ponderaban, porque se trataba de hacer las cosas de modo tal que el proceso tuviera cobertura legal inatacable por el Estado. Nunca entendí cómo un proceso revolucionario debería tener en su gestación cobertura legal, pero el hecho es que tras larga gestación la astucia ha parido, no un ridículo ratón, sino un bodrio  de ilegalidades.

La inclinación irrefrenable de los secesionistas al fraude legal, confundiéndolo con la astucia, ha dado lugar a un fin de fiestas que ni siquiera los más benévolos y condescendientes entenderían que tiene un ápice de legalidad ni formal, ni material, ni autonómica ni constitucional: es todo un inmenso fraude que se derrumba por su propio peso.

No es la hora, pues, de la política (que nadie dice en qué consiste) sino la de sanear y poner orden. Es la hora de la Ley. Ahora es cuando ya no caben excusas ni a los jueces, ni a los magistrados del Tribunal Constitucional, ni al Senado, ni al Gobierno para poner fin  a este bodrio de ilegalidades que nos ha nacido y dejar fuera de la política a quien ayudó a engendrarlo.

Valentin Cortés

 

viernes, 7 de julio de 2017


Viernes 7 de Julio de 2017

¡Hasta Septiembre!

Estoy seguro de que, de hoy hasta el día 11 de Septiembre, se producirán muchas noticias que merecerían nuestra opinión jurídica. Pero, dentro de unos días el Parlamento entrará en vacaciones reglamentarias y los jueces nos dejarán sin resoluciones que comentar también por vacaciones judiciales y, en esas circunstancias, como en años anteriores, todos, ustedes y yo, nos merecemos un descanso:  yo, para no repetirme en exceso, intoxicados como estamos por el problema catalán, que se hará predominante, y, ustedes, para que no se cansen de leerme.

Sólo en el caso de que surja algún tema realmente de Estado, yo volvería a comentar y dar mi opinión, para inmediatamente desaparecer hasta el día 11 de Septiembre, que es el escogido sólo y exclusivamente porque es el siguiente lunes después del día 7 de Septiembre, fecha en la que normalmente se reinicia este blog.

Buen descanso y vacaciones.

Valentín Cortés