Mier4coles 3 de Diciembre de 2014

 

Alargar el periodo de prescripción como remedio de la ineficacia.

He leído en www.elmundo.es que los jueces Decanos de España, en relación con los delitos de corrupción, han solicitado, y propuesto como medida adecuada, el alargamiento del periodo de prescripción de esos delitos.

La prescripción es una institución jurídica que tiene que ver con la Justicia ínsita que el Ordenamiento Jurídico exige al ejercicio de los derechos. El Derecho no puede amparar ejercitar un derecho cuando ha transcurrido un tiempo lo suficientemente dilatado como para hacer pensar que ese derecho no se ejercitará, de modo que no hacerlo hace suponer e implica un abandono de su titular.

El derecho de penar del Estado, para ser ejercitado en Justicia, debe serlo en un tiempo prudente. Alargar ese periodo no puede ser un remedio para la ineficacia de la Administración de Justicia, o la desidia de los poderes públicos, y si se alarga debe ser porque exista una conciencia social, relevante y clara, de que el Estado debe castigar esos delitos, aunque no se haya preocupado de su existencia en un tiempo dilatado. Y, ¿eso no ocurriría también con todos los demás delitos? Porque, ¿de qué sirve castigar hoy lo que ocurrió hace muchos años?

Valentín Cortés

Martes 2 de Diciembre de 2014

 

Las declaraciones del Ministro de Justicia.

Remito a ustedes a las declaraciones que esta mañana ha hecho el Ministro de Justicia en un acto denominado “desayunos de Europa Press”, que yo he leído en www.europapress.es.

Me interesa, sobre todo, la parte de intervención dirigida a analizar el problema catalán, porque oímos a los dirigentes regionales lanzar la idea de que frente a las urnas, como resorte democrático, el Estado “manda al fiscal”, como solución antidemocrática, como si en nuestro Estado de Derecho se pudiera mantener, como hace a diario el Sr. Mas, que el Derecho es injusto.

 El Ministro ha hecho bien en vincular esta posición con el nazismo, que se afirmó en la vida social de Alemania, basándose precisamente en esa idea, superada por la sociedad democrática que tiene el Derecho Positivo( Constitución incluida) anclado en la Justicia y en la seguridad jurídicas, defendidas por los jueces y, en último término, por el Tribunal Constitucional. No hay, pues, contraposición posible, en nuestra sociedad, entre Derecho y democracia.

Valentín Cortés

Lunes 1 de Diciembre de 2014

La distorsionada demanda de conflicto colectivo de Jueces por la Democracia.

He leído en www.europapress.es que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una demanda de conflicto colectivo presentada por la Asociación Jueces para la Democracia contra el Consejo General del Poder Judicial y contra el Ministerio de Justicia con base a la sobrecarga de trabajo y a la falta de plan de prevención de riesgos laborales en los Juzgados.

La noticia estaría, excepcionalmente, en la admisión a trámite de la demanda, y no en la interposición de la demanda, a no ser porque el conflicto parece que se circunscribe a los Juzgados y no a los Tribunales. Si no fuera así, esta  demanda  afectaría directamente a los que van a decidir sobre su fundamentación en la sentencia; esos jueces no decidirían entonces sobre un conflicto ajeno, sino sobre un conflicto propio, y no tendrían jurisdicción para conocer de tal asunto, y, en consecuencia, no habrían admitido a trámite la demanda.

Pero, siendo así, me pregunto, ¿es que sólo hay sobrecarga de trabajo en los juzgados? ¿Es que sólo los Juzgados carecen de un plan de prevención de riesgos laborales?

Por eso esa demanda crea una distorsión jurídica y legal evidente, que tengo curiosidad por saber cómo se solucionará por la Audiencia.

Valentín Cortés

Viernes 28 de Noviembre de 2014

¿Dónde estará el límite?

He leído en la edición nacional de ABC que el Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado una ordenanza municipal regulando qué debe exponerse en los escaparates de las tiendas y comercios dedicados a los artículos de recuerdos turísticos: solo podrán exponerse los objetos dedicados a la promoción turística de la ciudad y la difusión de sus valores patrimoniales y culturales.

No es este el lugar de sacarle la punta política que le saca el periódico, buscándole un trasfondo antinacional a la ordenanza, pues habla de que se prohíben los toreros, las banderillas, las muñecas con traje de gitana, y, me imagino, un hórreo y, por qué no, un mañico enfajado con pañuelo en la frente, y, lo peor, la Puerta de Alcalá en miniatura e iluminada.

Pero sí es el lugar de manifestar que, aunque sorprendente, podemos enuclear casos de individuos y corporaciones tan reacias al Derecho y a la Constitución, que, por cierto, en el art. 38 reconoce una cosa que se llama libertad de empresa que, me imagino, permite al tarraconense de turno organizar su negocio y sus escaparates como le venga en gana, además con la garantía y protección de los poderes públicos como advierte el art. citado.

Valentín Cortés

 

Jueves 27 de Noviembre de 2014

Una estrategia jurídica arriesgada.

Siento citarme, pero remito a los lectores a mis opiniones de los días 20 y 24 de Octubre pasado sobre la judicialización del caso del ébola de la Señora Romero.

Esta mañana todos los periódicos digitales recogen la noticia según la cual la médico de asistencia primaria que asistió a la sanitaria se va a querellar contra ella por injurias y calumnias, pues recuérdese que, contradiciendo una versión inicial, ha afirmado por activa y por pasiva que dijo a la médico que había asistido al sacerdote, después muerto, que tuvo fiebre alta, etc.Es decir, acusó a la médico de irresponsabilidad en el ejercicio de su profesión.

Ahora la Señora Romero tiene que volver a la realidad: este asunto de su contagio no admite politización, amén de que la sociedad parece ser que no está de acuerdo en admitir que la Sanidad pública, que tanto esfuerzo y éxito ha dedicado a su curación, sea una chapuza como afirmaba ella y su marido.

 Ahora es el tiempo de las responsabilidades en el contagio. Y ahí es donde está el debate, por eso digo que la estrategia jurídica que escogieron me parece arriesgada.

Valentín Cortés

Miércoles 26 de Noviembre de 2014

La astucia y el Derecho

No solo por la puesta en escena de ayer, donde el Sr. Mas nos dio la nueva versión de su proyecto de futuro, sino por lo  dicho hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, creo que merece la pena hacer nuestra “opinión jurídica” sobre lo hecho y conseguido hasta ahora por el Sr. Mas.

Para mí los hechos son evidentes: hay un señor que es Presidente de la Generalidad que sigue pensando, ideando, preparando y anunciando de forma continuada qué ha hecho y qué hará en el futuro para declarar a Cataluña independiente, por cierto utilizando los recursos públicos.

Primero, fue el referéndum convocado, que no se pudo celebrar. Segundo fue el pseudo referéndum que no sirvió para declarar la independencia y, ahora, propone unas elecciones para declarar la independencia, pero tienen que ser con lista única soberanista y obtener mayoría absoluta.

Me hago dos preguntas: ¿Dónde está el éxito que dicen ha obtenido sobre el Estado de Derecho y sobre el Estado?  ¿Cómo va a negar en ese proceso penal, que le espera, que tiene un plan de soberanismo que incluye necesariamente la desobediencia al Tribunal Constitucional y la ruptura (no la modificación) constitucional, y que lo tiene previsto y que usará los recursos públicos para conseguirlo?

Dado que, ahora, el plan del Sr. Mas va más allá de las  próximas elecciones generales (¿astucia?) puede ser que al Estado no le quede más remedio que utilizar el art. 155 de la Constitución. ¡Sería triste!

Valentín Cortés

 

Martes 25 de Noviembre de 2014.

La autoinculpación.

Siguiendo la rancia y clásica tradición castellana de la autoinculpación masiva (ya he escrito en este Blog sobre Fuenteovejuna) hemos sabido hoy, por su portavoz Sr. Homs, que el Gobierno de la Generalidad Catalana ha decidido esta mañana, para el supuesto de que la querella del Fiscal sea admitida por el Tribunal Superior, autoinculparse, corresponsabilizándose y solidarizándose con las acciones acusadas y perseguidas por el Ministerio Fiscal. Ya, en otro gesto parecido, los diputados regionales de los partidos soberanistas se autoinculparon de desobedecer al Tribunal Constitucional por los hechos del 9N. Los del Gobierno han decidido ir a declarar, si se admite la querella, ante el Tribunal Superior.

Es un gesto jurídicamente vacuo, que sin embargo tiene el aire bravucón que ya vimos en el Sr. Mas en unas escenas en TV, diciéndole al Ministerio Fiscal que no buscara responsables, que él era el responsable. Daña a la Justicia que la sociedad pueda entender este gesto como una presión al Tribunal.

En cualquier caso, irán a declarar solo si así lo ordena el Tribunal tras  petición de parte acusadora, dado que se han autoinculpado; no depende, pues, de ellos.

Valentín Cortés