la investigación procesal universal no es legal

Miércoles 3 de Julio de 2013

La investigación procesal universal no es legal.

Ha sido un lugar común en algunos juzgados de la Audiencia Nacional que, iniciada una causa por la comisión de unos hechos, se iba ensanchando hasta convertirse en  una investigación general y universal de los hechos que hubiera podido cometer el imputado de turno por si se descubría algún delito. Los casos están presentes, hay algunos actualmente en marcha y suponen, en todos los supuestos, una clarísima violación de la ley que no permite sino investigar los hechos que han sido objeto de acusación.

Ahora el Juez Ruz al negar el testimonio del Sr. Aznar, citado por otro testigo, y no admitir que se pidan las declaraciones fiscales de un número importante de políticos del Partido Popular, acierta jurídicamente -aunque políticamente no le guste al querellante popular- aduciendo que ese testimonio y las declaraciones fiscales de los políticos no tienen nada que ver con el objeto del proceso que está en marcha contra el Sr. Bárcenas. Ya me imagino lo que le habrá costado al órgano judicial resistir la presión mediática y política que parece imperar más que la jurídica.

La manipulación política de los procesos y de los jueces debería rechazarse de plano. A veces, como en esta ocasión, se hace.

Valentín Cortés

 

La juez Alaya imputa cionductas delictivas a la Consejería de Hacienda de la Junta, siendo titular Doña Magdalena Alvarez

Martes, 2 de Julio de 2013

 

La Juez Alaya imputa conductas delictivas a la Consejería de Hacienda de la Junta, siendo titular Doña Magdalena Alvarez

El auto de la Juez Alaya de 20 de Junio de 2013 ,que hoy se ha dado a la publicidad y que he leído en www.elmundo.es ,tiene bajo mi punto de vista, una gravedad considerable. Pues, en definitiva, afirma que va a investigar, imputando a toda la plana mayor de esa Consejería, lo que indiciariamente tiene claro: que hubo una premeditada actuación administrativa y política, ilegal, que trataba de enmascarar en partidas presupuestarias de “transferencias de financiación”, para evitar la fiscalización previa de la Intervención, lo que eran concesión de subvenciones que se dedicaron a los fines ilícitos ya conocidos.

La juez sabe el procedimiento aplicado, el destino del dinero, los beneficiados y ahora investigará la participación de los nuevos imputados y su participación en la realización y ejecución de tan sorprendente e ilegal plan de saqueo de los dineros públicos.

El auto, por demás, es de una sobriedad impactante y de una intachable protección del derecho de defensa de los nuevos imputados: ordena que se le instruyan de sus derechos y que se les permita personarse y tomar conocimiento de todo lo actuado, tal como ordena el art. 118 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Valentín Cortés

 

El riesgo que corre el Juez Sr. Silva

Lunes 1 de Julio de 2013

 

El riesgo que corre el Juez Sr. Silva

 

Publica www.expansion.es que el juez Sr. Silva ha dictado una providencia en la que manifiesta que no entiende bien lo que le ordenaba la Audiencia en relación a la tramitación de la recusación en la pieza de la compra del Banco en Florida por Caja Madrid y ha decidido seguir conociendo de la causa.

El riesgo, cada vez más fuerte, es que se interponga contra él una querella por prevaricación.

El deterioro que se está produciendo en esa causa es tanto que, cualquiera que sea profano en Derecho procesal, seguro, que no entiende nada, pues observa como un Juez no cumple con lo ordenado aduciendo argumentos que incluso podrían interpretarse como una burla o menosprecio para los superiores jerárquicos (si son ciertas las noticias que publica Expansión).

Parecería que el Juez Silva es como un torero tremendista que cada vez se arrima más al toro, quizá buscando la cogida que le dé una aureola ficticia. Pienso, desde mi lejanía ignorante del meollo de la cuestión, que los acusadores populares deberían meditar estas circunstancias y actuar en consecuencia.

Valentín Cortés

Viernes, 28 de Junio de 2013

Todavía estamos a tiempo de arreglar la Justicia.

En www.elconfidencial.es se publica hoy un reportaje sobre la preocupación del Gobernador del Banco España por la judicialización que está teniendo lugar de la vida financiera de este país. Se habla igualmente de una entrevista o comida del Gobernador y del Ministerio Fiscal, para, a petición del primero, tratar de racionalizar jurídicamente este problema. El reportaje habla de la preocupación en el Banco España por el poco nivel técnico de los jueces que conocen de estos temas y de la falta de medios técnicos de que hacen gala los Juzgados.

En España tenemos los jueces y juzgados que hemos querido tener. Quizá toda esta crisis económica, cuyo resultado principal y primero, en el campo de la Justicia, ha sido la irrupción de los jueces en el campo financiero y político, denota lo que realmente hemos querido como Justicia. Hemos querido una Justicia sin medios, mal organizada y unos jueces mal formados, memorísticamente formados, con un fortísimo nivel de sentimiento de irresponsabilidad ante los justiciables y la sociedad, con un fuerte sentido del corporativismo y un órgano de Gobierno de los mismos que está politizado hasta el extremo y que lo seguirá estando, seguro, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ayer aprobó el Congreso de los Diputados.

Nuevo sistema de preparación al acceso a la carrera, responsabilidad de los jueces pareja a la independencia que tienen, nueva estructura del oficina judicial, con la mayoría de los servicios comunes, y un Consejo integrado por notables (pero notables de verdad), del mundo jurídico. Así, empezaría yo.

Valentín Cortés   

Jueves, 27 de Junio de 2013

De nuevo sobre el Juez Sr. Silva

La Audiencia Provincial ha dictado un auto en el que obliga al Juez Silva a tramitar, en la pieza separada por la compra de  un Banco en Florida, la recusación que presentó en su día el Sr. Blesa. Ya hablamos de eso en su día y criticamos que el Juez siguiera conociendo de la pieza separada habiéndose presentado la recusación. Allí están los argumentos y a ellos me remito.

 La tramitación de la recusación produce la pérdida de la competencia funcional para seguir conociendo del asunto, a la espera de la decisión que tome el órgano competente (art. 221.2 Ley Orgánica del Poder Judicial) y la suspensión del proceso, por lo que me temo que todo lo que se actuó por el Juez Silva en esa pieza sin tramitar la recusación acabará por anularse.

Pero, hoy me entero por la prensa que el Sr. Blesa había presentado dos recusaciones, una en la causa principal y otra en la pieza separada. Siendo así, la no tramitación de la recusación en la pieza, si nos atenemos a las noticias de prensa, sería realmente grave, porque, una de dos, o es prevaricación, lo que yo no tengo motivos para sospechar que se produjera ni estoy en condiciones de valorar, o es simple ignorancia inexcusable, lo que es determinante para la exigencia de responsabilidad civil y administrativa al Juez y patrimonial al Estado, (arts. 411 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Es fundamental acabar con rapidez todos estos incidentes y expedientes. Lo exige la buena Administración de Justicia y la buena imagen de la misma.

Valentín Cortés

 

Miércoles 26 de Junio de 2013

 

El buen camino del concurso de acreedores de Pescanova.

 

Por las noticias que leo en la prensa, Pescanova tiene muchas posibilidades de salir del concurso sin llegar a la liquidación.

Hoy leo en www.expansion.es que la administradora concursal (Deloitte) va a firmar mañana un crédito concedido por un grupo de bancos españoles, acreedores de la concursada, de 54 millones de € destinado a las gestión diaria de la compañía. Este crédito que está avalado por la marca Pescanova y otros inmuebles tendrá la consideración de privilegiado especial y figurará al margen de la deuda bancaria. Es decir, se ha establecido un sistema, que es legal, para que quienes den este dinero, que es crucial para la empresa y para que los acreedores puedan cobrar en el futuro, estén seguros que lo van a recobrar con unas garantías suficientes y, podemos decir, al margen de los límites y preferencias del reconocimiento de créditos y de los pactos que pueda contener un hipotético convenio, que en todo caso, deberá contemplar la preferencia especialísima con la que se concede.

Creo que la Administradora concursal acierta.

Valentín Cortés

 

Martes 25 de Junio de 2013

El Tribunal Constitucional y la política económica del Gobierno.

 

Leo en la prensa que el Grupo parlamentario socialista  en el Congreso ha recurrido ante el Tribunal Constitucional TC) la ley que posibilita el canje de participaciones preferentes.

Obviamente todos los grupos parlamentarios que cuenten con los miembros requeridos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional pueden recurrir al TC cuando lo estimen conveniente para intentar anular por inconstitucionales unas determinadas leyes. Pero, ese no es el problema.

El problema se produce cuando se recurre prácticamente toda ley o Decreto Ley que se aprueba en el Parlamento; hasta ahora parece ser que el Partido Socialista ha recurrido hasta en ocho ocasiones en un año al TC. ¿Tan fuera de la Constitución  está el Parlamento, por tanto, el Gobierno?

 Esto hace, se quiera o no, que el TC aparezca ante la opinión pública y que se convierta en una especie de último recurso de la oposición para hacer oposición y eso, se quiera o no, produce un efecto perverso, no querido por la Constitución, del legítimo derecho a acudir al Tribunal que tienen los Grupos parlamentarios o grupos de parlamentarios.

Valentín Cortés