Miércoles 4 de Noviembre de 2026

La dimisión del Sr. Puente

Después de una larguísima intervención de varias horas en el Congreso sin aceptar responsabilidad alguna en los accidentes de tren de los últimos meses, el Sr. Puente dimitió en base a conceptos tan indeterminados, etéreos y pocos jurídicos o constitucionales como “dignidad política”, “coherencia” y “empatía con las víctimas”, dado que (nos dijo solemnemente) “un Ministro de Transportes no puede continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad” (sic).

Pero, en realidad, el tema no es así, si leemos la Constitución(CE); en efecto, al igual y en correspondencia al nombramiento de ministro, que se acepta si libremente se quiere aceptar, la dimisión de ese cargo recorre el mismo camino centrado en la voluntad como única causa. Si, por el contrario, un ministro se ve forzado a dimitir (como parece que es el caso, según su propias palabras) sólo puede ser porque realmente  entiende que la responsabilidad que aceptó en el nombramiento por el Presidente( art.100 CE)  no la ha asumido como se  establece en  CE ( art.98.2) que nos dice que el Presidente dirige la acción del Gobierno sin “perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos( los ministros) en su gestión”; es decir, un ministro tiene que cumplir con las obligaciones que se derivan del ejercicio de sus competencias: y ésta es su única responsabilidad. Y es entonces cuando hay que preguntarse si ha habido acción o inacción en el ejercicio de  sus competencias gubernamentales (art.98 CE) y si ha habido o no en ese ejercicio arbitrariedad (art.9.3 CE). Desde este prima, estamos seguros que  el Sr. Puente ha dimitido por no cumplir con las obligaciones de ministro y, en consecuencia, no asumir las responsabilidades que aceptó en su nombramiento; en este contexto, el Presidente de Gobierno tambien es responsable de haberlo nombrado ministro, y, posteriormente, de no haberlo cesado, como era su obligación dada la trayectoria del ministro que hemos padecido los españoles.

Valentín Cortés

 

Martes 3 de Noviembre de 2026

Fin de la acampada en la Puerta del Sol

La prensa da cuenta del desalojo, que ha llevado a cabo esta madrugada la policía, de los acampados en la Puerta del Sol de Madrid. Las razones esgrimidas para tal actuación policial, según he podido leer en la prensa, han sido básicamente mantener que el derecho de manifestación (y de ocupación del espacio público, por consiguiente) de los acampados “no es ilimitado” en el tiempo, algo tan obvio que entra de lleno en lo que puede calificarse de verdad de Perogrullo.

La terminación  de esta situación de ilegalidad manifiesta, no impide que ahora pongamos de manifiesto que, en cualquier caso, dado el muy largo tiempo que ha sido protegido ese derecho de manifestación --que no necesariamente se tenía haber ejercido a través de una acampada en suelo público, y que, en todo momento, se ha ejercido además en contra y en perjuicio de los derechos de los demás vecinos y ciudadanos y de sus intereses--, todo indica que hemos estado ante una actuación de la Administración que permitiendo la acampada ha sido  de principio al final clara y manifiestamente arbitraria, pues, incluso,  la determinación del momento en el que hay que pensar, según la Delegación de Gobierno, que se han  traspasado los límites temporales de la protección de tal derecho de los manifestantes, y se ha puesto fin a la manifestación, responde claramente al capricho y arbitrariedad de la Delegación de Gobierno de Madrid, pues sinceramente creo que no responde a razones jurídicas y legales superiores sino que coincide ( la terminación) con que tal acampada no es beneficiosa ya para los intereses electorales del Gobierno.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 30 de Octubre de 2026

Las nacionalizaciones de los “nietos” y la teoría del racimo de cerezas

Las noticias que se conocieron ayer sobre la totalidad de los nacionalizados ( por la ley de “nietos”), afectados por la medida cautelar del Tribunal Supremo, que suspende cautelarmente su inscripción  como  tales en el censo electoral, son aún más esclarecedoras que la que comentamos el pasado miércoles: sólo un 0,5% de los “nietos” obtuvieron la nacionalidad de acuerdo con los requisitos legales, los demás lo fueron en base a la ilegal y fraudulenta Instrucción Ministerial, lo que resalta extraordinariamente la oportunidad de la cautela judicial acordada y la necesidad de mantenerla.

 Pero también hemos sabido, que han sido miles de otras nacionalidades( las de los hijos de los "nietos") que se han otorgado en base a esas otras ilegalmente obtenidas por esos “nietos” españoles nacionalizados y aquí juega la famosa teoría cherry picking, que nos permite determinar el efecto de la nulidad de un acto jurídico a los elementos unidos o dependientes de él. No será extraño, pues, que la medida cautelar del TS pueda ser ampliada para afectar a esas otras personas, para evitar, pues, la votación de las personas que pudieran haber obtenido la nacionalidad en base a otra otorgada ilegalmente. Conviene recordar que el derecho a votar en las elecciones generales (art.23 Constitución) es un derecho reconocido en la Constitución, pero sólo a los ciudadanos españoles (art.23 en relación con el art. 13 Constitución) y que, por tanto, ese derecho a votar pende de la persistencia y legalidad de su nacionalidad, nacionalidad que se puede perder o quedar suspendida (excepto en el caso de ser de origen: art.11.2 Constitución), si es que se ha obtenido en base a una previa nacionalidad ilegalmente otorgada de la que trae causa. Si tiramos de la cereza podrida-nula, la nulidad afectará igualmente a todas las que pendan de aquella.

Valentín Cortes.

 

Jueves 29 de Octubre de 2026

Frente al desastre

Mirar a los acontecimientos desde el exclusivo ángulo jurídico y legal, como hacemos en este blog, me produce un gran y confuso sentimiento personal de insatisfacción cuando en este momento escribo a cerca del desastre ferroviario de ayer. Por supuesto que el Derecho no arregla la muerte, el sufrimiento de los heridos y el de tanto familiar afectado, el desánimo social ni siquiera la sensación de fracaso social que invade ahora a la sociedad española. Pero cuando la muerte o los daños, sean corporales o materiales, nos llegan por la culpa, la negligencia, la inacción, o la desidia de alguien, de un tercero, los siglos que llevamos de civilización imponen a la sociedad buscar una reparación para ella misma y para los afectados por el daño, aunque nunca sea plenamente satisfactoria la tal reparación: de ahí que, desde hace muchos siglos, acudamos en esos casos a buscar y dilucidar su autoría, mediata o inmediata, para hacerle asumir su responsabilidad. Los romanos distinguieron la culpa personal y la que llamaron culpa in eligendo y culpa in vigilando, e incluso enuclearon  una  culpa por acción y otra por omisión, que hacen referencia a los deberes, las cargas y obligaciones no cumplidas o atendidas no adecuadamente

Esto es lo que tiene que hacer la sociedad española desde ya y sin descanso, y en ese campo creo honestamente que en este caso existen todas las responsabilidades que pensaron los sabios de Roma. Ahora, lo que hay que dilucidar igualmente es si esa responsabilidad que existe es civil, penal o administrativa o todas a la vez. El tiempo y el Derecho lo dirán

Valentín Cortés

 

Miércoles 28 de Octubre de 2026

Una Instrucción ministerial de “amplio e ilegal espectro”

Leo en la prensa (vid. en www.theobjetive.com o www.elmundo.es) que, de todos los miles de expedientes revisados en el consulado de Buenos Aires, siguiendo las órdenes del Tribunal Supremo en el asunto de la aplicación de la “ley de nietos”, ni uno sólo de ellos se basa en la condición de exilio político sufrido por el antecesor del solicitante de nacionalidad española; en  todos los casos, pues, la nacionalidad se ha obtenido en aplicación exclusivamente de la famosa e ilegal Instrucción Ministerial que amplió los supuestos de  su obtención.

Traigo la noticia al blog porque es reveladora de la gran magnitud y enorme importancia del fraude a la ley que conlleva la Instrucción y de su trascendencia en el proceso electoral en marcha, máxime cuando fue precisamente Argentina el destino, posiblemente mayoritario, de la emigración española a América en la postguerra inmediata y el país donde la “colonia española” es más numerosa.

En estas condiciones se me antoja muy difícil que el Tribunal Supremo pueda modificar la medida cautelar adoptada y sus efectos electorales, y parece inevitable que la misma se confirme con la sentencia definitiva que se dicte en su momento.

Valentín Cortes

 

 

Martes 27 de Octubre de 2026

Ceuta: la investigación judicial, lenta pero inexorable

Si, como yo, siguen ustedes las noticias en los medios de comunicación, las declaraciones de muy diversos testigos en la causa que lleva la Juez Tardón sobre lo sucedido en Ceuta a finales de Julio del presente año, quizá lleguen a la misma conclusión que yo he llegado: todo indica, pues : i), que lo que realmente ocurrió fue una “invasión” organizada por Marruecos, que consistía en la entrada de miles de personas( cerca de 90.000) forzando todo tipo de fronteras con Marruecos, las físicas vigiladas y las naturales no vigiladas(las marítimas); ii), que, por demás, la entrada masiva de personas era conocida, en grado por ahora no determinado, por el Gobierno español; iii), que el Gobierno español nada hizo, prevista la entrada, para impedirla ni previamente ni en el momento en que se produjo; iv), que la reacción, posterior a la invasión, del Gobierno español frente a Marruecos no existió; y v),que desde la fecha de la invasión hasta que terminaron las vacaciones del Sr. Sánchez ( final de Agosto), la acción del Gobierno puede decirse que fue inexistente y que la posterior aun permite la estancia en Ceuta( pasados tres meses) de una cifra de  personas invasoras que parece llegar a las 20.000.

Por supuesto, que todas estas deducciones las hago con la lectura de la prensa y, por supuesto, que sólo es el Juzgado quien tiene que valorar todo el material investigado que se va acumulando en el sumario para determinar si hay o no apariencia de delito; pero, a nosotros, simples lectores de lo que se escribe y dice en la prensa, todo nos indica que estamos ante una consciente y meditada inacción del Gobierno en lo que sí se puede calificar de invasión y ataque a la soberanía nacional y a la integridad del territorio nacional, que, curiosamente, fue la acertada opinión del presidente del Gobierno a poco de producirse los hechos.

Valentín Cortés

 

Lunes 26 de Octubre de 2026

¿Impugnación del resultado de las elecciones?

Escribo esta opinión sin conocer exactamente los tiempos procesales del proceso que se sigue ante el Tribunal Supremo (TS) en el tema de la llamada “ley de nietos”. Con este desconocimiento, percibo que por la prensa se extiende la idea de que, en caso de perder las elecciones, el PSOE impugnaría los resultados que se vean afectados por el que podríamos denominar “voto de nietos”, si es que estos, bien por sentencia firme, bien por medida cautelar en vigor, no se hubieran podido depositar. Si ello es así, posiblemente se podrían ver afectados cantidad de resultados electorales en cuanto son votos que, de haberse producido, teóricamente estarían desperdigados por un gran número de circunscripciones electorales (las que hubieran elegido las personas nacionalizadas por la ilegal Instrucción Ministerial).

Con este grado de incertidumbre, y quedándonos en lo meramente jurídico, añadiremos que, de acuerdo con la Ley Electoral (art.112.2), es el TS, Sala Tercera el órgano competente para resolver los recursos contenciosos-electorales que se puedan presentar impugnando los resultados, de donde la situación que se plantea puede ser realmente “curiosa” desde el punto de vista procesal, en modo tal que: i), la decisión que se tome respecto a la posible impugnación estará siempre condicionada a la que se tome previamente por la misma Sala en relación con la nulidad de la Instrucción y de la incorporación al censo  de esos electores; y ii) en el supuesto de que llegado el caso aún no se hubiere tomado esa decisión, la de los recursos electorales no se podría tomar hasta tanto la otra no se tome, pues ésta es prejudicial, y habría, pues, que suspender el contencioso-electoral hasta ese momento.

En cualquiera de los casos, la decisión que tomara, al final, el TS sería recurrible ante el Tribunal Constitucional en amparo y es aquí donde adquiere una importancia trascendental el fundamento jurídico tercero del auto del TS sobre la amnistía dictado el pasado 19 del presente mes, al que me remito.

Valentín Cortés

 

Viernes 23 de Octubre de 2026

El requerimiento del Tribunal Supremo(TS) a los ministros Bolaños y Albares en el tema de la “ley de nietos”.

En mi experiencia de muchos años en el ejercicio de la abogacía, cuando un Juez o Tribunal emite un requerimiento con advertencia, en caso de incumplimiento, de sanción o deducción de testimonio por posible responsabilidad penal, estamos ante un caso, podemos decir, “terminal” o de agotamiento de las posibilidades de atraso del cumplimiento por agotamiento igualmente de la “paciencia” judicial. Y desde esa misma experiencia, deduzco que si, a pesar de la advertencia, el requerimiento no se cumple, se hace parcialmente o de forma defectuosa, estamos ante una de estas dos posibilidades: i) el requerido, por causas que pueden ser diversas, pero no ajenas, no puede cumplir el requerimiento; o ii) no quiere hacerlo porque así le conviene, y asume las consecuencias.

 Pudiera darse el caso que se den ambas circunstancias; por ejemplo, en nuestro caso, que nace de una Instrucción ministerial claramente ilegal y con presuntos visos de prevaricación y fraude electoral ( por eso precisamente se ordenan las medidas cautelares por el TS en el tema que comentamos), lo que podría ocurrir es que se den las dos circunstancias: el Gobierno se resistiría a entregar las listas requeridas de nacionalizados afectados por la medida cautelar del TS, si es que estas hubieran sido confeccionadas sin que se hubieran seguido los trámites administrativos oportunos y sin la observancia de los requisitos de fondo legales, por lo que, amen de no poder dar la lista conforme a lo solicitado por el TS, al Gobierno no le interesaría que este desorden e ilegalidad se conociera. Pero, en cualquiera de los dos ( o tres casos) el requerimiento del TS tiene la ventaja adicional de contribuir de forma importante a la necesaria fe ciudadana en la limpieza del proceso electoral, que es, en sí mismo, un bien público que hay que proteger.

Valentín Cortés

 

Jueves 22 de Octubre de 2026

Dos magnificas noticias  en rededor de la “ley de nietos”

Ayer, al mismo tiempo que nos enterábamos de la decisión del Tribunal Constitucional(TC) de no admitir siquiera a trámite el recurso de amparo del Defensor del Pueblo relativo a la llamada ley de nietos, supimos que un juzgado de Madrid había admitido a tramite una querella por prevaricación contra la Sra. Fuentes, que, en su  momento, fue la Directora General del Ministerio de Justicia que firmó la célebre Instrucción ministerial que ha dado lugar a la inscripción como nacionales españoles de personas que no cubren los requisitos establecidos en la Ley de Memoria Democrática( ley de nietos) para poder concederles la nacionalidad española.

 Las dos son magníficas noticias: la primera, porque el TC no traspasa una línea muy difícil de haber asimilado jurídicamente si es que se hubiera admitido a trámite el recurso del Defensor del Pueblo ( vid. nuestros comentarios anteriores  sobre este problema), con lo que el Estado de Derecho no se ve seriamente vulnerado; la segunda,  le da a la famosa Instrucción ( según nuestro criterio,claramente nula de pleno Derecho) la posibilidad de desprenderse del marchamo penal de prevaricación  que, a simple vista, podría acompañarla si es que no se dan en la realidad de los hechos de su emisión los requisitos de tal delito.

 Todo ello, con la ventaja adicional, en las dos noticias, de dar tranquilidad y garantías de limpieza a las elecciones próximas, alejando la sospecha y el peligro de fraude electoral.

Valentín Cortés

 

  Miércoles 21 de Octubre de 2026

El Tribunal Supremo(TS) acata la decisión del Tribunal Constitucional(TC) sobre la amnistía de la malversación

El tenor de la decisión del TS aplicando la amnistía al Sr. Puigdemont y demás condenados por malversación de caudales públicos, tras la sentencia del TC amparándolos, me parece un monumento al Estado de Derecho.

Y lo es, en términos muy simples y sencillos, porque, de una parte, acata sin duda alguna el mandato constitucional que da a las sentencias del TC, decisorias sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, fuerza de cosa juzgada y, por consiguiente, de obligada observancia y aplicación (art. 164.1 Constitución): así, pues, el TC ha declarado que en la ley de amnistía está incluida la malversación cometida por esos señores y el TS dicta su resolución de acuerdo con esa declaración.

Pero, de otra parte, esa obediencia constitucional no es óbice para que el TS se olvide de lo dispuesto en el art. 123.1 Constitución, y, en consecuencia, ponga de manifiesto que esa decisión del TC, (como otras anteriores, a las que hemos hecho referencia en el pasado en este blog) vulnera el mandato contenido en esa norma constitucional. Bajo mi punto de vista no es una manifestación obiter dicta, que se dice de pasada, sino una manifiesta y pública puesta en conocimiento del TC de que las competencias constitucionales del TS están siendo asumidas inconstitucionalmente por el TC.  Para el TS, el Estado de Derecho se agrieta cuando alguno de sus órganos se separa de la función constitucional que se le ha asignado y, además, se hace de forma reiterada.

Valentín Cortés

Martes 20 de Octubre de 2026

La inacción del Gobierno en Ceuta, de nuevo judicializada

Leo en www.europapress.es que el Gobierno de Ceuta ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para obligar al Gobierno de la Nación a “actuar” a fin de posibilitar la tramitación y resolución de los expedientes de expulsión de los adultos que a finales de Julio pasado invadieron la ciudad.

 Ya dijimos en el primer momento que, durante la invasión, antes y después de ella, lo que se ponía de manifiesto de forma extraordinaria era la “inacción” del Gobierno o, si queremos, la dejación de funciones frente a lo que son las obligaciones constitucionales del Gobierno. Ahora lo escandaloso es la, al parecer, necesaria judicialización de esa inacción, tan llamativa y persistente, que   casi tres meses después de los hechos siguen, a pesar de los requerimientos oportunos, sin poder plantearse y resolver los necesarios expedientes que permitan la expulsión de los adultos que participaron en la invasión y que por miles permanecen aún en Ceuta, persistiendo, mientras tanto, los perjuicios en cadena que se produjeron al momento de la invasión.

Mucho nos tememos que esa “inacción” se haga cada vez más escandalosa y notoria, en modo tal que podría acabar por determinar una declaración múltiple de responsabilidad en todos los sectores legales por los órganos judiciales competentes.

Valentín Cortés

 

Lunes 19 de Octubre de 2026

El recurso de amparo del Defensor del Pueblo, ¿Qué derecho constitucional individual y concreto se pretende proteger?

Hemos sabido este fin de semana que el Defensor del Pueblo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la medida del Tribunal Supremo ordenando a la Junta Electoral Central no incluir cautelarmente en el censo electoral a los llamados “nietos”, que adquirieron la nacionalidad española en virtud de la famosa “Instrucción” de una Directora General del Ministerio de Justicia (con fraude a la Ley de Memoria Democrática). Ni voy a hacer aquí, ni está en mi ánimo, un juicio de intenciones políticas de tal interposición de recurso, pero sí diré que me parece imposible admitir (y no lo hago) que tenga en su base el más mínimo rigor jurídico, ni siquiera con una interpretación muy laxa del Ordenamiento Jurídico. Además de lo que ya expusimos el pasado día 13 del presente mes, y de lo que la prensa ha afirmado acertadamente, me detengo en un solo dato: con el recurso de amparo se pretende proteger un derecho fundamental de alguien concreto (o perfectamente identificado o identificable en las propias actuaciones judiciales) por una decisión de los órganos judiciales y siempre que se haya producido tal violación del derecho fundamental invocado. En nuestro caso, además de no ser firme esa decisión (art.43.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), existe un problema que requiere una previa solución: deducir de las actuaciones judiciales, o designar, las personas concretas a las que se le ha violado ya tal derecho, porque las violaciones de derechos constitucionales no son abstractas sino subjetivas y concretas, ya que los derechos constitucionales (arts. 14 al 29 de la Constitución) son por naturaleza subjetivos. Por si esto fuera poco, el recurso se presenta antes de que esos desconocidos titulares del derecho hayan podido siquiera ser notificados de la violación de su derecho (art.43.2 de la ley citada)y decidir si quieren o no protegerlo.

Valentín Cortés

 

Viernes 16 de Octubre de 2026

El Delegado de Gobierno de Madrid y el sentido común

No hay que ser un experto jurista, ni siquiera entrar en un estudio sesudo de normas jurídicas concretas para poder afirmar que no ordenar el levantamiento del asentamiento en la Puerta del Sol de Madrid va en contra de las elementales bases de cualquier ordenamiento jurídico. Y no se nos diga que el derecho fundamental de los asentados a la manifestación (art.21 Constitución) prevalece sobre cualquier otro interés en juego, porque eso ofende a la inteligencia de los demás, encierra una gran distorsión de lo que está sucediendo y un olvido imperdonable de lo que dice tal norma. La Constitución, en efecto,  ampara el uso de los espacios públicos para manifestar nuestros pensamientos, quejas, idearios, o lo que queramos, pero ese uso no es nunca ni puede serlo la ocupación con carácter indefinido, y vocación de permanencia, de un espacio público que impide el derecho de los demás, que altera el orden publico y que pone en clarísimo peligro los bienes ( negocios) que allí se encuentran y que está poniendo en peligro la salud de los residentes y transeúntes, que por cierto son importantes circunstancias para limitar ese derecho fundamental. Si a esto añadimos, los supuestos en los que sí se ha limitado el ejercicio de ese derecho a manifestarse o, sencillamente, prohibido, nos encontramos ante una decisión gubernativa (la de no levantar la ocupación) que, en mi opinión, es claramente arbitraria, que recuerdo que son decisiones u ordenes que no están razonadas y, que estándolo, no son razonables, que es tanto como decir que carecen de un elemento esencial del ordenamiento jurídico: el sentido común.

Valentín Cortés

 

Jueves 15 de Octubre de 2026

Las palabras del rey ayer en Melilla pueden agravar la inacción del Gobierno en la invasión de Ceuta

Ayer hacíamos referencia a las palabras del Rey en Ceuta; hoy, a las que pronunció ayer en Melilla. En las dos ocasiones el Rey de manera nítida dejó claro dos cosas: que ambas ciudades son España y que estamos dispuestos a defenderlas. Si ayer invocábamos el art. 62 h) Constitución; hoy lo hacemos del art. 56.1. El Rey no es sólo el mando supremo de las Fuerzas Armadas, sino que como Jefe del Estado es “símbolo de su unidad y permanencia”. Y no tengo que recordar que, según el art. 8.1 Constitución, las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad (territorial). El Rey no se ha salido un ápice de sus competencias y papel en la Constitución estableciendo las pautas de accion frente a lo que el propio Sr. Sánchez calificó de invasión y ataque la soberanía e integridad territorial de España.

Para nosotros, que estamos en el terreno del Derecho, lo más grave es que esas palabras sean nuevas en el marco de una situación en la que reluce la inacción del Sr. Sánchez y su Gobierno. Y todo eso es lo que también pudiera tener en cuenta la investigación judicial que está en marcha para dilucidar responsabilidades por la invasión de Ceuta y sus consecuencias a finales del pasado mes de Julio.

Valentín Cortés

 

Miércoles 14 de Octubre de 2026

La cada vez más patente inacción del Gobierno en la invasión  de Ceuta

Se ha conocido que, al mismo tiempo de la invasión de 80.000  personas en Ceuta, no parece haber duda que de forma coordinada, buques de la fuerza naval de Marruecos entraron en aguas españolas en Ceuta; lo que se reprodujo en días posteriores. Según las noticias que ahora se saben, el Gobierno español, algún día posterior a la invasión, puso en alerta algunos buques de nuestra Armada que se dirigieron a la zona y fue entonces cuando el Jefe de las Fuerzas Armadas advirtió y conminó a los marroquíes a abandonar las aguas territoriales españolas, cosa que se consiguió. He leído hoy en www.theobjetive.com que esta advertencia se produjo tras la reiteración de estas entradas en aguas españolas días después de la invasión por tierra.

Lo traigo a colación porque, como sabemos, la Audiencia Nacional está investigando la inacción del Gobierno español antes, durante y posteriormente a la invasión dirigida de aquellas personas, que fue calificada acertadamente por el Sr. Sánchez como tal y como afectante a la soberanía española. En mi opinión, la noticia de los buques marroquíes confirma  i), la certeza del Presidente de Gobierno en su calificación inicial de los acontecimientos y ii) conforma, demuestra y agrava en demasía esa pasividad (inacción) del Gobierno (vacaciones incluidas) en defensa de nuestras fronteras y de nuestra soberanía, pues cada vez se hace más inverosímil que el Gobierno no estuviera al tanto de ella, pero mucho más que desconociera durante la invasión del carácter agravado de la misma por la entrada de los buques; y concreta lo que ello implica para la determinación de su responsabilidad. La gravedad de aquellos momentos se refleja igualmente en las palabras del Rey ayer en Ceuta (relativas a la defensa del territorio nacional), pues no hay que olvidar que provienen del Rey, como tal, mando supremo de las Fuerza Armadas (art.62,h. Constitución).

Valentín Cortés                                                                                 

 

Martes 13 de Octubre de 2026

La limpieza electoral es un bien superior que merece protección

La decisión del TS de mantener la medida cautelar -( suspendiendo la participación en las próximas elecciones  a los “nietos”, a los que se ha concedido la nacionalidad  española en virtud de la famosa Instrucción de una Directora General)-, al ser precisamente “cautelar”, no produce la cosa juzgada, porque no es definitoria de derechos con carácter permanente y eficaz( sólo mientras dura el proceso), amén de que, en cualquier momento procesal, puede ser modificada por el órgano que la dictó o se puede levantar o alzar; como dice expresamente el art. 726.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: las medidas cautelares tienen carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y alzamiento. Siendo así es evidente que contra la resolución adoptada por el TS no cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) que exige que la resolución recurrida sea firme (con eficacia permanente e inmodificable) (art.43.3 de la Ley Orgánica del TC).

La decisión del TS está muy bien razonada y es razonable,  (no es pues arbitraria) y se enfrenta a una situación en la que la suspensión temporal, provisional y susceptible de modificación o de finalización se produce porque existe una duda más que razonable de que puedan participar en las elecciones  personas, en número considerable, que no habrían obtenido la nacionalidad española de acuerdo con lo establecido en la Ley; esa suspensión temporal no afecta a los que puedan demostrar que sí obtuvieron la nacionalidad de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley. El TS, con esta medida, está protegiendo un bien general de la sociedad (evitar el fraude en las elecciones) muy superior al particular que se podría ver afectado provisionalmente.

Valentín Cortés

 

 

Viernes 9 de Octubre de 2026

El aplazamiento de resoluciones judiciales en periodo electoral

El uso judicial tácito (que nadie niega) de no dictar resoluciones (autos, sentencias) que puedan afectar al resultado de las elecciones, durante el correspondiente periodo electoral, al socaire de que pueden desequilibrar el resultado de aquellas, no sólo me parece un uso contra legem sino claramente contrario a los mandatos y principios constitucionales.

 En efecto, cuando el art. 117 de la Constitución nos dice que los jueces, en el ejercicio de su función jurisdiccional, son “responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” (art. 117.1), impide que cualquier otro factor determine no ya el contenido de una resolución judicial, sino el momento de ella (que la aplace, en nuestro caso) hasta la terminación del periodo electoral. El uso que comentamos significa que los intereses políticos de los partidos políticos, y una supuesta “búsqueda de limpieza y equilibro electorales”, están por encima de la ley que obliga a los jueces a dictar las resoluciones judiciales también de acuerdo con las normas de procedimiento y dentro de la lógica y el tiempo procedimental.

 Pero es que, además, si se opta en aplazar una decisión judicial para no perjudicar las opciones electorales de un partido político, lo que realmente se hace es perjudicar la opción electoral contraria, con lo que el supuesto equilibro que se intenta proteger queda perjudicado. Los jueces son independientes y, por tanto, están por encima de esos intereses electorales; y son responsables lo que significa que, si la decisión se toma, no se toma o se aplaza, por motivos exclusivos de interés electoral, podrían ser responsables administrativa, penal y civilmente. Si se someten exclusivamente a la ley, son independientes y no son responsables.

Valentín Cortés

 

Jueves 8 de Octubre de 2026

El saneamiento de nuestra sistema de garantías constitucionales

En nuestra opinión, sanar al Estado de la deriva autoritaria y totalitaria que ha tomado España –(donde, cuando menos, el Poder Ejecutivo ha fagocitado al Poder legislativo, con ataques continuos y antidemocráticos al Poder Judicial)- pasa por distintos hitos, entre los que es fundamental sanar el sistema de garantías constitucionales. Es un hecho conocido que el Tribunal Constitucional (TC) ha dejado de cumplir esa su función estatal para convertirse en un brazo alargado del Poder Ejecutivo. Y lo ha hecho de dos maneras: a) suplantando al Poder Legislativo y al Pueblo Español (art.1 Constitución) al asumir el poder estatal de crear derechos fundamentales (aborto, eutanasia), que corresponde al Poder Legislativo y al Pueblo Español, donde reside la soberanía nacional, encargado de aprobar por referéndum tales modificaciones de la Constitución. b) asumiendo las competencias y Poder estatal de ser el máximo interprete del Ordenamiento Jurídico (art. 123.1Constitución) (baste recordar sentencia de EREs y de amnistía y malversación de caudales públicos). Y en ambos supuestos en intima coincidencia con las políticas del Poder Ejecutivo.

Quizá el problema radica en que el sistema de elección de los Magistrados del TC ha mutado, en modo tal que no sólo se eligen juristas de reconocido prestigio y competencia (art.159.2 Constitución), exigiéndose ahora de ellos también la reconocida idoneidad política y partidista. Desde nuestro punto de vista, es sumamente revelador observar las argumentaciones jurídico-constitucionales inasumibles para un jurista que, en todos esos supuestos, nos da el TC para salvar (“santificar”) constitucionalmente la voluntad del Ejecutivo, de tal manera que pareciera que los magistrados se olvidan de lo que establece el art. 159.6 Constitución (“los miembros del TC serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato”).

Todo esto es urgente cambiarlo de raíz para sanar nuestro Estado de Derecho.

Valentín Cortés

 

Miércoles 7 de Octubre de 2026

El desprecio de Puigdemont

Para que el Sr. Puigdemont (vid. la prensa de hoy) pueda pavonearse de haber doblegado al Estado y de afirmar que “lo volverá a hacer” (golpe de Estado), sin duda ha tenido que silenciar lo que todos conocemos: la serie de actos jurídicos, y sucesivos en el tiempo, que van desde su “golpe” hasta ahora y la causa de los mismos, que podemos englobar en un pacto en el que a cambio de apoyo parlamentario del partido de Puigdemont al Sr. Sánchez, durante la legislatura que empezaba, aquel se vería, junto con sus compañeros de golpe, libre  de cualquier pena o castigo por parte del Estado. Todo esto es de conocimiento general y en terminología procesal podríamos denominarlo un “hecho notorio”. Calla y omite, pues, que ese pacto tenía importantes condiciones resolutorias de cumplimiento sucesivo en el tiempo, entre otras, la modificación del Código Penal (rebelión, sedición, malversación de caudales públicos) y la promulgación de la ley de amnistía y su adecuación a las exigencias que él mismo impuso. Este señor no ha doblegado ni desprecia a los Poderes del Estado, como se pavonea, simplemente ha satisfecho voluntades de personas que deseaban el Poder. Pero el Estado de Derecho no se ha doblegado por ello, si alguien se ha doblegado son los servidores de esos Poderes. Las palabras de Puigdemont sólo ofenden a esos servidores.

Y todo ello con el visto bueno y autorización necesaria del Tribunal Constitucional, que ha decidido que la amnistía es constitucional y que ha suplantado, una vez más, al Tribunal Supremo en su función exclusiva y excluyente de interpretar el Ordenamiento Jurídico (art.123.1 Constitución), hasta conseguir que una deficiente ley de amnistía, que no cubría la malversación del Sr. Puigdemont, se le aplique. Ahí queda para el futuro el voto particular de cinco magistrados frente a una sentencia, que, por prevista, no es menos desacertada y perjudicial para el Estado de Derecho.

Valentín Cortés

 

 

Martes 6 de Octubre de 2026

¿De nuevo los decretos MariCarmen?

El deterioro reputacional del Gobierno es tal que una inmensa mayoría de la prensa da por seguro que el Gobierno llevará al Congreso (Diputación Permanente) los dos decretos (se supone que en lo meramente accidental modificados) que fueron rechazados por la Cámara hace menos de una semana y que, por tanto, fueron derogados. Es tanto ese deterioro desde el punto de vista constitucional que en la prensa podemos leer muy diversos y acertados trabajos jurídicos ( a los que me remito) que explican por qué la aprobación de esos decretos por el Gobierno significaría un verdadero y mayúsculo fraude constitucional, y lo que debería hacer el Gobierno para que esos decretos “colaran” en el Tribunal Constitucional teniendo en cuenta lo que en la Constitución es un Decreto-ley ( art.86), lo que es un Gobierno en funciones(art 101.2), lo que es la Diputación Permanente y su identidad con la Cámara disuelta(art. 78) y lo que significa que el Congreso decida no ratificar un decreto-ley( derogación, art. art.86.2) en relación con el derecho de los diputados a controlar la acción del Gobierno o lo que significa arbitrariedad en el texto constitucional(art.9.3).

Y, al mismo tiempo, el deterioro reputacional del Tribunal Constitucional es de tal grado que, a pesar de todo, toda esa prensa piensa que, a la postre, esos anunciados decretos leyes efectivamente serán “santificados” por el Tribunal Constitucional. Pero, bastaría con tan sólo aplicar las enseñanzas de Don Federico de Castro sobre el fraude de ley para que así no ocurriera.

Valentín Cortés