Valentín Cortés Domínguez

Valentín Cortés Dominguez es Catedrático de Derecho Procesal. Ha sido abogado con 47 años de experiencia, conferenciante y autor de múltiples publicaciones jurídicas y de manuales de derecho procesal que son libros de texto en distintas universidades españolas y de América latina.

martes, 15 de marzo de 2022

 

Martes 15 de Marzo de 2022

El asunto Gali y la Ley de Secretos Oficiales

El Juez que investiga el llamado caso Gali (líder saharaui que, reclamado por la Audiencia Nacional, entra en España, con documentación falsa, y sin cubrir los trámites fronterizos) está próximo a archivar la causa, a pesar de la constancia necesaria de la comisión de delitos, porque, afirma, no puede investigar quienes son los responsables de esa entrada ilegal al alegarse por la defensa, la Ley de Secretos Oficiales que, al parecer, cubre esta materia o conjunto de hechos que se investigan y afecta a todos los órganos del Estado ( incluido los jueces).

Hay que decir que esa Ley es de 5 Abril de 1968, cuya última modificación de produjo en Octubre de 1978; es, por tanto, una ley preconstitucional que difícilmente se sostiene en la Constitución. Pero, aun así, no es baladí que aquí el secreto oficial parece estar desvelado, al menos en lo esencial para la investigación penal: porque debemos saber quién, según la Ley(4), aprobó este secreto como oficial( o es el Consejo de Ministros o la Junta de Jefes del Estado Mayor), así como la fecha de declaración del secreto, lo que, por lógica, no entra ni puede estar dentro del secreto oficial; y también está desvelada la materia del secreto: que un señor que se llama Gali y que tiene unas responsabilidades penales( que se conocen)  pendientes en España ha entrado aquí con nombre falso y sin cubrir trámite alguno fronterizo, amparado por las fuerzas de seguridad españolas.

Estos dos factores hacen muy difícil, en mi opinión, que se pueda alegar la Ley de Secretos Oficiales para impedir la investigación del Juez a cerca de las personas que permitieron esa entrada ilegal en España. Y si la Ley resulta que es suficiente, entonces habrá que derogarla y promulgar una  nueva que evite hurtar, al socaire del secreto, información al Juez que investiga hechos presuntamente criminales. El secreto nada tiene que ver con la persona que ordenó o autorizó la entrada, así, en España de este señor.

Valentín Cortés

 

 

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