Martes 25 de Abril de 2023

Derogación y reforma de las leyes          

Leo en www.elindependiente.com una noticia-reportaje, según la cual el PP está ultimando un estudio de las leyes que se han aprobado durante la presente legislatura que, según ese partido, deben ser derogadas si es que llega a gobernar en la próxima.

Es evidente que los “bandazos” en el contenido y sentido de nuestro Ordenamiento Jurídico no es un bien en sí mismo; pues la estabilidad, certeza y seguridad jurídicas, que sí son bienes jurídicos en sí mismos, muchas veces piden permanencia de las normas en el tiempo.

Pero, tambien es cierto que, cuando menos, tantas veces como en este blog hemos defendido la opinión de que en esta legislatura se han aprobado decretos-leyes o leyes que rozan la Constitución, o son claramente contrarias a la misma, y son bastantes, tantas veces como nos parecerá bien que esas normas desaparezcan del Ordenamiento Jurídico, pues, en definitiva, lo que hace el Tribunal Constitucional cuando declara anticonstitucional una ley es derogarla.

Pues bien, el problema de derogar leyes es tener muy claro, desde el mismo momento de la derogación, cuál será la regulación legal que se deba hacer (o deba regir) de la realidad social objeto de la norma derogada. En definitiva, en la gran mayoría de los casos, no basta derogar, hay que construir. Y esta labor de reconstrucción exige un trabajo y una pericia realmente considerables. Por eso, me parece bien que, al parecer, dado el tenor de la noticia, no se esté estudiando sólo el tema desde la perspectiva de la simple derogación, sino, más convenientemente, desde la reforma profunda en unos casos y, en otros, parcial o sectorial de las leyes y decretos leyes en cuestión.

Valentín Cortés

 

Lunes 24 de Abril de 2023

El impago de las deudas de España en el tema del cambio regulatorio del sector de la energía renovable.

Todos estos días  pasados, y hoy mismo tambien, se ha producido no poca información periodística sobre el tema de los impagos de España por condenas arbitrales de las llamadas “renovables”. Cuesta trabajo entender las causas legales o jurídicas que puedan motivar, caso por caso, que España no pague ninguna de  las condenas que se han efectuado en distintos arbitrajes por el asunto del cambio regulatorio de las renovables y que tampoco negocie con los acreedores, individual o conjuntamente. Cabe recordar (i) que éstos son los que se vieron afectados, pero retroactivamente, por el cambio de legislación regulatoria que se efectuó en España años ha  en las llamadas renovables, (ii) que las condenas parecen ser firmes, dictadas en procesos arbitrales en  los que España se ha podido defender, por lo que no cabe recurso alguno contra ellas y (iii) que, supuesto que en la emisión de deuda de España existe una cláusula de default( suspensión de pagos), que permite a los acreedores  de cualquier suma del Tesoro español que la invoca cobrar directamente principal e intereses de esas emisiones, no es ni puede ser una sorpresa que distintos acreedores, cada vez más, invoquen esta cláusula.

Me imagino que los argumentos jurídicos y legales que hacen que España mantengan esta actitud, en todos y cada uno de los casos que se han fallado por los árbitros, deben existir, pues, en otro caso, la posición  de España sería temeraria. Pero, aun existiendo "motivos" para negar en  este momento el pago individualmente en cada uno de los casos( como la que se recoge hoy en www.elmundo.es: la decisión próxima de la Unión Europea para determinar si esas ayudas del Estado son o no incompatibles con  la integridad del mercado), bajo mi punto de vista, no evitan o no están evitando que, en distintas jurisdicciones y en distintos casos, los jueces ante quién se invocan  admitan o puedan admitir la alegación de tal cláusula de default, lo que produce evidentemente una distorsión en el sistema de financiación  de España y en su credibilidad, amén de que pueden surgir otros muchos conflictos con tenedores de emisión de deuda de España que se vean afectados por el cobro de los ahora demandantes. De modo que, con independencia de esa alegación al dictamen futuro de la Unión Europea, o los argumentos jurídicos y legales de España son muy serios en todos y cada uno de los casos, o estamos en presencia de una posición jurídica temeraria de difícil explicación y justificación.

Valentín Cortés

 

 

 

Viernes 21 de Abril de 2023

La permanencia de la Sra. Montero y compañía en el Gobierno y la responsabilidad del Presidente del Gobierno

Después del espectáculo parlamentario que ayer se vivió en el Congreso, en el que, con el Presidente del Gobierno ausente en un acto de precampaña electoral, la mitad del Gobierno votó en contra de un proyecto de ley de la otra mitad y  donde la ministra Sra. Montero no ahorró, hablando en el turno del Gobierno, criticas graves a su Presidente y  al PSOE y sus Ministros ( me refiero a la aprobación de el Congreso de la reforma de la llamada ley de “sólo el sí es sí”), después de este espectáculo, digo, la prensa de hoy se ocupa en su mayoría del problema de la permanencia de esta Ministra  y compañía en el Gobierno, planteando el problema  desde el punto de vista político y de la decencia o no de mantenerse o de mantenerlos ( dimisión/cese) en el Gobierno.

Pero esta prensa, prácticamente en su totalidad, se olvida de la Constitución, a la que el Presidente del Gobierno orilla o desconoce en gran cantidad de ocasiones. Y ahora, en este espectáculo, el Presidente del Gobierno se olvida de una norma constitucional que afecta directamente a su responsabilidad: el art.98.2 de la Constitución le impone el deber constitucional de “dirigir la acción del Gobierno y de coordinar las funciones de los demás miembros del mismo, todo ello sin perjuicio de la competencia y responsabilidad de estos”. La dirección y la coordinación del Gobierno no son facultades disponibles, y no pueden ser ejercidas con arbitrariedad; el Presidente debe ejercerlas sin oportunismos  y búsqueda de fines personales o partidarios, pues el único fin de la dirección, gestión y coordinación  del Gobierno es el bien común y el interés general de tener un Gobierno como quiere la Constitución; en este sentido, destituir a esos ministros no es una oportunidad que pueda valorar el Presidente del Gobierno, sino un deber constitucional que debe cumplir.

Valentín Cortés

 

Jueves 20 de Abril de 2023

El Tribunal Supremo y el consentimiento en los delitos contra la libertad sexual

La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del pasado día 21 de Marzo del presente año, en relación con la aplicación de la llamada ley del sólo sí es sí (vid. www.europapress.es, que afortunadamente da cuenta de ello), recalca y repite, en cuanto a la necesidad del consentimiento en las relaciones sexuales, algo tan obvio como necesario dado la “literatura” (que ahora podrían llamar “relato”) que los instigadores de la Ley han venido desarrollando en todos estos meses de polémica y que se puede resumir en la frase tantas veces repetida “el consentimiento no se toca”.

 Pareciera que antes de esa ley la falta de consentimiento no fuera un elemento decisivo para la comisión del delito y que, a partir de la vigencia de la cuestionada ley, lo sea ex novo. Lo que, cuando menos y entre otras cosas, da idea de la formación jurídica de los redactores y defensores de la Ley. Ahora el Tribunal Supremo los pone en su sitio y repite y recalca que la falta de consentimiento siempre ha estado presente en estos delitos como elemento definidor de los mismos (delitos contra la ¡libertad! sexual) y que, sin que la ley definiera el consentimiento (lo que realmente no es necesario pues está en el acervo cultural de los jueces ese concepto), ello no fue nunca óbice para que se aplicara un  concepto del mismo que en nada puede diferir del que se deduce de la definición de la ley actual.

 El problema que tienen los redactores de la ley es que, no sólo definen un concepto ya sabido, sino que potencian una interpretación de la Ley que intenta acabar, como ya hemos dicho en otras ocasiones, con el principio acusatorio que carga con la prueba de los hechos definitorios del delito al que acusa y no al acusado y que quiere obviar que el consentimiento se infiere siempre de actos, señales, gestos, etc. de todo tipo y de la situaciones que rodean los hechos presuntamente delictivos.

Valentín Cortés

 

Miércoles 19 de Abril de 2023

La futura ley de la vivienda y la técnica legislativa

Leo en www.republica.com que las comunidades autónomas que están gobernadas por el PP van a pedir la convocatoria de la Conferencia Sectorial de la vivienda. Hay una razón de fondo, que, me imagino, acompaña a la de la oportunidad política, y es que, como dijimos el lunes pasado, la futura ley de la vivienda afecta de lleno a un sector importantísimo de competencias que tienen, en nuestro ordenamiento constitucional, la Comunidades Autónomas. No parece adecuado, desde el punto de vista de la regulación legal que se pretende llevar a cabo, no contar previamente con el parecer de los centros de poder dentro de cuyas competencias se mueve la citada ley. Todo esto no propicia una buena técnica legislativa.

Como tampoco propicia una buena técnica legislativa que, como se ha sabido ayer tarde (y de ello se hace eco toda la prensa de hoy), esta ley se va a promulgar utilizando el trámite parlamentario de urgencia así, pues, sin el debido y sosegado debate en el Parlamento.

Y, todavía más grave si cabe a efectos de esa deseable buena técnica legislativa, se tramitará y aprobará sin contar con los debidos informes y dictámenes consultivos de los órganos competentes. Porque no se debe olvidar que esta ley afectará a un mercado económico importantísimo y a un sector de la población que puede considerarse como global, por lo que si a todo eso se añade que, según las informaciones que ofrece la prensa, esta ley no irá acompañada en su tramitación, porque no existen, por los correspondientes estudios sociológicos y económicos básicos para comprender la realidad sobre la que se legisla, mucho me temo que la ley futura será, posiblemente, contraproducente desde el punto de vista económico y sociológico, anticonstitucional en algunos aspectos, y de imposible cumplimiento en otros puntos, en fin, un anunciado desastre legislativo del que no se ve más razón que se produzca que el deseado rédito político que esperan aquellos que la van a aprobar en el Parlamento.

 

Valentín Cortés

 

 

 

Martes 18 de Abril de 2023

La actuacion pública en el mercado de la vivienda y la intervencion del mercado por el Estado

 

En el Consejo de Ministros de hoy se ha aprobado el mecanismo a través del cual la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), o si queremos el “Banco Malo”, pondrá en el mercado un número importantísimo, aunque cada vez mas menguado, de viviendas para su arrendamiento, como medida política y jurídica que acompañará, según el Gobierno, a la anunciada ley de la vivienda.

Es digno de destacar que, teniendo la Sareb el objeto social que tiene (que está lógicamente centrado en la gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria), hasta ahora no haya decidido poner todos esos activos en gestión de arrendamiento o de venta, pues de otra manera no sería posible que ahora se tomen esas medidas que se anuncian, a no ser que, intentadas antes, se hubiera fracasado en el intento bien por problemas económicos o por problemas jurídicos y constitucionales.

 Lo que quiero poner de manifiesto es que la actuacion pública en un mercado de venta y alquiler como el de la vivienda( que en principio tiene encaje en la Constitución) no es un problema baladí, no ya para la solución de los gravísimos problemas económicos que la prensa,  en su generalidad, analiza hoy de forma muy negativa para el éxito del empeño, sino, antes, para soslayar y resolver  los gravísimos problemas, jurídicos y constitucionales, que el proyecto encierra,( sobre todo competenciales) porque el Gobierno no piensa tanto en una actuacion en el mercado como en una intervencion pura y simple del mercado, problemas que, me imagino,  la Sareb será muy consciente de ellos, si como queda al parecer demostrado ha sido, hasta ahora, incapaz de darles solución, gestionando eficazmente ese patrimonio inmobiliario dentro de lo que es la realización de su objeto social.

Valentín Cortés.

 

Lunes 17 de Abril de 2023

 

La anunciada Ley de la Vivienda

El anuncio de la inminente tramitación del proyecto de ley sobre la vivienda, que se hizo al final de la semana pasada, y de sus líneas maestras, puede ser el del enésimo próximo ataque a la economía libre de mercado que, se supone, rige en nuestra Constitución. De modo que, por sus implicaciones en un mercado económicamente tan importante como el de la vivienda, lo mejor sería que no se tramitara y que nunca se llegara a promulgar algo que tiene todos los visos de ser otro bodrio juridico-legal.

Pero, en esta ocasión, el problema, si cabe, es, desde el punto de vista jurídico, más grave porque la vivienda es constitucionalmente una materia competencial de las comunidades autonómicas y estatutariamente, por lo general, tambien de los ayuntamientos (art.148.13ª de la Constitución); de modo que, quitando las competencias estatales generales de aseguramiento de la igualdad en el ejercicio de los derechos (art.149.1.1ª de la Constitución) y de armonización entre legislación de las comunidades autonómicas ( art. 150.3 de la Constitución) todo lo que no quepa en esos límites competenciales están al socaire de lo que hagan las respectivas comunidades autónomas y ayuntamientos. Por lo que, junto, a las posibles y casi seguras violaciones de la Constitución al regular, como se anuncian, limitaciones de derechos en el marco de la economía de mercado, se unirán las derivadas de los conflictos competenciales territoriales, lo que añadirá un grado máximo de inseguridad e incertezas jurídicas, en nada deseables. En este proyecto de ley, como en otros, cuando menos falta la seriedad y profundidad de los estudios sociológicos y económicos previos, y formación jurídica en sus promotores.

Valentín Cortés