Miércoles 11 de Junio de 2025

Si yo fuera juez…

Escribo muy de mañana y no sé el grado de seguimiento que tendrá el anunciado paro para hoy de la Administración de Justicia, que se nos presenta como algo fuera de los márgenes ordinarios de una huelga laboral.

Pero, sí tengo claro que si en este momento fuera juez me sumaría gustoso al paro, porque quizá sea la única manera de poder manifestar el rechazo que me produce la situación en la que vive el Poder Judicial. Sin  querer ser exhaustivo,  ni mucho menos, asistimos a un momento en el que el Poder Ejecutivo, a diario, ataca a jueces concretos, y al sistema global de los jueces, tildándolos de prevaricadores, sin que haya acusación formal de la comisión de ese delito en ningún caso; asistimos a un momento en el que el Gobierno, lejos de procurar un Poder Judicial independiente, hace lo indecible e impensable   para manipularlo; asistimos a un momento con un gran derroche legislativo, principalmente en materia procesal y penal, que claramente está ideologizado y tiende a, en este momento, impedir la “Jurisdicción independiente y únicamente sometida al imperio de la Ley”, que marca el art. 117 de la Constitución; asistimos a un momento en el que el Poder Legislativo hace mero seguidismo del Poder Ejecutivo y da  a luz leyes o convalida Decretos-leyes que son técnicamente impresentables e ideológicamente  sectarios y contrarios a la división de poderes  y que, más que defender el interés público, defienden los intereses políticos y personales de este Gobierno; asistimos, en fin, a un momento en el que la sociedad española ha perdido la referencia constitucional que tenía antes con el Tribunal Constitucional.

Mi deseo es, pues, que el pueblo español tome conciencia con este paro de la situación peligrosísima en que se encuentra nuestro Estado de Derecho y que advierta que el peligro viene de una clara tendencia y un  claro interés en manipular al Poder Judicial.

Valentín  Cortés

 

Martes 10 de Junio de 2025

El Fiscal General del Estado(FGE)

El tema del FGE ha dejado de ser prioritariamente un problema jurídico y constitucional para ser un problema ético; este tipo de problemas son difíciles de tratar y asumir en ambientes de imperante amoralidad.

Desde el punto de vista del Derecho (Estatuto del Ministerio Fiscal), al FGE, que lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno (art. 29.1), sólo lo puede cesar, además del cambio del Gobierno, la concurrencia de causas, las establecidas en el art. 31, que deben ser apreciadas por el Gobierno, o la simple dimisión personal. Entre esas causas, en circunstancias normales, entraría sin esfuerzo dialectico alguno, el procesamiento por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones (como es el caso), pues efectivamente tal procesamiento inhabilita al FGE y a la institución de la Fiscalía ( en los asuntos que afectan al FG) a mantener viva la vigencia y práctica de los principios básicos que se deducen para ella de la Constitución (art. 124) como son el de legalidad e imparcialidad. Por las declaraciones que ayer se hicieron de varios ministros del Gobierno (entre ellos el de Justicia, como pieza importante para tener en cuenta en este juego) y las propias del FGE, ya sabemos que no se dará ni el cese ni la dimisión, de donde surge, como decíamos al principio, con toda intensidad la trascendencia de la Ética, que nos lleva también  al campo de los grandes principios del Derecho: la moral pública, el bien público, los intereses generales, la seguridad jurídica, la responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad, todo eso que está en el Derecho y en la Constitución y que se concentra en lo que ésta llama (art.1) valores superiores del Ordenamiento Jurídico, como son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Sólo hace falta un poco de Ética para darse cuenta de ello.

Valentín Cortés

 

 

Lunes 9 de Junio de 2025

El Tribunal Constitucional(TC) y la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE)

En www.elmundo.es se adelanta que el TC negará suspender la tramitación del recurso contra la ley de amnistía, presentado por el PP, y abrir en este momento, tal como pidió este partido, un examen sobre si es o no necesario plantear cuestiones prejudiciales atinentes al Derecho de la Unión Europea ante el TJUE. No es baladí tener en cuenta que esta misma petición hicieron tres magistrados del Tribunal a su Presidente.

La respuesta negativa que se dará, según el medio de comunicación, se aferra, con formulismos, al mero procedimentalismo, alejado de cualquier sintonía con el Derecho Procesal que afecta de lleno también al proceso constitucional; en efecto, afirmar, tal como parece que se va a decidir, que la proposición de la cuestión prejudicial corresponde evacuarla al Tribunal es una obviedad vacía de contenido, que no evita que se haga la petición de ello; y añadir como argumento, igualmente, que nada pidió el PP con respecto a la cuestión prejudicial en momentos anteriores del proceso, es otra obviedad igualmente vacía de contenido. En realidad, el único problema que tiene que resolver el TC, tras esa petición, es si tiene sentido jurisdiccional dictar sentencia sin elevar la cuestión al TJUE  y, sólo en el caso de que no tenga duda alguna de la adaptación de la ley de Amnistía al Derecho Europeo, su respuesta tendría que haber sido que no se admite a trámite tal petición por no tener el Tribunal  esa duda; pero, claro, si no se reúne para debatir y concluir si existe esa duda ( a pesar de lo que han manifestado tres magistrados) todo indica que está dando respuestas de mero procedimentalismo que no son propias de un Tribunal jurisdiccional que, además de aplicar el Derecho Procesal, por cierto,  está sometido en aquellas materias, al mejor criterio del TJUE.

Valentín Cortés  

 

Viernes 6 de Junio de 2025

El idioma como ariete

Toda la prensa da cuenta de que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha abandonado, tal como dijo en su momento, la Conferencia de Presidentes autonómicos cuando el Presidente del País Vasco se ha expresado en euskera, para volver después.

Desde el punto de vista político me imagino que las reacciones serán múltiples y variadas y, también me imagino, que estarán perfectamente sopesadas, política y electoralmente, tanto la acción de hablar en idiomas autonómicos como la de abandonar la Asamblea en desacuerdo. En ello no entro, como es sabido.

La Constitución, ya lo sabemos, establece (art.3.1) que “el castellano es la lengua oficial del Estado” y el deber y el derecho de usarla; y (art.3.2) que las demás lenguas españolas lo serán en sus respectivas Comunidades de acuerdo con sus Estatutos. La Asamblea de Presidentes es obviamente un acto oficial del Estado Español, en el que los intervinientes son todos españoles, que, pues, tienen el deber de conocerla, por lo que la lengua oficial de ese acto es  constitucionalmente el castellano.

Las preguntas que debemos hacernos son éstas: ¿se debe cumplir la Constitución en todo caso o según marquen las circunstancias políticas o de cortesía?  ¿y si es de esta última manera, qué principios constitucionales estarán sometidos a los vaivenes de la cortesía o de las circunstancias políticas? La contestación, le guste a unos y a otros no, es obvia. Pero, en cualquier caso, el problema de fondo es que desgraciadamente el idioma, que entra en el mundo de los sentimientos, en estos casos más que un elemento de cohesión es un ariete para luchar contra los diferentes.

Valentín Cortés

 

Jueves 5 de Junio de 2025

El aforamiento autonómico del Sr. Gallardo y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Sala de lo Contencioso Administrativo)

Leo en www.theobjetive.com de hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura(Sala de lo Contencioso Administrativo) conoce de un recurso contencioso en el que una asociación privada, denominada Liberum, ha solicitado que se anule el otorgamiento de la credencial de diputado autonómico en favor del Sr. Gallardo, y en el que, como medida cautelar, ha solicitado que se suspenda, mientras dura el proceso, los efectos del otorgamiento de la credencial, en concreto, la toma de posesión de aquel y, por tanto, su aforamiento al propio Tribunal.  Como se recordará, yo he opinado en este blog que ese aforamiento es producto de un fraude de ley que distorsiona el principio constitucional del juez natural y viola el de la indisponibilidad de la competencia objetiva y funcional penal, y por tanto que se trata de un aforamiento nulo sin duda alguna.

La importancia de esta vía emprendida es que ese recurso lo tiene que decidir el mismo Tribunal (aunque por otra de sus Salas) al que, de forma fraudulenta, se ha aforado el Sr. Gallardo, de donde resulta, según mi opinión, que el Tribunal  no asumirá de forma inmediata la competencia penal en el asunto del Sr. Gallardo, porque su decisión quedaría sometida, según mi criterio, a la previa decisión contencioso-administrativa del propio Tribunal (art. 4 Ley de Enjuiciamiento Criminal). Se trataría, pues, de un asunto, el aforamiento del Sr. Gallardo, en el que conocerían dos Salas del mismo Tribunal, lo que, al menos en teoría, le quita simplicidad y automatismo al asunto, aunque alargará en el tiempo el proceso penal contra Gallardo y el hermano del Presidente de Gobierno.

Valentín Cortés

 

 

 

Miércoles 4 de Junio de 2025

A ciencia y paciencia

La degradación evidente de nuestro Estado de Derecho hace que la generalidad de la prensa enfoque el tema del bulo de la bomba lapa como una anécdota más del deterioro político del Gobierno. Pero, ese tema tiene presuntamente un muy serio componente jurídico penal que no se puede despreciar ni olvidar (como hace la prensa), pues en el meollo del asunto lo que existe es, presuntamente, una campaña de desprestigio de la UCO que esta vez pasa por la calumnia de un exagente y, de camino, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

La persistencia de ciertos miembros del Gobierno en no rectificar sus declaraciones sosteniendo un evidente bulo sobre las intenciones criminales de un ex miembro de la UCO, me recuerdan la antaño formula para designar el consentimiento y tolerancias jurídicas en algo sabiendo de sus consecuencias y durante un tiempo considerable: “a ciencia y paciencia”. Pues bien, en mi opinión “a ciencia y paciencia”, cuando menos, del Presidente del Gobierno quien no les obliga a rectificar;  “a ciencia y paciencia” de los responsables y superiores orgánicos de la UCO (Dirección de la Guardia Civil y Ministro del Interior) quienes no estarían haciendo lo necesario para evitar algo que, en principio y presuntamente, entraría de lleno en una actividad calumniosa continuada, y “a ciencia y paciencia” de esos ministros que no rectifican, se estaría persistiendo en unas afirmaciones que presuntamente podrían ser calificadas de calumniosas por aquellos que se sientan afectados.

A mí me parece que olvidar esta perspectiva del tema es consecuencia de esa degradación de la que hablaba en principio en la que no estoy dispuesto a caer; de ahí mi interés en ponerla de manifiesto.

Valentín Cortés

 

Martes 3 de Junio de 2025

La ponencia de la sentencia sobre la amnistía

En la práctica de dan numerosos casos de sentencias que no se adaptan a la primera ponencia que sobre ellas se ha hecho en un tribunal. Nadie duda que la ponencia, de la que la prensa de forma generalizada da cuenta hoy, no será un caso más de esos, porque todo indica que esa ponencia desgraciadamente se convertirá en sentencia que declarará la constitucionalidad de la amnistía.

Por lo que cuenta la prensa vamos camino de confirmar lo que ya se sabía, pero la cercanía del momento y la más que evidencia plástica del texto de la sentencia sitúa a la sociedad española en un camino muy injusto y perjudicial para ella y para su Estado de Derecho, pues se da cuenta de nuevo (pero esta vez en un tema político y social crucial como es la amnistía) de su desamparo y que solamente puede contar con un Tribunal Constitucional que recrea la Constitución para defender un interés político claro del Gobierno, dejando a la sociedad desamparada ante las leyes que la violan y a los Gobiernos que no la respetan. Y todo ello (lo que se ha publicado lo indica) se hará con argumentos jurídicos constitucionales de un simplismo exasperante que nunca se hubiera podido pensar que anida en la cumbre de nuestro sistema jurisdiccional.

Valentín Cortés