Lunes 14 de Enero de 2019

La legislación sobre la llamada violencia de genero

Las elecciones andaluzas y, sobre todo, el programa de Vox en esas elecciones, han suscitado una viva polémica acerca de esta legislación, que tiene efectos, como es sabido, no sólo penales, sino procesales, familiares, sociales, etc. Se trata, pues, de una legislación de amplísimo efecto en su aplicación.

 Cualquier discusión sobre el tema debe partir del hecho de que el Tribunal Constitucional (a partir de la sentencia 59/2008 de 14 de Mayo) ya ha establecido que se trata de una legislación sin reproche constitucional alguno, por lo que están de más todos los comentarios que se hacen atacando esa legislación por el camino de su incorrección constitucional.

Sin retroceder mucho en el tiempo, la semana pasada conocimos una sentencia del Tribunal Supremo (vid. www.elmundo.es del pasado día 8 de Enero), donde advirtió que la aplicación “correcta” de la ley lleva a considerar violencia de genero incluso a la del varón contra la mujer cuando se trata de violencia reciproca, a no ser que haya legítima defensa.

Sin embargo, siendo ese el punto de partida, es evidente que la desigualdad entre hombre y mujer, que se consagra en esa legislación, y en las sentencias que la aplican tras la del Tribunal Constitucional, así como la vigencia subsiguiente, cuando menos, de normas procesales que inciden de forma muy negativa en el correcto entendimiento del principio acusatorio ( in dubio pro reo) o en el de la presunción de inocencia, puede en determinados casos producir efectos jurídicos procesales y constitucionales indeseados por el legislador, que es necesario reconocer y afrontar, porque la desigualdad que admite el Tribunal Constitucional es la que está justificada por el efecto que se pretende conseguir con ella.

Todo esto, es obvio, no se consigue con debates políticos, sino con debates jurídicos y, por cierto, de altura.

Valentín Cortés

Viernes 11 de Enero de 2019

Los deseos del Sr. Cuixart

El Sr. Cuixart, que  es uno de los procesados por rebelión por el Tribunal Supremo, ha hecho unas declaraciones a la Agencia EFE ( recogidas ampliamente www.larazon.es) que confirman el sustrato de mi opinión en mi blog del pasado día 7 de Enero, y que se puede resumir ( mi opinión) en que, tanto el Rey como el Tribunal Supremo, estaban, como Estado, oponiéndose con éxito a la situación continuada de alzamiento contra el orden constitucional que proviene de las autoridades autonómicas catalanas.

Por eso, y prueba de ello, es que el Sr. Cuixart, calumniando al Rey, manifiesta ahora que éste el único que debería sentarse en el banquillo al ser responsable, dice el procesado, de la violencia ejercida por el Estado aquellos días, actuaciones que ahora se juzgan. Y por eso, además, arremete contra los jueces, Tribunal Supremo, al que califica de tribunal de excepción y político, afirmando que el juicio “obligará al Estado a sentarse en una mesa de negociación política”.

Nada indica que el Rey, que efectivamente es Estado, sea responsable de nada; como nada indica que el Tribunal Supremo sea un tribunal político, ni siquiera ante el Tribunal Europeo, en el que los independentistas parece que tienen puestas todas sus complacencias futuras. Por ahora no se atisba ninguna negociación política, sino un juicio serio y garantista para dilucidar si el Sr. Cuixart y demás han cometido o no los delitos por los que están procesados.

Valentín Cortés

 

 

Jueves 10 de Enero de 2019

El Tribunal Supremo evita posibles contingencias

Cuando el Tribunal Supremo (así lo recoge la prensa de hoy) comunica al Ministro del Interior que los acusados de rebelión deben estar a disposición del Tribunal en una prisión de la capital de España, en el trascurso de la última semana de mes de Enero, está ordenando que se lleven a cabo, sin excusa alguna, los actos necesarios para que ello sea una realidad.

Ello, bajo mi opinión, se hace por dos razones:

- la primera, impuesta por la Ley, porque se producirá de forma inmediata la apertura de las sesiones del juicio y, de esta manera, los presos preventivos deben quedar a disposición del Tribunal, asegurándose su asistencia al juicio (arts. 664 y 659 in fine, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

- la segunda, impuesta por el sentido común y prudencia, porque quedando, desde ahora, dada la orden de puesta a disposición del Tribunal de los presos a partir de esas fechas, se evita que otras posibles instancias intenten emitir órdenes contradictorias con las del Tribunal Supremo. Porque, en este sentido, cabe recordar que la prensa de los últimos días ha manifestado la posibilidad de que el Parlamento catalán cite a los presos preventivos por rebelión para que presten declaración ante una comisión parlamentaria abierta sobre los sucesos del 1 de Octubre del año pasado en Barcelona.

Valentín Cortés

 

 

Miércoles 9 de Enero de 2018

Muchos meses después

La prensa de esta mañana( vid. ABC) recoge la noticia de la resolución judicial que exime de toda responsabilidad, por blanqueo de capitales, a los antiguos directivos y propietarios de Banco de Madrid al no comprobarse que el banco o ellos llevaran a cabo estas actuaciones ilegales. Cabe recordar que fue la denuncia de la Policía, de la realización de estas actividades, la que dio origen a la intervención del Banco de España, lo que motivó, sin duda, la insolvencia sobrevenida y posterior declaración judicial de concurso, como denuncie en este blog el día 13 de Mayo de 2015.

Entonces ya hablé de que el recurso presentado en esas fechas por los propietarios contra el auto de declaración  de concurso no podría restituir a la vida mercantil ordinaria al Banco, pero sí pondría las bases para futuras demandas de indemnización millonaria que posiblemente ahora se dirigirán, tal como entonces dije, contra el Banco de España,  y otras instituciones del Estado, incluida la Administración de Justicia, porque todo indicaba ya entonces, así lo dije, que, en este caso, el concurso  no fue  consecuencia de la insolvencia, sino la causa directa que provocó la insolvencia de un banco solvente, que, por lo demás, no había cometido, en su actuación mercantil, tal como ahora dicen los jueces, delito alguno de blanqueo de capitales.

Valentín Cortés

 

Martes 8 de Enero de 2019

El Estado

La España de principios de 2019, pasadas las vacaciones navideñas, se ha reencontrado con la realidad del momento: sin duda existe un cuestionamiento político de lo que sea España, que proviene de las fuerzas políticas y sociales unidas, de una manera u otra, al independentismo. Lo que está en juego hoy en nuestro escenario político es, pues, la unidad de la Nación española (art. 2 de la Constitución) y la soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado (art. 1.2 de la Constitución).

Quizá esta obviedad constitucional debería ser resaltada, a modo de pedagogía elemental, por la prensa de hoy que se llena de titulares asombrados por el hecho de que el Rey ha manifestado, ante el Consejo General del Poder Judicial y ante la nueva promoción de jueces, lo que es la función jurisdiccional dentro del Estado y la obligación de todos de cumplir las resoluciones judiciales (art. 118 de la Constitución).

Lo que ha hecho el Rey hoy es proclamar que él es Estado y que la Justicia es Estado; que ambos son poderes que emanan de la soberanía nacional que reside en la totalidad del pueblo español. Y que, por tanto, deben estar frente a quien pretende violar y quebrantar la Constitución.

Hoy, pues, el Estado ha funcionado una vez más.

Valentín Cortés

 

Viernes 4 de Enero de 2019 

Las exigencias de VOX en Andalucía

Tengo que declarar que no tengo muy claro qué es lo que realmente exige VOX para dar su apoyo a la investidura de un candidato del PP como Presidente de la Junta de Andalucía.

Si es la derogación de la legislación sobre la llamada violencia de género, mucho me temo que se trata de una condición imposible de conseguir puesto que, como es sabido, existe una legislación estatal al efecto que se aplica en todo el territorio nacional y, cuya derogación, no depende de lo que decida el Parlamento andaluz. Por eso me resulta difícil entender que sea esa la exigencia, pues se trataría no tanto de exigir como de poner excusas para intentar una nueva votación electoral, que pudiera interesarle políticamente.

La contraoferta jurídica presentada por el PP -una legislación autonómica de ayuda a la violencia de genero cuando la sufre el hombre- desde el punto de vista jurídico, que es el nuestro, es sensata y acorde con el principio de igualdad que recoge el art. 14 de la Constitución.

Porque, quizá, el problema sea nominativo, pero de gran calado ideológico: que lo que realmente moleste es que la violencia que se regula sea, para unos, de genero (masculino sobre femenino) y para otros deba ser sólo violencia domestica o, si queremos, familiar. 

Valentín Cortés

 

 

Jueves 3 de Enero de 2019

El barullo jurídico de la exhumación del cadáver de Franco

Hoy, curiosamente, hace 39 años (3 de Enero de 1979), el Ministro de Asuntos Exteriores de España (Marcelino Oreja) firmó en Roma con la Santa Sede el llamado Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos. En su art. I.5 se declaraba que “los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes”.

Y es hoy cuando se ha dado a conocer (vid. toda la prensa digital) la noticia de la negativa del Prior del Valle de los Caídos a autorizar la exhumación de los restos de Franco, sin tener la de los familiares o, en su caso, sentencia judicial que así lo ordene. Y dado que no existe autorización no cabe la exhumación,por ahora, porque lo contrario, se podría argüir, violaría un lugar de culto como es el Valle de los Caídos.

Es este un asunto, radicalmente político en principio, que se ha convertido en un laberinto jurídico, en el que se está a la espera de una decisión del Tribunal Supremo sobre la viabilidad de la exhumación y, ahora, de una autorización eclesiástica (la del prior del Convento) que no se puede soslayar por el mencionado Acuerdo.

Yo me temo que este barullo jurídico, en donde el Gobierno roza el ridículo (por supuesto, jurídico), se hubiera evitado previendo, y solventando, las exigencias jurídicas de la voluntad política de exhumar un cadáver tan singular, que no se sustancian dando noticia de los antecedentes políticos de extrema derecha del Prior del Valle de los Caídos (vid. la prensa), porque de extrema derecha o de extrema izquierda su autorización para la exhumación, o la de sus superiores, es necesaria.

Valentín Cortés