Jueves 22 de Mayo de 2025

Apertura del juicio oral sin procesados aforados

Toda la prensa da cuenta en este día del auto de apertura del juicio oral que ha dictado la Juez de Badajoz en el caso del hermano del Presidente del Gobierno. Ese auto Apertura del juicio oral sin procesados aforados significa, entre otras cosas, que la instrucción del sumario está acabada y que no cabe realizar más diligencias instructoras que las que se han realizado, que serán las únicas que fundamentarán la acusación, pues ni se pueden anular ni modificar, y serán, pues, las que acotarán los términos del juicio que se abre. Ese auto, pues, significa igualmente que la juez entiende que existen motivos suficientes para que se juzgue a  inculpados (no aforados) de los hechos que se narran en el auto citado; y, por último, implica el mencionado auto que la juez, terminada su función, pierde la competencia en la causa a  favor, en este caso, de la Audiencia Provincial, que juzgará a los procesados, porque, que yo sepa, hasta ahora el Presidente de la Diputación de Badajoz no es diputado autonómico y, por consiguiente, no está aforado.

Mi opinión sobre este aforamiento ya la he expresado en días anteriores: se trata de una treta preprocesal que repugna al Derecho y que, en mi opinión, es radicalmente nula, por lo motivos que no voy a repetir en esta ocasión: lo que no sé es si la Audiencia Provincial, órgano competente, entrará en la calificación del aforamiento que se pretende para el enjuiciamiento de estos hechos: sería una gran victoria en la cada vez más necesaria “lucha por el Derecho”.

Valentín Cortés.  

 

Miércoles 21 de Mayo de 2025

El Tribunal Constitucional(TC) se equivoca y no comprende su situación en el marco de la Unión Europea

Leo en www.elespanol.com que el TC tiene previsto iniciar el estudio sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía el 10 de Junio y que tendrá aprobado el fallo favorable el día 26 de ese mes; si esta información responde a la verdad ello significaría: que no paraliza la tramitación de los recursos sobre la amnistía, paralización solicitada por parte de los magistrados dadas las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal Supremo(TS) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE); y, además, que ya tiene decidido aprobar su constitucionalidad.( Sobre el tema ya opinamos el pasado día 13 de este mes)

Además del escándalo jurídico que supone que este medio de comunicación( como otros muchos) dé por supuesto, por motivaciones políticas,  el sentido del fallo en un recurso que ni siquiera se ha empezado a estudiar, esta noticia demuestra que la mayoría de los magistrados del TC no habrían comprendido algo que se nos antoja básico: sus decisiones, cuando afectan al Derecho de la Unión, son revisables por el TJUE, que es tanto como decir que, en esas materias, las decisiones del TJUE vinculan y determinan las del TC. Es en este contexto donde --dadas las dudas planteadas por el TS sobre la adaptación de la Ley de amnistía al Derecho de la Unión, que imponen al TS la suspensión de cualquier decisión sobre la aplicación de la ley de amnistía y su interpretación hasta tanto no se resuelvan las dudas-- la decisión de seguir con el estudio sobre la constitucionalidad ( adelantando incluso tiempos y contenidos de la decisión) aparece como un disparate jurídico-constitucional difícil de asumir desde el exclusivo punto de vista del Derecho. Si es como se nos cuenta, el TC estaría sometiendo nuestro Estado de Derecho a unas tensiones imposibles de justificar.

Valentín Cortés

 

Martes 20 de Mayo de 2025

Un aforamiento judicial en fraude a la Ley

Todo indica que el actual Presidente de la Diputación de Badajoz, que está a las puertas de ser juzgado penalmente (asunto del hermano del Presidente de Gobierno) por delitos investigados por un juzgado de esta ciudad, se convertirá en los próximos días en diputado autonómico. Si es así, el resultado será que automáticamente entrará en la categoría de los aforados judiciales y, así, se alteraría algo tan fundamental como la competencia funcional del juez que lo está investigando y del órgano que, en su caso, lo debería juzgar, que la perderían en favor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Esa perdida de competencias afectaría muy posiblemente al resto de los investigados (arts.11 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Es evidente que la dimisión de un diputado autonómico de Extremadura no está prohibida por la Ley: es legal; tampoco es ilegal que el llamado a ocupar su plaza por orden de lista electoral renuncie a ocuparla y así hasta llegar al quinto en ese orden (el Presidente de la Diputación imputado) quien finalmente acepta. Nada de eso está excluido en la ley. Sin embargo, si todas esas operaciones legales, consideradas individualmente, están coordinadas, ordenadas e impuestas por una superioridad política para que esa última persona adquiera judicialmente el apetecido aforamiento judicial, cualquier sensibilidad jurídica, aunque sea mínima, queda impactada y escandalizada.

En mi modesta opinión, si todo esto se produce, una figura jurídica trasnochada (el aforamiento), muy mal regulada, pensada en sus inicios para otros fines y con otras limitaciones, no debería ser obstáculo para que todo ese enjuague, “formalmente” legal, sea declarado nulo por ser, cuando menos, contrario a inamovibles principios constitucionales como el de la interdicción de la arbitrariedad (art. 9) y el de igualdad (art.14), y de quebrar fraudulentamente el principio de indisponibilidad de la competencia judicial penal( art. 8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Valentín Cortés

 

Lunes 19 de Mayo de 2025

Los WhatsApp del Sr. Ávalos y el inicio de acciones por parte del Ejecutivo

He leído este fin de semana en la prensa que el Gobierno ha manifestado que si la Justicia no investiga la filtración de los WhatsApp entre el Sr. Ávalos y el Presidente de Gobierno, el Ejecutivo “iniciará las acciones pertinentes para que se conozca a fondo” lo que ha ocurrido (hoy se puede ver www.elindependiente.com). Me imagino que esa investigación judicial con la que se nos advierte, dado que se habla del “Ejecutivo”, estaría protagonizada por el Ministerio Fiscal.

Pues bien, en mi opinión para que esto sea posible y esa investigación no dependa de la denuncia de las personas agraviadas [ que, en principio, sólo pueden serlo los Sres. Ávalos y Sánchez, que son los sujetos de la “relación epistolar secreta” desvelada) (art.201.1 del Código Peral)] se requiere que la revelación de secretos “afecte a los intereses generales”, a varias personas o la víctima sea menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección (art.201.2).Descartando este último supuesto, hasta ahora, lo que se ha desvelado afecta realmente sólo al Presidente de Gobierno y al Sr. Ávalos; pero no a los intereses generales, pues estos se verían, en su caso, afectados no por desvelarse lo que sucedió en el pasado, sino por lo que sucedió, y siempre y cuando lo sucedido afectase a los intereses generales y, aun afectando, no fuera constitutivo de delito, pues en ese caso habría obligación de denunciarlo a la Justicia. Igualmente, según mi criterio, tampoco las personas que se mencionan y califican en los WhatsApp son “afectadas” por la revelación, sino, en su caso, por lo que se dijo de ellas en el pasado (injurias, calumnias).

No veo, pues, cómo argumentar y razonar que, en este caso. no sea necesario la denuncia de las personas agraviadas y pueda el Ministerio Fiscal intervenir. Esperemos, pues, esa anunciada y advertida acción del Ejecutivo.

Valentín Cortés

 

Viernes 16 de Mayo de 2025

Críticas jurídicas al anteproyecto de modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal

El miércoles pasado ya opinamos muy negativamente del anteproyecto de Ley del Gobierno sobre de nueva regulación del Ministerio Fiscal  y de la instrucción penal. Cambiar un sistema como el de la instrucción penal no es cuestión baladí ni política; es fundamentalmente jurídica. Las fuertes críticas que ayer ha tenido este anteproyecto (a pesar de ser fiesta en Madrid) han provenido del mundo jurídico (sobre todo,  de entre los fiscales y sus asociaciones) y no son debidas, tal como dijimos el pasado miércoles, a un prejuicio político sobre el Gobierno( como autor del anteproyecto), sino a la constatación técnica de que, cuando menos, atribuir la instrucción penal a los fiscales requiere inexorablemente una modificación global y concreta del sistema procesal penal, que no se observa de ninguna de las maneras en este anteproyecto de Ley. Esa modificación legal exige igualmente una fiscalía completamente independiente no sólo del Ejecutivo (lo que llevaría, según mi opinión a modificar el art. 124 de la Constitución) sino, internamente, a la desaparición del principio de jerarquía lo que haría a cada fiscal instructor independiente, sin superiores jerárquicos a los que obedecer, y únicamente sometido al imperio de la ley, tal como ahora lo son los jueces instructores (art. 117 de la Constitución).  Todo ello, sin olvidar, igualmente, que esa modificación requeriría además un sistema de contrapesos al poder de iniciar la instrucción en manos del Fiscal que pasaría necesariamente por un fortalecimiento de la acción popular (art. 125 de la Constitución) y no la ya anunciada limitación de ésta. En la cabeza del Gobierno nada de eso se contempla ni se encuentra, pues para ello hay que tener la convicción política y la jurídica que ni por asomo tiene. De ahí la escasa o nula credibilidad que nos causa el anteproyecto.

Valentín Cortés

 

Miércoles 14 de Mapo de 2025

Una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal con nula credibilidad

Ayer hemos sabido que el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley de modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal, se nos dice, en el propósito global de otorgar la competencia funcional para instruir las causas penales a los fiscales.

 Esta modificación competencial supondría una verdadera revolución en el proceso penal y en la concepción  del Ministerio Fiscal( desde el Fiscal General hasta el último fiscal de la carrera), que no se puede hacer sino desde unas bases y fundamentos inequívocamente constitucionales que, honestamente, no creo que este Gobierno tenga en la actualidad, ni creo que, por la inercia en la que está apresado, pueda tener en el futuro; basta recordar la legislación que se ha aprobado a su instancia y con su participación que, en bastantes ocasiones, o roza los limites de la Constitución o claramente, según mi criterio, la vulneran.

Esa nueva atribución funcional requiere igualmente partir de cero, acabando con el modelo anterior con una modificación sistemática y global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ni por vocación ni por formación jurídica este Gobierno está en condiciones de llevar a cabo, incapacidad que igualmente ha quedado acreditada por la escasísima calidad y técnica legislativa de su legado jurídico.

Es evidente que esta opinión, desgraciadamente, no es un prejuicio, sino la constatación de una realidad que se repite: y, para botón de muestra, con esta reforma, tal como está diseñada, la pieza fundamental de la Fiscalía, su Fiscal General, no sólo no seria cesado por motivos legales con la entrada en vigor de la nueva ley, sino que vería prolongado su mandato.

Valentín Cortés

 

Martes 13 de Mayo de 2025

El Tribunal Constitucional(TC) y la Ley de Amnistía ante el espejo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE)

Sabemos por toda la prensa de hoy que tres magistrados del TC han pedido al Pleno que suspenda la tramitación de los asuntos en marcha derivados de la Ley de Amnistía o, en su caso, que el Tribunal plantee la cuestión prejudicial europea ante el TJUE. Muchas veces hemos dicho en este blog que el Derecho de la Unión impone la suspensión de todos los asuntos judiciales en los que haya que aplicar la Ley cuestionada, hasta tanto no se decida si es o no concorde con la legislación europea; también, creo yo, los que se tramitan ante el TC. Lo que impone esta legislación europea es, por si fuera poco, de una lógica aplastante dado la subordinación de los tribunales nacionales a las sentencias del TJUE sobre la adecuación de leyes nacionales a las normas de la Unión.

No sé lo que decidirá el Pleno del TC, pero sus magistrados, me supongo, que son conscientes que la decisión que vayan a tomar sobre la constitucionalidad de la ley de Amnistía, y su adecuación a las normas europeas, estará igualmente sometida, en su caso, a la cuestión que se pueda plantear al TJUE sobre la propia adecuación de su sentencia a esa legislación europea; lo que tiene una especial relevancia en cuanto las dudas hasta ahora planteadas sobre la Ley de Amnistía provienen fundamentalmente del TS que es quien debe aplicar o no la esa ley a personajes como Puigdemont y compañía. Contra antes asuma el TC el hecho de su subordinación al TJUE mejor y más rápido se resolverá el embrollo jurídico en que nos ha metido esta, cuando menos, anticonstitucional Ley de Amnistía con todas sus derivadas políticas.

Valentín Cortés