Viernes 29 de Septiembre de 2017

A modo de epilogo del llamado “proceso”

Mientras esperamos los estertores finales y letales( sin duda, ciertamente graves) del llamado “proceso”, entre los que estarán un sinfín de delitos y conductas sancionables con  penas y multas pecuniarias, que se ejecutarán posiblemente más tarde de lo que la sociedad quisiera, la Audiencia Nacional, es decir la jurisdicción ( esta vez la Audiencia Nacional) ha decidido, en un auto del que se hace eco hoy toda la prensa digital, no aceptar las medidas cautelares que solicitaban la suspensión de la compra del Banco Popular por el Santander.

Ello, además, de un varapalo a los intentos de politización de una operación que se ha gestado en el seno de lo que llamamos Europa, nos pone ante una realidad que yo procuro poner( como dirían ahora los modernos) “en valor”: el funcionamiento de nuestro Estado, que, formado como cualquier otro democrático y de Derecho, por tres Poderes sabe utilizarlos a todos con todos sus resortes ( en este caso los jurídicos) para poner orden en el desbarajuste político donde nos quieren meter algunos; y lo hace unas veces con autos como el que comento, y otras con resoluciones que pondrán a los responsables del “proceso” ante el espejo de su ínfima entidad y de gran responsabilidad.

Valentín Cortés

Jueves 28 de Septiembre de 2017

Una mayor eficacia instructora

Hemos leído en todos los periódicos que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha sido encargada del sumario por la convocatoria ilegal del referéndum, ha asumido la investigación instructora que llevaba a cabo el Ministerio Fiscal.

Ello además de ser normal, y adaptado a la ley, ha supuesto una mayor garantía para el buen fin de la instrucción, en cuanto que todas las decisiones ( que ya las ha tomado o ha confirmado, tomadas anteriormente por el Ministerio Fiscal) que suponga una limitación de derechos fundamentales ( por ejemplo precinto de locales previstos para la votación, entrada en lugares, locales, naves, domicilios, prohibición de reuniones o manifestaciones, etc.) no podrán ser cuestionadas ni formal ni materialmente, pues son medidas propias de la autoridad judicial, y se podrán y, posiblemente, será necesario tomar de manera directa en estos días previos a la prevista celebración del referéndum ilegal.

Quizá uno de los efectos colaterales de este problema generado por los secesionistas sea, en su momento, consensuar una gran reforma del proceso penal que haga mucho más ágil, eficaz y eficiente la lucha contra el delito y el delincuente.

Valentín Cortés

Miércoles 27 de Septiembre de 2017

De nuevo sobre la astucia

He leído en la prensa que el Sr. Junqueras “resucitará la Sindicatura solo para el 1-O y reducir la multa” ( un buen resumen se puede leer en www.elconfidencial.com), todo ello en relación  con la providencia del Tribunal Constitucional que acepta la renuncia de todos miembros de  la Sindicatura y que se ha publicado hoy en el BOE.

De ser cierta la noticia, produce un gran candor observar una enésima prueba más de la “astucia” del Gobierno catalán, quien, como tantas veces he dicho en este blog, no “sabe” que existe una institución jurídica que se llama fraude de ley por el que la aplicación de una norma para infringir otra no es posible en el ordenamiento jurídico. De modo que mucho me temo que las multas no se podrían evitar.

Otra cosa es que el Parlamento catalán nombre a otra sindicatura antes del día del referéndum. Si es con los suplentes, en la medida que sea posible, me temo que los suplentes quedarían incluidos en el fraude en los mismos términos que los titulares, porque la orden del Tribunal Supremo les afectaba al igual que a los titulares. Si es con nuevas personas, además de los problemas de tiempo existentes, el resultado sería un delito más que juzgar y un motivo más para la aplicación de medidas de restricción de competencias autonómicas, que cada día se hace más difícil evitar.

Valentín Cortés

 

Martes 26 de Septiembre de 2017 

¡Un desastre! 

Algunos políticos ni comprenden el lenguaje jurídico, incluso lo desprecian, ni son capaces de mantener la más mínima coherencia en el ámbito de actuación del mundo judicial, que, no olvidemos, ellos parecen olvidarlo, que hace referencia a uno de los tres Poderes del Estado. Porque, aunque parece que no lo entienden, los jueces son Estado  

Debe ser por eso que el Sr. Sánchez diga que, en el problema del secesionismo catalán, que igualmente no quiere comprender que es exclusivamente un problema jurídico (pues, ¡bueno fuera que entiendan que es político!), no puede haber ni vencedores ni vencidos, o el Sr. Iglesias diga, en tono admonitorio, casi condenatorio, que el Estado ha delegado en los jueces la solución del problema.

Ninguno de los dos entiende que el Estado de Derecho impone que, en los conflictos jurídicos penales, se dé solución judicial penal; por eso han intervenido los jueces y por eso habrá vencedores (el Estado que acusa y juzga) y vencidos (los delincuentes).

Todo lo que no sea eso, se convertiría en un fiasco del Estado de Derecho que acabaría permitiendo, según cabe deducir de las palabras de estos políticos, el desorden, el delito, la inseguridad y la incerteza jurídicas. Total, ¡un desastre!

Valentín Cortés

Lunes 26 de Septiembre de 2017

¡Nunca, segundas partes fueron buenas!

El proceso por responsabilidad contable que se sigue ante el Tribunal de Cuentas contra el Sr. Mas y otros por el gasto de dinero público en la organización del llamado referéndum del 9N, pone al Ministerio Fiscal en entredicho por su actuación acusatoria en el proceso penal por desobediencia y prevaricación que terminó en el Tribunal Supremo con condenas por estos delitos, sin que el Tribunal entrara en el delito de malversación que no había sido acusado.

Que no fueran acusados esos hechos como delito no significa que no se puedan exigir ahora la devolución de esas cantidades gastadas (por no decir, malversadas) en el proceso adecuado y ante el organismo adecuado y competente (Tribunal de Cuentas), porque los hechos existieron y no han sido juzgados.

Si en aquel episodio la malversación era clara (como vino a insinuar el Tribunal Supremo en su sentencia) en el actual “proceso” adquiere una manifestación diaria que hoy es destacada en la prensa por el Fiscal General como causa de la posible detención del Sr. Puigdemont a petición del Ministerio Fiscal( www.elespanol.com)

Valentín Cortés

 

 

Viernes 22 de Septiembre de 2017

La eficacia de las medidas coercitivas del Tribunal Constitucional.

Las medidas que, comentábamos ayer, había tomado el Tribunal Constitucional para obligar a obedecer a los miembros de la que podemos llamar Junta Electoral Central del referéndum catalán, órgano que se antojaba en la parafernalia legalista independentista catalana de gran importancia, han demostrado una enorme eficacia: primero, porque según la prensa de hoy, la Generalidad ha cesado al Presidente de aquella, para que  no tenga que pagar la multa; y, segundo, porque, también  nos dice la prensa, que la Generalidad ha pedido, al parecer, la disolución de tal Junta al efecto de impedir las multas.

A no ser que estemos en presencia de una descomunal astucia catalana, resulta que, sin haberlo previsto- estoy seguro-, el Tribunal Constitucional ha conseguido el desmorone de lo que se presentaba como la garantía final del proceso secesionista y, por tanto, del referéndum.

Deduzco no sólo las pocas o nulas convicciones de la Generalidad en el tinglado jurídico montado por ella para este “proceso”, sino la fuerza y eficacia del dinero, cuando se tiene la certeza de que se puede perder, valga la expresión, “a chorro continuo” por mostrarse decidido a la desobediencia. Permítaseme la broma: sería la primera vez que un golpe de Estado se para con la amenaza de multas.

Valentín Cortés

Jueves 21 de Septiembre de 2017
 

El Tribunal Constitucional da un paso decisivo

Siento ocuparme un día más del secesionismo catalán, pero es absolutamente necesario, dada la enjundia jurídica-judicial que presenta y el inmenso problema que presenta para España, que, no me cabe la menor duda, aunque sea de manera ínfima e insignificante, ayudamos a resolver con nuestras opiniones.

Hoy, desde el punto de vista de este blog, la noticia relevante es que el Tribunal Constitucional ha impuesto una multa diaria a los componentes de la que, en el ordenamiento jurídico español, se llamaría Junta Electoral Central, hasta que obedezcan a los mandatos del Tribunal. Se ha impuesto por unanimidad a petición del Abogado del Estado, aunque tres magistrados, denominado progresistas, harán un voto particular para fundamentarla en motivos distintos a los de la mayoría.

Es importante por dos razones:

- la primera, porque el Tribunal Constitucional no podía seguir afrontando este gran problema nacional, que es el secesionismo, desde la cómoda posición de sólo anular normas, cuando la legislación le permite entrar de lleno en la corrección punitiva de la desobediencia a sus resoluciones.

-la segunda, porque se ha acabado, al parecer, con la unanimidad mal entendida en las decisiones del Tribunal, por la que una minoría de los miembros del Tribunal se impone a una mayoría al socaire de la necesidad de la unanimidad, que siendo deseable, no es imprescindible para defender al Estado de Derecho. Y tiene, además, la ventaja de que pone a cada uno de los miembros del Tribunal ante la responsabilidad personal e individualizada que, sin duda, la sociedad les exige y les exigirá.

Valentín Cortés