Viernes 21 de Abril de 2017

La tendencia al teatrillo

Junto a la tendencia irrefrenable al fraude legal que tiene el independentismo catalán, y que tantas veces hemos señalado, se podría ahora confirmar la tendencia al teatrillo. Lo digo por lo que se puede leer en la prensa digital, acerca del manifiesto firmado por todos los miembros del gobierno catalán, con foto incluida de sus cargos primarios, secundarios y terciarios, “conjurándose” (tal como hacen los jugadores en el vestuario en el descanso del partido que van perdiendo) a convocar y celebrar el referéndum ilegal.

Dado que, tal como sabemos, la tendencia al fraude es irrefrenable, utilizan esta estrategia para organizar una especie de Fuenteovejuna (realmente paradigma de lo castellano) que evite el castigo jurídico que les espera. Unen, por tanto, una tendencia con la otra.

¡Hasta aquí lo político!

El problema (y aquí empieza lo jurídico) vendrá cuando haya que firmar el decreto de convocatoria y gastar dineros públicos para ello. ¡Entonces será el crujir y rechinar de dientes! Y, lo menos sorprendente que pueden esperar “los que sean firmantes conjurados”, no del manifiesto sino del decreto, es que nada evitará el castigo por la convocatoria del referéndum y por ordenar gastar dineros en ello, pues, al contrario de Fuenteovejuna, no se celebrará o cometerá (según se quiera calificar la celebración del evento), y, además, se castigará al que lo ordenare o gastare. ¡Vamos, lo de Lope de Vega, pero al revés!

Valentín Cortés

Jueves 20 de Abril de 2017

La sobreactuación de los partidos políticos.

La prensa digital de hoy, en mayor o menor medida, con más o menos tintes de escándalo, recoge la noticia (que yo aconsejo leer en www.europapress.es), según la cual el Fiscal Anticorrupción “intentó parar” uno de los registros domiciliarios en la llamada operación  Lezo, en la que ha sido detenido un ex Presidente de la Comunidad de Madrid.

Leyendo la noticia en Europa Press se entera uno que la cosa es distinta, pues, ante la divergencia de criterio del Fiscal Jefe y los que llevan la investigación, éstos pidieron la aplicación del Estatuto del Ministerio Fiscal y, por consiguiente, la convocatoria de la Junta de Fiscales para que se debatiera sobre el tema; así se hizo y el Fiscal jefe, ante la opinión contraria a la suya de la Junta, cambió la orden y ese registro domiciliario también se efectuó. La orden no afectaba a los encausados principales sino a un personaje muy secundario de la trama.

Leo en www.elespañol.com que el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos han pedido inmediatamente la comparecencia en el Congreso del Ministro de Justicia (¡?) y del Fiscal General del Estado, y me temo que esa sobreactuación sólo conseguirá que los comparecientes en su momento expliquen lo actuado en el seno de la Fiscalía cumpliendo estrictamente el Estatuto. Una sobreactuación inútil que obtendrá, como resultado, que le impartan a los Sres. Diputados una lección de derecho procesal orgánico, y, si no, al tiempo.

Valentín Cortés

Miércoles 19 de Abril de 2017 

Otra vez sobre la declaración de Rajoy como testigo

Es evidente que la reacción de la prensa, modo de dar la noticia y comentarios, junto a los de los políticos, nos presenta un panorama digno de examen, pues ha habido una diputada que incluso ha afirmado que no pedirán la dimisión del Presidente por ser llamado como testigo y que sólo lo harán cuando sea imputado (¡).

Por deformación profesional, como profesor y abogado, no llego a asimilar todavía que la formulación de los conceptos jurídicos (por ejemplo, imputación, testigo, presunción de inocencia, etc) parece que ya no corresponde a los juristas, sino que el pueblo -ignorante del derecho-, los políticos y la prensa son los nuevos intérpretes y conformadores de los conceptos jurídicos y legales.

Por eso, como yo doy y emito en este blog opiniones jurídicas, y lo hago porque soy jurista, quiero afirmar, a pesar de esa tendencia novedosa, desde esa condición, que un testigo no es un imputado, ni conceptualmente puede serlo; que un testigo declara sobre hechos que conoce; y que, en ningún caso, su interrogatorio puede ir dirigido a incriminarlo, pues la declaración bajo juramento( la que presta el testigo) es esencialmente incompatible con la declaración incriminatoria, en donde es posible el silencio y la mentira, sin que se produzcan los efectos penales que sí se producirían en la declaración del testigo.  

Me imagino que esta opinión es inoperante si, como parece ser, los actuales conformadores e intérpretes del Derecho (políticos y prensa) han decidido motu propio que un testigo, por el hecho de serlo, es como un imputado.

Valentín Cortés

 

Martes 18 de Abril de 2017 

La declaración de Rajoy como testigo en el juicio de la Gürtel.

La prensa digital de esta mañana, después de tan dilatadas vacaciones, no tiene otro asunto que merezca una opinión jurídica, que la posible declaración del Presidente del Gobierno en el juicio de la llamada trama Gürtel.

Es curioso observar cómo los medios enfocan el problema: casi todos, exclusivamente, desde el punto de vista político, siendo la idea básica que domina el que, con esa declaración, o su inexistencia, se quiere exponer al Presidente, o preservarlo (según la posición que se tenga), de lo que se podía considerar como pena (¡) de telediario, difícil de entender cuando el que declara lo hace como testigo y no como imputado.

Conviene decir que todas aquellas pruebas que son inútiles o impertinentes, es decir que van dirigidas a probar lo que ya está probado por otros medios o que no podrán probar los hechos controvertidos, no deben ser admitidas para su práctica, por la sencilla razón que el proceso es un medio concebido bajo el principio de la economía de medios, lo que los juristas llamamos “economía procesal”.

Parece, pues, que tiene razón la fiscal, quien afirma que la prueba es inútil, pues lo que se quiere probar con la intervención testifical de Rajoy ya está probado por documentos, estando igualmente probado que no tuvo participación alguna en los contratos que están sometidos a la calificación penal; siendo así su testimonio sería, además de inútil, impertinente, amén de una perdida de tiempo y dinero.

Valentín Cortés

P.S Ya firmada esta opinión, se publica que el Tribunal, por mayoría, ha acordado el testimonio del Presidente de Gobierno. No recuerdo que, en estas cuestiones, los tribunales, en algo tan sumamente técnico, hayan acordado lo conveniente por mayoría. Parece, pues, que se ha introducido, no se en que parte del tribunal, la consideración política que yo, como jurista, había descartado
 

La demagogia técnico-juridica

El alcalde de Cádiz, que llaman cariñosamente Kichi, es de Podemos. Se le ocurrió izar la bandera republicana en la Plaza de la Constitución. Se recurrió tal acto y ahora el Juzgado Contencioso Administrativo ha ordenado arriarla cautelarmente hasta que decida en sentencia.
Kichi se ha escandalizado y ha manifestado que a pesar de que el proceso sigue abierto y no se fallado la causa principal, se ha ordenado arriarla.
Pues, eso es la justicia cautelar, que es una de las columnas de nuestro sistema, sistema que,por ejemplo,le permite al alcalde entrar en la cuenta corriente de los ciudadanos cada vez que no pagan un impuesto,arbitrio o arbitrariedad, sin esperar que llegue la resolución de recurso que el ciudadano ,paciente y no demagogo, ha interpuesto
Valentín Cortés

Martes 11 de Abril de 2017

La presunción de inocencia y los medios de información

Leo en www.ideal.es, el periódico granadino, que el cura Román, que había sido juzgado por diversos y gravísimos delitos de contenido sexual con un entonces joven menor de edad, ha sido absuelto.

Yo he podido leer en la prensa que este cura pertenecía al “clan de los romanones”, que hacían orgias en la parroquia, que cometieron un sinfín de delitos de abusos sexuales, que el arzobispo de Granada encubría a este clan y al cura juzgado.

Estoy seguro que ahora parte de la sociedad granadina habrá acogido con estupefacción la sentencia y hablará, posiblemente, de “circunstancias extrañas” concurrentes, quizá, en esta absolución y un sin fin más de consideraciones.

Como este caso de hoy, se producen al día muchos mas en toda España.

No es tanto la presunción de inocencia lo que se ha cargado (permítaseme la expresión) la sociedad española, como el sentido de lo que implica la Administración de Justicia y lo que significa el poder o el derecho de acusar que, hace tanto tiempo, hasta tenía claro Alonso Martínez. ¡En esta sociedad, la acusación es una condena!. Y así nos va. Nos falta, pues, muchas dosis de educación en lo esencial.

Valentín Cortés

 

Lunes 10 de Abril de 2017

 

La independencia de la Justicia española

Publica www.expansion.com un estudio de la Unión Europea sobre la calidad de los sistemas judiciales. Según ese estudio, la confianza de los ciudadanos en la independencia de la Justicia, sitúa a la española en la cola de los países de la Unión, pues sólo un treinta por ciento de los españoles creen que la Justicia española es independiente.

Cuando se les pregunta la razón, esos ciudadanos han contestado mayoritariamente citando la injerencia del Gobierno o la de los intereses económicos.

Me imagino que las preguntas de la encuesta no están bien formuladas, pues lo españoles no pueden pensar que el Gobierno se entromete, por ejemplo, presionando al Juez, en el pleito que tienen con su vecino o con el comprador que no paga lo adquirido o los servicios que se le han prestado, o metiendo en la cárcel al ladrón; tampoco me imagino a esos españoles pensando que es el “gran capital” quien presiona.

La Justicia, gracias a Dios, no es la Audiencia Nacional ni los juzgados de instrucción mediáticos, que salen todos los días en la prensa, quizá, por mor de los medios de información, escandalizando a los ciudadanos españoles. La Justicia es, por el contrario, el conjunto de los juzgados y tribunales que desempeñan dignamente su labor día a día. Lo mediático no es representativo de nada y menos de la vinculación de Poder judicial a la “oligarquía política” y “económica”: eso suena al siglo XIX y principios del XX.

Valentín Cortés